A la reforma del sistema universitario solo le queda un último visto bueno. El Senado ha aprobado este miércoles la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) -con el rechazo del PP, Vox, Cs y UPN y las abstenciones de Bildu, Junts y PAR-, pero la norma todavía tendrá que volver al Congreso de los Diputados para su ratificación definitiva, pues los grupos han acordado introducir una serie de enmiendas durante su tramitación.
La ley, que salió del Consejo de Ministros a finales de junio, aspira a modernizar el sistema universitario español, blindar su prestigio internacional y mejorar las condiciones de los docentes y alumnos. Impulsada primero por el entonces ministro de Universidades, Manuel Castells, y pulida después por su predecesor, Joan Subirats, se trata de la primera reforma del sistema de las últimas dos décadas.
Mayor financiación, estabilización de las plazas de profesorado, internacionalización de la universidad, paro estudiantil o mejoras en la gobernanza son algunas de las claves que sostienen un texto para el que han hecho falta muchas negociaciones con la comunidad educativa.
Así lo ha recordado el titular de Universidades al final del debate, cuando ha agradecido el trabajo de los partidos para "reforzar las lógicas de transición de una ley de esta envergadura, acompasando esta transición a los ritmos de financiación que son imprescindibles y siendo conscientes de que no podemos alargar demasiado estos plazos para evitar que la ley se paralice".
Cambios en las Cortes
En su camino por las Cortes se han ido añadiendo algunos cambios propuestos por los grupos parlamentarios. En el Congreso, por ejemplo, Más País consiguió introducir una enmienda para prohibir segregar por sexo a colegios mayores adscritos a un centro público. También se incluyó otra conjunta de ERC, Junts, Bildu y el PNV que permitirá que el personal no funcionario -es decir, profesores e investigadores de las universidades- también pueda presentarse al puesto de rector.
Y lo mismo ha sucedido en la Cámara alta, donde se ha añadido un régimen transitorio en la convocatoria de plazas docentes y en los requisitos para los candidatos a rector. El cambio es fruto de una enmienda transaccional, de ERC-Bildu y el PSOE, en la que se establece que las convocatorias para cubrir las plazas de personal docente e investigador que se publiquen antes de finalizar 2023, podrán regirse por la ley actual, anterior a la LOSU.
En esa línea se ha aprobado igualmente una modificación -también de ERC, Bildu y PSOE- que marca como fecha límite el 31 de diciembre de 2024 para que las universidades públicas articulen procesos de estabilización de las plazas de profesores asociados (incluyendo los contratos que se firmen incluso una vez haya entrado en vigor la nueva ley).
También se ha dado luz verde a otra enmienda socialista que fija que hasta que no se adapten los estatutos (las universidades tienen un máximo de dos años para hacerlo) y se determinen por la universidad los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que deberán reunir los candidatos a rector, se les exigirá estar en posesión de tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal, como mínimo.
Hay otra enmienda registrada por ERC, que ha salido adelante con la oposición del PSOE y Vox, y que acorta a la mitad (seis meses) el plazo que tiene el Gobierno para aprobar el Estatuto del Personal Docente e Investigador tras la entrada en vigor de la norma.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios