La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha puesto punto y final a su tramitación este jueves. El Congreso ha dado el visto bueno a la iniciativa que fue devuelta por el Senado hace menos de un mes tras introducirse algunas enmiendas, por lo que la norma ha quedado definitivamente aprobada. El proyecto -que ha salido adelante con 182 votos a favor, 157 en contra (PP, Vox y Cs) y 8 abstenciones- marca un compromiso de aumento presupuestario a las universidades españolas, aspira a atajar la precariedad en el sistema con una estabilización del profesorado, reconoce por primera vez el paro estudiantil y mejora la gobernanza, entre otras muchas medidas.
Se trata, además, de la tercera reforma del sistema universitario de la democracia y de la primera ley de universidades en los últimos 20 años, pues viene a sustituir a la LOU, impulsada en 2001 por el gobierno de José María Aznar. Un hito que ha destacado el ministro de Universidades, Joan Subirats, en su discurso de cierre del debate en la Cámara baja: "Como Gobierno y como universitario que soy, creo que hemos asumido la demanda de muchas de las universidades que durante años han reclamado contar con una nueva ley".
Subirats ha agradecido también al conjunto de la comunidad universitaria, así como a los grupos parlamentarios con los que se ha ido trabajando en la norma, tanto en el Congreso como en el Senado, con "centenares de enmiendas" y los cuales "han permitido culminar esta tramitación". La LOSU, ha concluido, es un proyecto para asegurar una "buena salud" del sistema universitario, pero también para el "conjunto de la sociedad".
El proyecto, no obstante, ha sido fruto de críticas por parte de los grupos de la derecha. Para el PP, la nueva ley es innecesaria y "no resuelve nada". "Flaco favor, señor ministro, señores socialistas, han hecho al espíritu universitario y al espíritu de la Constitución atacando el principio de neutralidad institucional", ha reprochado la diputada popular, María Jesús Moro, en referencia al punto de la norma que permite que los claustros universitarios puedan "analizar y debatir" temas "de especial trascendencia". "Mi presidente, el del Partido Popular, lo hará mucho mejor", ha avanzado, augurando ya una futura reforma si llegan los populares a la Moncloa.
Tampoco a Vox le contenta la reforma, que contempla como un golpe a la universidad: "No ha dejado sector social ni económico al que atacar", ha afeado el portavoz Pedro Hernández.
Más financiación
Culmina así un camino que inició su antecesor, Manuel Castells, hace ya tres años; y que continuó Subirats tras recibir la cartera en diciembre de 2021 y prometer que haría "suya" una ley de la que ha confesado este jueves sentirse "orgulloso". La norma, según ha recordado, pretende acabar con un "largo periodo de infrafinanciación" concretado en el objetivo de pasar del actual 0,7 al 1% del PIB de aquí a 2030. Estabiliza la carrera del profesorado, al limitar al 8% (en lugar del 40% actual) la proporción de docentes temporales; y hacer indefinidos a los en torno a 30.000 docentes asociados que hay actualmente en España.
Carrera académica
Además, se simplifica la carrera académica de las cuatro etapas actual a tres: acceso, estabilización y promoción. El objetivo de la norma es que desde la primera etapa hasta la última solo pasen diez años, para que el camino de la carrera académica sea más corto y estable y que permita con ello atajar el envejecimiento de la plantilla universitaria. De este modo, el acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor (con un contrato de seis años), a la que se accederá por concurso público. Una vez pasados esos años, podrá optar a la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o el de Permanente Laboral, habiéndose acreditado o presentado a una oposición. Por último, la figura de promoción será la de Catedrático.
En el Senado se incluyó una transaccional de ERC-Bildu y el PSOE, en la que se establece un periodo de transición hasta 2023 para que las convocatorias de personal docente e investigación puedan regirse por la ley anterior a la LOSU. En esa línea aprobó otra, con los mismos grupos, que marca como fecha límite el 31 de diciembre de 2024 para que las universidades públicas articulen procesos de estabilización de las plazas de profesores asociados (incluyendo los contratos que se firmen incluso una vez haya entrado en vigor la nueva ley).
