La cuenta a atrás para formar Gobierno continúa y aun no hay resultados claros. Los posibles pactos del PP y el PSOE con otras coaliciones que han conseguido actas en el Congreso de los Diputados está siendo la comidilla de un agosto atípicamente político. Las peticiones de ERC y Junts para poner sus escaños a disposición del PSOE de Pedro Sánchez y la insistencia de Alberto Núñez Feijóo a que gobierne la lista más votada son algunas de las razones por las que el bloqueo político se mantiene desde las pasadas elecciones del 23-J.
Esta última semana la financiación autonómica y las lenguas cooficiales se han transformado en las posibles dádivas de PSOE y Sumar para convencer a los que podrían ser sus futuros socios. Una de las claves del apoyo de Junts y ERC a la investidura de izquierdas sería un cambio en el déficit público y la deuda de las autonomías. "La reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia que está en nuestro programa para esta legislatura", dijo el pasado martes María Jesús Montero. "Hay que hablar de los recursos con los que debe contar cada comunidad para financiar servicios públicos en función de sus circunstancias", añadió la ministra de Hacienda en funciones. Y se prendió la llama.
Desde el Partido Popular se echan las manos a la cabeza. "Es un arma de mercadeo político para que Sánchez gane las elecciones y está diseñado a medida de los nacionalistas catalanes", aseguró este jueves Miguel Tellado, vicesecretario general del partido. Para el PP, hay que cambiar el modelo para "hacerlo más igualitario" y esto debe hacerse "con el mayor consenso posible y la aprobación de los presidentes autonómicos".
Por su parte, Vox avisó también este jueves del "uso grotesco del sistema". El vicepresidente de acción política, Jorge Buxadé, aseveró que el sistema de financiación de las autonomías es un "fracaso desde su constitución al haberse montado para contentar a los separatistas en determinadas regiones de España como moneda de cambio para conformar gobiernos y sin atender al principio fundamental de la igualdad de los españoles en la gestión de los recursos".
Pero lo cierto es que Montero, que preside el Consejo de Política Fiscal y Financiera que reúne a los consejeros de Hacienda, no ha conseguido llegar a un acuerdo cuando ha pretendido reformar el mencionado modelo. En diciembre de 2021 envió una propuesta a las comunidades autónomas, pero la legislatura terminó sin concierto sobre cómo repartir los recursos para que comunidades más pobladas y otras con menos habitantes pero más dispersos cubran los servicios públicos.
La corrección de Aragonès
Ni siquiera los posibles socios de Pedro Sánchez han recogido el órdago con buen talante. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha puntualizado que su posición "no va a ser pensar un nuevo sistema global para todas las comunidades, sino conseguir que los recursos que se generan en Cataluña sirvan para financiar los servicios públicos de la comunidad y se acabe el déficit fiscal". Porque Cataluña es la comunidad autónoma de España que acumula una mayor deuda pública. El montante asciende a 85.456 millones de euros, lo que supone el 33% del PIB catalán.
Así, el presidente catalán ha dejado claro que sus pretensiones son solo para Cataluña: "No iremos de la mano de Ayuso y García-Page a defender un nuevo modelo de financiación".
Desde el Ejecutivo en funciones no han confirmado ni desmentido que estén hablando con los independentistas sobre el asunto, pero el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, advirtió este jueves de que "no se entendería" que haya partidos políticos -por Junts y ERC- que, en el marco de las negociaciones, se queden en "posiciones de máximos" sin realizar "movimientos".
Sumar y las lenguas cooficiales
Otro de los puntos clave en las negociaciones para investir a Sánchez como presidente es el de las lenguas cooficiales. Este miércoles, la portavoz de Sumar, Yolanda Díaz, proponía una reforma del Reglamento del Congreso para que sus miembros puedan expresarse en las lenguas cooficiales . "Esto sería un avance hacia un país que es plural y diverso", señalaba. Y las reacciones, de nuevo, no se han hecho esperar.
El Reglamento del Congreso de los Diputados no acoge ninguna clausula específica sobre la lengua a utilizar en las intervenciones, aunque la propuesta de Díaz no es nueva. Tan solo hace poco más de un año, en junio de 2022, PSOE, PP, Vox y Ciudadanos rechazaban tramitar una reforma del Reglamento del Congreso para permitir un uso generalizado de las lenguas cooficiales, una propuesta que venía de la mano de los socios minoritarios del Ejecutivo, es decir, de los partidos vascos y catalanes.
Ahora, la propia portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, no cerraba la puerta al cambio este jueves. "Las lenguas han de utilizarse en cualquier espacio sabiendo de las dificultades que después tiene su aplicación práctica". La también ministra en funciones defendió "un uso normalizado" de las lenguas cooficiales, que "forman parte de la riqueza del patrimonio cultural y que nunca pueden ser elemento de batalla", aunque sí puntualizó que habría "dificultades prácticas" para llevar a cabo esta reforma.
El filibusterismo
Desde el PP no han acogido bien la medida propuesta por Sumar y han señalado que "las lenguas están para comunicarnos no para enfrentarnos" y dejaron caer que es algo que no importa a la ciudadanía. "Salgo a la calle y a la gente no le preocupa eso, le preocupa el empleo y llegar a final de mes", apuntó Tellado este jueves.
Desde Vox, por su parte, no se niegan a la reforma pero matizan: hay que cambiar antes "muchísimas cosas" para garantizar un funcionamiento más democrático del Congreso, "como que su presidente no sea correa de transmisión del Gobierno, impedir la práctica abusiva de los decretos ley o permitir un mayor control del Ejecutivo por parte de todos lo grupos", explicó Buxadé.
Y aunque pudiera parecer que esto sería una maravillosa noticia para los partidos catalanes, así como los vascos y también gallegos, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha aplaudido la propuesta de Díaz y acusaba este jueves al PSOE de ser "maestros del filibusterismo (entorpecer y retrasar adrede una reforma o proyecto de ley) parlamentario" por haber prorrogado en hasta 59 ocasiones durante esta legislatura el debate y la votación de la regulación del uso del catalán en el Senado.
El expresident señaló, además, que el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso es una simple cuestión de "voluntad política, que hasta ahora nunca ha habido", y subrayó que "en ningún lugar del reglamento se dice que exista la obligación de utilizar el castellano, o la prohibición de utilizar otra lengua oficial".
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