El acuerdo entre los socios de gobierno sobre política fiscal anunciado este jueves ha reactivado una exigencia de las organizaciones de infancia: poner en marcha una deducción fiscal reembolsable para todas las familias con niños a cargo. Según defienden, esta medida contribuiría a que España saliera del 'top' 3 de países con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea (UE), ya que permitiría que los hogares con menos renta accedieran a estos beneficios.

España es -según un informe de Save the Children- el tercer país europeo con mayo tasa de riesgo de pobreza y exclusión infantil (solo por detrás de Rumanía y Bulgaria). Uno de cada tres niños españoles (31,3%) vive por debajo del umbral de pobreza, sufren carencia material severa o viven en hogares con baja intensidad de empleo. La propuesta que, tanto la Plataforma de Infancia, Save the Children, como Unicef España llevan tiempo reclamando es, básicamente, conceder una "ayuda universal" de 1.200 euros por hijo.

"Apostamos por un doble modelo que es el que funciona en los países con menos pobreza infantil", explica a 20minutos Gabriel González, especialista en políticas de infancia de Unicef. Las deducciones fiscales se suelen aplicar exclusivamente a las deudas que una persona tenga con Hacienda al hacer la declaración de la renta. Pues bien, su propuesta sugiere que, en el caso de que a una familia no le toque pagar (por no tener un mínimo de ingresos anuales, por ejemplo), esa deducción fiscal se traduzca en una ayuda directa, a recibir mensual, trimestral o anualmente. 

Consistiría, básicamente, en establecer un sistema parecido al que ya se utiliza en España con otras deducciones fiscales -como la de maternidad- que ofrecen la opción de recibirlas mensualmente o desgravarlas directamente en la declaración. De este modo, Unicef asegura que se eliminarían las barreras para acceder a estos beneficios a los hogares con menos renta. 

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Esperan que se contemple en los próximos presupuestos

Para González, el camino más directo y "oportuno" es abordar esta ayuda fiscal ahora que se están ultimando los detalles de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y que el Ejecutivo acaba de cerrar una reforma fiscal. "Yo creo que sí que hay una sensibilidad del Gobierno hacia esta medida", reconoce. 

Desde Unicef esperan que esta propuesta -cuyo coste neto, calculan, se sitúa entre los 3,7 y 11,6 millones de euros- "aparezca" en las próximas Cuentas Públicas. "Sabemos que está encima de la mesa, aunque no qué visos tendrá de salir", subraya González, asegurando que España representa, en cuanto a las prestaciones monetarias a los hogares, una "anomalía" por su escasez y falta de cobertura. "Esta ayuda supone una inversión en la infancia. Y sabemos que eso, incluso desde el punto de vista económico, tiene un impacto muy fuerte a corto, medio y largo plazo", sentencia.

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Preguntados al respecto, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales no concretan sobre esta ayuda fiscal concreta, pero recuerdan que dentro de la nueva ley de familias (en tramitación) hay una medida que se está negociando "ahora mismo" en el marco de negociación de los PGE. 

"La ley lleva lista un año, pero el PSOE nos la ha bloqueado y esperemos que desbloquee por los presupuestos", cuentan a este diario. En la norma, recuerda, se incluyó una ayuda de 100 euros por hijo a cargo (de 125 para familias monomarentales), que se prevé que pueda deducirse en la declaración de la renta o recibir el importe íntegro directamente. 

Privación material y social: motores de exclusión

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida 2021, en la que, entre otras temáticas, aborda la Privación Material y Social Infantil. Los resultados constatan que, si bien hay algunos aspectos que han experimentado una caída acusada; hay otros que apenas se han reducido en los últimos años, como no tomar al menos una comida de carne, pollo, o pescado al día (del 2,4% en  2014 al 2,3%) o no poder comer fruta fresca y verdura al menos una vez al día, que de hecho incrementa del 1,2% al 1,8% en 2021. 

Además, en el nuevo análisis se han integrado también aspectos materiales, sociales y educativos que van más allá de la privación material (ropa, calzado, comida) y reflejan un aspecto igualmente importante y determinante para la exclusión social: "la privación social y educativa". Un ejemplo: el 24% de los hogares con niños de menos de 16 años a cargo no pueden ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. El porcentaje se dispara, además, si se tienen en cuenta dos variables: el número de adultos que hay en cada hogar o el quintil de renta de cada familia. 

Y es que la mitad de los niños de hogares más pobres no puede irse una semana de vacaciones, frente al 1,6% más rico. Casi dos de cada diez menores en hogares pobres (18%) tampoco tienen actividades de ocio regulares, y el 14,5% no participa en viajes o eventos escolares. 

Ateniendo al número de adultos en cada familia, es evidente que los hogares en los que únicamente hay un responsable adulto al frente, las carencias materiales y sociales se disparan. El 36% no se va de vacaciones y el 14% no puede celebrar las ocasiones especiales. Además, casi uno de cada diez niños que viven en hogares con un solo adulto al frente no puede participar en los viajes o eventos de su colegio. 

"El niño que no va a la excursión pierde un acceso completo a la educación que sí están teniendo sus compañeros y compañeras", asevera González. Además, -detalla- se produce un doble efecto. Por un lado, desde el propio niño que se enfrenta, una y otra vez, a estar fuera del grupo de iguales. Por otro, desde sus compañeros de clase, sus amigos, que estigmatizan al niño que no va a las excursiones o que no estrena zapatillas. 

"Esta autopercepción de que se está fuera del sistema es muy dañina en el sentido de que limita sus expectativas de vida, de estudio y laborales a largo plazo. Ocurre en la infancia, pero tiene una proyección y un impacto a lo largo de toda la vida", concluye.