El compromiso de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de "impulsar" un nuevo sistema de financiación autonómica en la próxima legislatura no ha pasado desapercibido entre los dirigentes autonómicos. Mientras las fuerzas independentistas reclaman abordar el déficit público catalán de forma específica, los responsables de Hacienda de comunidades presididas por el PP se han manifestado en contra de una hipotética condonación de la deuda autonómica, una reivindicación que sí defienden algunas voces de la izquierda. Donde sí hay acuerdo entre los dirigentes autonómicos de todos los colores políticos es en señalar la necesidad de modificar la fórmula de distribución de recursos entre las comunidades.
Montero ha expresado este martes que la reforma del sistema de financiación autonómica es una "urgencia" para el PSOE y está recogida en su programa para la próxima legislatura, para la que Pedro Sánchez todavía necesita recabar apoyos parlamentarios suficientes que le permitan ser investido presidente del Gobierno. De este modo, la ministra en funciones se ha comprometido a abordar, en caso de que el dirigente socialista reedite su mandato, el reparto de recursos entre las comunidades autónomas, tratando "no solo los recursos que entran en el sistema, sino también la situación de endeudamiento de las comunidades y el esfuerzo fiscal con la vuelta de las reglas fiscales".
Este compromiso por parte de los socialistas ha llegado en medio de las discretas negociaciones en búsqueda de apoyos para una nueva investidura de Sánchez. De hecho, desde el primer momento ERC ha incluido entre sus condiciones para respaldar al actual presidente en funciones que se aborde el déficit fiscal de Cataluña, una reivindicación compartida por Junts. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha matizado este martes la petición, al señalar que la aspiración de su partido no es "pensar un nuevo sistema global para todas las comunidades autónomas, sino conseguir que los recursos que se generan en Cataluña sirvan para financiar los servicios públicos de la comunidad y se acabe el déficit fiscal". "No iremos de la mano de Ayuso y García-Page a defender un nuevo modelo de financiación", ha añadido.
Dada la posición de los nacionalistas catalanes, son varios los cargos autonómicos del PP que han reaccionado a la propuesta de Montero, interpretada como un guiño a Cataluña. En ese sentido, la consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, ha advertido al PSOE contra posibles "nuevas prebendas" a las fuerzas independentistas. "Ahora que vuelve a necesitar a los independentistas, anuncia nuevas prebendas en el marco de una hipotética reforma del sistema de financiación", ha criticado, al mismo tiempo que ha asegurado que desde Andalucía no permitirán "nuevos agravios".
La oposición del PP
En particular, España ha criticado la posibilidad de condonar parte de la deuda pública de Cataluña a cambio del apoyo de los partidos independentistas a una investidura de Sánchez, una medida hipotética que Montero ha calificado de "precipitada" por el momento. "Es poner precio al apoyo de los partidos independentistas a Pedro Sánchez", ha afeado.
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha ido un paso más allá y ha anunciado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayudo combatirá judicialmente eventuales condonaciones de la deuda autonómica. "Nos opondremos con todos los medios", ha afirmado. "Las deudas hay que asumirlas y pagarlas, no se pueden condonar, porque la distorsión económica sería muy importante, empobreciendo al conjunto de españoles", ha añadido.
También el conselleiro gallego de Hacienda, Miguel Congos, ha mostrado su "preocupación" ante una hipotética quita de deuda, aunque, frente a la rotundidad de Madrid, Congos se ha opuesto a que se haga de forma "inequitativa". "Aunque parece que se está hablando de condonación, lo que se está proponiendo es una mutualización de la deuda, es decir, repartir la deuda de algunas comunidades autónomas que se estima que están demasiado endeudadas entre todas las comunidades autónomas", ha explicado. A su juicio, la condonación de la deuda a unas comunidades y no a otras provocaría "incentivos perversos", ya que considera que algunas regiones "tienen demasiada deuda porque en su día gastaron más, por encima de su capacidad".
Una condonación "inevitable"
En cambio, lejos de oponerse a esta maniobra, el portavoz de Compromís en Les Costs, Joan Baldoví, ha aprovechado para reclamar la condonación de la deuda para la Comunidad Valenciana y ha calificado la medida como "una reclamación histórica de la sociedad civil valenciana avalada por los expertos en financiación autonómica". "Los valencianos y valencianas no pedimos que nos perdonen nada, lo que exigimos es que nos paguen lo que nos debe el Estado por habernos maltratado durante décadas con una financiación insuficiente", ha señalado.
El presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán, ha ampliado aún más el cerco y ha considerado "inevitable" que el futuro Gobierno central efectúe quitas en las deudas de las comunidades autónomas en base a criterios que no favorezcan diferencias ni agravios comparativos entre los territorios y teniendo en cuenta la "responsabilidad o irresponsabilidad con la que se han gestionado las distintas comunidades". Además, el barón socialista ha pedido que dicha hipotética condonación de deuda se realice de forma simultánea a una profunda reforma del sistema de financiación autonómica.
"Sí a la quita de la deuda, porque es imprescindible; sí a que se produzca de forma simultánea a una reforma del sistema de financiación autonómica; y sí a que se lleve a cabo sobre la deuda integral de las comunidades y que sea exactamente el mismo porcentaje en Cataluña, Andalucía o Aragón", ha sentenciado. Y es que la deuda pública no es un problema únicamente de Cataluña, que es la comunidad que acumula una cuantía a deber más abultada, de más de 85.450 millones de euros (33% del PIB). Todas las regiones están endeudadas, siendo La Rioja la que concentra el monto total más reducido (1.652 millones de euros).
Consenso en la necesidad de reforma
El presidente aragonés en funciones no ha sido el único que ha reclamado un reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto cuya urgencia han coincidido en señalar todos los dirigentes autonómicos que se han pronunciado, independientemente de su color político. "Ciertamente es urgente", ha confirmado la consejera andaluza, que ha matizado que "ha de hacerse mediante consenso y pensando en el bien común de todos los españoles, residan donde residan, no buscando un balón de oxígeno para un proyecto de perdedores, como el PSOE".
En la misma línea, el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, también ha exigido un nuevo modelo financiación autonómica "justo" que no se pacte "en el cuarto oscuro del separatismo", rechazando así la negociación bilateral que reclaman los partidos independentistas. En particular, el líder del PP valenciano ha exigido para su comunidad una "compensación" por la situación de "excepcionalidad" en la que considera que vive la Comunidad Valenciana, al ser "injusta y soporíferamente la peor tratada" por el sistema actual.
Del mismo modo, el coselleiro gallego también ha dicho que el nuevo sistema de financiación autónica debe negociarse "de modo multilateral entre todas las comunidades autónomas junto con la Administración General del Estado" y "no puede ser objeto de una negociación bilateral". "Todos tenemos el mismo derecho a que se solucionen nuestros problemas, y no por fascículos", ha exigido.
En todo caso, tal y como ha recordado la consejera andaluza, la reforma del sistema de financiación autonómica no será posible mientras el Gobierno esté en funciones. "[Sánchez] no podrá hacerlo en ningún caso si no consigue convencer a los independentistas para que apoyen su investidura como presidente del Gobierno después de perder las elecciones del pasado 23 de julio", ha señalado España.
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