La ley de universidades pasa su primer control y prohibirá segregar por sexo a colegios mayores adscritos a un centro público

El ministro de Universidades, Joan Subirats, comparece en La Moncloa, a 4 de enero de 2022, en Madrid, (España).
El ministro de Universidades, Joan Subirats, comparece en La Moncloa, a 4 de enero de 2022, en Madrid, (España).
Europa Press
El ministro de Universidades, Joan Subirats, comparece en La Moncloa, a 4 de enero de 2022, en Madrid, (España).

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) superó este martes su primer examen parlamentario después de que los grupos dieran el visto bueno al dictamen que se envía ahora al Pleno del Congreso de los Diputados para ser debatido el próximo 22 de diciembre. La ley, impulsada primero por el exministro Manuel Castells y rematada por su sucesor, Joan Subirats, ha incorporado a su articulado algunos cambios importantes respecto al texto que salió de Consejo de Ministros en junio. El texto ha obtenido el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, el rechazo del PP, Vox y BNG, y las abstenciones de Ciudadanos y EH Bildu.

Una de las últimas modificaciones añadidas al texto proviene de una enmienda de Más País negociada con los socios de Gobierno, que impedirá a los colegios mayores que segreguen por sexo estar adscritos a la universidad pública. El cambio, celebrado por el portavoz del grupo, Íñigo Errejón, nace tras los comportamientos machistas como el ocurrido en el colegio mayor Elías Ahuja. 

También se ha introducido una enmienda de ERC, Junts, Bildu y el PNV que permitirá que el personal no funcionario -es decir, profesores e investigadores de las universidades- también pueda presentarse al puesto de rector, máximo cargo unipersonal de la institución. Asimismo, se añade un apartado que prohibirá a que los rectores, durante su mandato, puedan presentarse a ningún "ningún proceso de promoción académica ni formar parte de una comisión de promoción".

Además, respecto a los precios públicos, las tasas universitarias dejarán de depender del Consejo General de Política Universitaria (CGPU), en el que están representados el Gobierno central y las comunidades autónomas. Hasta ahora, el tope del precio se fijaba en la CGPU, donde podían acordarse subidas en el precio. Pero con la nueva modificación se establece que las tasas universitarias solo podrán mantenerse o bajarse, siguiendo el criterio general de contener o bajar precios progresivamente. 

Por otro lado -y también a petición del PNV, Bildu- se democratiza la entrada a las universidades para aquellas personas que, pese a no obtener ninguna titulación universitaria habilitante, puedan acreditar cierta experiencia laboral o profesional equivalente.

Sobre la financiación de los campus, el dictamen enviado al Pleno detalla las condiciones para poder llegar al objetivo de gasto del 1% del PIB en 2030. Especifica y subraya, respecto al texto inicial, el compromiso de las comunidades autónomas y las universidades de compartir ese objetivo, y se desprende de la ambigüedad previa en la que se afirmaba que el Estado y las Comunidades "acordarán" un plan de incremento del gasto de "al menos el 1% del PIB".

Se concreta y centraliza también el sistema de becas y ayudas al estudio que corren a cargo de las comunidades autónomas, pero que con la nueva modificación dependerán de los "mínimos" regulados por el Gobierno. En este sentido, las autonomías podrán ofertar y regular su propio sistema de becas con cargo a sus presupuestos, y el Ejecutivo será el encargado de regular las cuantías de dichas ayudas, así como las condiciones económicas y académicas que hayan de reunir los beneficiarios.

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