No por poco reclamada durante años por gobiernos regionales de distinto signo político, la reforma del sistema de financiación autonómica ha vivido años olvidada sin que las comunidades se pusieran de acuerdo sobre la forma en que el Estado central reparte los recursos para cubrir servicios públicos como la sanidad. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se ha comprometido este martes a "impulsar" un nuevo sistema en la próxima legislatura, en plena negociación "discreta" entre partidos como ERC o Junts, que ya en la noche electoral dejó claro que una de sus condiciones para apoyar una investidura de Pedro Sánchez sería el fin del déficit fiscal catalán. Desde el PP, el gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha dejado claro que no aceptará una "condonación de la deuda" para Cataluña.

"La reforma de sistema es una urgencia que está en nuestro programa para esta legislatura", ha dicho en una entrevista en TVE Montero, que ha  subrayado que dentro de este acuerdo debe hablarse de los recursos con los que debe contar cada comunidad para financiar servicios públicos en función de sus circunstancias -más pobladas o más dispersas- pero también de "situaciones de endeudamiento de las comunidades y del esfuerzo fiscal con la vuelta de las reglas fiscales", ha dicho.

"El acuerdo sobre cómo se tiene que compartir el modelo de variables de dispersión o población no hubo unanimidad y en este margen no solo se habla de los recursos que entran en el sistema, también de la situación de endeudamiento de las comunidades y del esfuerzo fiscal con la vuelta de las reglas fiscales", después de dos años en los que la Comisión Europea permitió a los países de la UE rebajarlas para que pudieran recuperarse de la la pandemia.

Balanzas fiscales e infrafinanciación

Como ministra de Hacienda -ahora en funciones-, Montero preside el Consejo de Política Fiscal y Financiera que reúne a los consejeros de Hacienda y donde no se ha encontrado un acuerdo en las "varias" ocasiones en las que ha dicho que el Gobierno ha intentado cerrar una reforma en los últimos cuatro años. En diciembre de 2021 envió una propuesta a las comunidades autónomas pero la legislatura terminó sin un acuerdo sobre cómo repartir los recursos para que comunidades más pobladas y otras con menos habitantes pero más dispersos cubran los servicios públicos. 

"La pasada hicimos varios intentos para un acuerdo que diera cierto confort a las comunidades y no hubo el clima necesario", ha dicho este martes Montero.

De la diferencia entre los recursos económicos que recibe cada comunidad del Estado, los que ingresa de su recaudación propia y el gasto en que incurre para pagar sus servicios y contribuir al sostenimiento de todo el sistema son las famosas "balanzas fiscales", en principio secretas y que durante años el independentismo catalán esgrimió para asegurar que aportaban mucho más a la financiación estatal de lo que recibían, cuando se acuñó el lamento de España nos roba.  También de este reparto deriva el endeudamiento de las comunidades -a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en buena medida- cuando no cuentan con suficientes recursos para financiar los servicios que tienen que prestar.

Según un estudio de Federa publicado el año pasado, en 2019 la Comunidad de Madrid, Cataluña e Islas Baleares fueron las autonomías que más aportaron para la financiación de otras comunidades, 6.000, 2.070 y 462 millones respectivamente.

Las comunidades más endeudadas en primer trimestre de 2023 eran Cataluña (85.400 millones de euros), la Comunitat Valenciana (55.439 millones), Andalucía (36.744) y Madrid (37.495).

ERC, Junts, Mazón y Ayuso

En este contexto, la reforma de la financiación autonómica se ha convertido en un elemento dentro de las negociaciones para formar el próximo Gobierno, particularmente con los partidos independentistas catalanes, porque País Vasco y Navarra, los territorios por los que han sido elegidos PNV y Bildu, rigen el Concierto Económico y el Convenio por los que quedan fuera del sistema general.

El juego lo abrió en la misma noche electoral el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, fijó el "déficit fiscal" como una de las cuestiones a las que tendría que comprometerse atender el PSOE para apoyar a Sánchez, junto con el traspaso de Rodalies y seguir negociando en la mesa de dialogo. 

Junts, la formación de Carles Puigdemont, que previsiblemente será imprescindible para investir a Sánchez también espera un compromiso para rebajar el déficit fiscal catalán, al mismo tiempo que exigen la amnistía y la autodeterminación, cuestiones que exceden del "marco constitucional" del que Montero ha reiterado este martes que ni el Gobierno ni el PSOE van a salir.

Por su parte, la reforma el sistema de financiación también es una reclamación constante en comunidades como la Comunitat Valenciana, una de las más endeudadas e infrafinanciadas por su gran cantidad de población y así lo han reclamó el gobierno socialista de Ximo Puig como el actual de Carlos Mazón, del PP. 

Hace unos días, el presidente valenciano anunció que en septiembre convocará la Mesa pel Finançament para "seguir reforzando el mensaje reivindicativo, aquilatado, bien equilibrado, técnico, económico" y que existan "elementos de justicia entre las comunidades autónomas". Según dijo, su gobierno "va a luchar sin demora y sin reserva por la infrafinanciación que merece la Generalitat". 

En Madrid, el gobierno de Isabel Día Ayuso también suele quejarse de que la Comunidad está infrafinanciada, debido a que el Gobierno central prima a Cataluña en los Presupuestos, y, antes de que el PSOE o el Gobierno en funciones haga una propuesta concreta en materia de financiación o déficit autonómico, ya ha dejado claro que no aceptará una "condonación" para Cataluña. "Es una aberración", ha declarado la consejera madrileña de Economía a El Mundo.