El debate trasciende en el tiempo y a las esferas sociales. El tema de la prostitución -abolición o regulación- se reactiva periódicamente cada pocos años. Es un asunto que levanta ampollas en el ámbito político, pero también a pie de calle y en el movimiento feminista. Sin ir más lejos, este jueves el PSOE registró en solitario una proposición de ley dirigida a abolir la prostitución, después de quedarse sin apoyos en el Congreso de los Diputados en su intento de perseguir al proxenetismo a través de la ley del 'solo sí es sí', cuyo dictamen se aprobó el mismo día.

"Abordaremos, de forma definitiva, y sin más dilación, la abolición de la prostitución en nuestro país. Y ahora sí, aunque nos quedemos solas de nuevo", apostilló la vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra. Ese "de nuevo" era un dardo dirigido fundamentalmente a sus socios de coalición, Unidas Podemos, ya que hay parte de la formación -sobre todo de En Comú Podem- que se decanta más por el libre ejercicio de la prostitución que por una erradicación estricta. 

Tras quedarse solos en su empeño de endurecer la penalización del proxenetismo y castigar a quien se beneficie del alquiler de pisos para ejercer la prostitución (conocido como la tercería locativa) mediante la ley del 'solo sí es sí', los socialistas prometieron registrar una iniciativa en la que se aborden estas dos cuestiones. Y es que el texto de la ley de libertad sexual que se debatirá la próxima semana en el Pleno de la Cámara Baja ha quedado finalmente sin reconocer ese par de puntos que, en un principio, iban a abordar el tema. Se eliminaron de la norma en un intento por salvar su tramitación, que peligró durante unas horas por la falta de consenso, una vez más, en torno a la prostitución. 

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Sancionar a los consumidores de prostitución

Así, en la proposición de ley presentada este jueves, el PSOE va más allá. Propone perseguir el proxenetismo en todas sus formas y sancionar a los hombres que acuden a esta práctica. Lo que plantean, según reza el texto, es una reforma del artículo 187 del Código Penal para castigar, con penas de prisión de tres a seis años y multas de 18 a 24 meses, a quien facilite la prostitución de otra persona, "sin exigir la relación de explotación". 

Se sugiere también castigar la tercería locativa con penas de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses; y se introduce un nuevo punto que busca sancionar a los hombres que acudan a la prostitución con multas, y penas de prisión de hasta tres años si la persona prostituida es menor o está en una situación de vulnerabilidad. 

"Vetos cruzados"

Para los socialistas, no se incluyeron esos artículos en la ley de libertad sexual por "los vetos cruzados entre distintos grupos", en palabras de su secretaria de Igualdad, Andrea Fernández. Lo cierto es que, desde que el Ministerio de Igualdad presentó la norma, se introdujeron una quincena de enmiendas a esa parte en concreto, ya sea porque consideraban que la redacción era demasiado vaga para un asunto tan complejo o porque están más a favor de la regularización. 

Por un lado, partidos como EH Bildu y PNV consideran que penalizar a quien alquile o ceda un local o vivienda para ejercer la prostitución debería abordarse en una ley específica y tras un "debate amplio" con la "participación de las mujeres que la ejercen". Por su parte, Junts, En Comú y ERC alegaron que una ley que se erige sobre el consentimiento expreso (la del 'solo sí es sí), no puede introducir una "excepción" a ese consentimiento.

A Ciudadanos tampoco le convencía. Según defendió este miércoles la diputada Sara Giménez, consideran que si no se debate el tema de una manera "sosegada", se corre el riesgo de acabar en el "oscurantismo", y no diferenciar "lo que es explotación de lo que no". "Hay que escuchar a las mujeres que ejercen la prostitución", aseveró durante su intervención en la comisión, donde afeó al PSOE "la insistencia de ponerse medallas políticas" en este asunto. Para Vox, directamente, prohibir la prostitución "es como prohibir el hambre", según criticó en octubre su portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé. 

En el lado contrario, y más cercano a la postura del PSOE, está el Partido Popular, De hecho, los socialistas acudieron in extremis a los 'populares' para que apoyaran su enmienda a la ley del 'solo sí es sí'. Y habría salido adelante, de no ser porque la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo no tenía ninguna intención de dar el visto bueno al dictamen. 

División histórica en el feminismo

¿Trabajo sexual o esclavitud? Esa es la dicotomía entre las feministas abolicionistas y las regulacionistas. Este viejo debate no solo se ha reactivado en el panorama político, sino que también es cada vez más latente en el movimiento feminista. Este último 8-M, las feministas convocaron dos movilizaciones paralelas ante la falta de consenso en torno a la prostitución (también por la ley trans).

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España es, según la ONU, el país europeo con más demanda de prostitución. El tercero a nivel internacional. Además, casi cuatro de cada diez españoles han demandado alguna vez esta práctica, tal y como se recoge en un informe de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Su directora, Rocío Mora, subrayó a este periódico en octubre que es "medianamente imposible" avanzar en la lucha contra la explotación sexual "sin desmantelar la industria del sexo", incluyendo a los propios clientes. "En la mayoría de ocasiones, saben perfectamente en qué situación se encuentran estas mujeres y, a pesar de ello, siguen ofreciendo una cantidad mínima de dinero, que incluso a veces son hasta bocadillos", constató. 

Las defensoras de regularla alegan que la aplicación de una futura ley abolicionista dejaría en la calle a unas 400 mujeres que están practicando la prostitución a día de hoy. "Mientras el abolicionismo quiere eliminar la práctica pero no se olvida de dar ayudas a las afectadas, al prohibicionismo del PSOE, lo que pase con nosotras le da igual", aseguró la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (Otras), Concha Borrell, el mismo día en el que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reafirmaba su objetivo de abolir la prostitución antes de que termine la legislatura.