Formación a lo largo de la vida
También tiene la impronta de Subirats el fomento de la formación a lo largo de la vida. En el último borrador del Ejecutivo se incorporó un sistema de flexibilización de las titulaciones a lo largo de la vida para que, quien así lo desee, pueda cursar programas de corta o media duración -las bautizadas como microcredenciales-, que se ofertarán como títulos propios (no oficiales) y cuya duración será variada (entre los 3 y 30 créditos ECTS, en función de la formación). El objetivo no es otro que incrementar el porcentaje de población mayor de 30 años que estudia un grado o un posgrado en la universidad, ya que ahora está en apenas un 6% del total de estudiantes.
Gobernanza universitaria
La elección de los representantes de la comunidad universitaria se hará mediante sufragio y a través de cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social. El Claustro, que es el órgano de máxima representación, deberá garantizar siempre una presencia de un 25%, como mínimo, de los estudiantes, y del 51% para el personal docente e investigador funcionario.
Menos requisitos para rector, aunque sin reelección
También se eliminan requisitos para ser rector, una de las cuestiones que más ampollas ha levantado durante la negociación con la comunidad universitaria. Ya no hará falta ser catedrático para llegar a máximo mandatario y los mandatos serán de seis años, pero sin posibilidad de salir reelegido. Asimismo, tras introducirse una enmienda conjunta de ERC, Junts, Bildu y el PNV en la Cámara baja, se permitirá que el personal no funcionario -es decir, profesores e investigadores de las universidades- también pueda presentarse al puesto de rector. Sí hay que cumplir los requisitos de tener tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.
Paro académico, colegios mixtos y becas mínimas
Otra novedad que fue muy celebrada por el alumnado universitario fue la de reconocer, por primera vez, el derecho al paro académico. Asimismo, además de fortalecer su participación en el Claustro, se les otorga a los estudiantes otra serie de derechos, como el de participar en el proceso de elaboración de los planes de estudios y las guías docentes. Además, el Congreso introdujo una enmienda para prohibir segregar por sexo a colegios mayores adscritos a un centro público, y evitar con ello comportamientos sexistas como los del colegio mayor Elías Ahuja, en Madrid.
Se concreta y centraliza también el sistema de becas y ayudas al estudio que corren a cargo de las comunidades autónomas, pero que con la nueva modificación dependerán de los "mínimos" regulados por el Gobierno. En este sentido, las autonomías podrán ofertar y regular su propio sistema de becas con cargo a sus presupuestos, y el Ejecutivo será el encargado de regular las cuantías de dichas ayudas, así como las condiciones económicas y académicas que hayan de reunir los beneficiarios. También pone un tope a los precios de las tasas universitarias que ahora solo podrán mantenerse y/o reducirse.
Lenguas cooficiales y y "pluralismo ideológico"
Esta ley, tal y como ha señalado Subirats, permite a las universidades cumplir con su "función esencial" que, a juicio del titular de Universidades, es la de "preservar el pluralismo ideológico" generar "pensamiento crítico", preparar a los jóvenes, fomentar el desarrollo, la investigación e innovación, y transferir todo ese conocimiento a la sociedad.
En ese marco se sitúa otra de las novedades de la norma, que establece que los claustros universitarios podrán "analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia", más allá de los estatutos y las políticas universitarias. Se fomenta también el idioma propio de las comunidades, que, en lugar de usarse solo para la difusión y el aprendizaje, se usará como la lengua "principal" de transmisión académica.
El proyecto asegurará también la inclusión del catalán, euskera y gallego en el programa Erasmus, así como otros programas de movilidad que cuenten con financiación pública, "asegurando la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las lenguas oficiales del Estado español".
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