El Congreso de los Diputados empezará a trabajar en una reforma temporal del Código Penal propuesta por el PSOE que sugiere agravar las penas por los delitos de trata que se cometan contra las mujeres y niños ucranianos refugiados. Eso sí, los grupos que han apoyado la iniciativa han condicionado su voto favorable a que la reforma no excluya a las víctimas de trata en otros contextos de conflicto ni tenga caducidad, de modo que exigirán cambios en el trámite de enmiendas que ahora comienza.
"Proteger a las víctimas de Ucrania de forma específica es necesario, sobre todo por una cuestión de contexto. La masa de refugiadas no tiene precedentes. No se trata de discriminar, sino de atender con urgencia una realidad inédita por su abundancia y por su riesgo", ha defendido este martes la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, durante la defensa de la proposición de ley en la Cámara Baja.
Y es que el debate entre los grupos parlamentarios ha estado marcado por dos asuntos principales: una crítica generalizada hacia la especificidad de la reforma con los refugiados ucranianos y la exigencia de que el Ejecutivo impulse cuanto antes la ley contra la trata que tanto está costando consensuar a los socios de Gobierno.
El PSOE propone una reforma temporal
En el documento presentado en el mes de abril, los socialistas proponen modificar el artículo 177 bis del Código Penal -que fija penas de entre cinco y ocho años de cárcel a los reos de trata de seres humanos-, para incorporar como agravante para la pena superior de grado -de cinco a ocho años de prisión- que "la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano".
Es decir, no gozarían de tal protección los refugiados de otras guerras. Además, la reforma que plantean es temporal: tendría una vigencia de 18 meses desde su entrada en vigor.
Una de cal y otra de arena
El PP, Ciudadanos y PNV se han mostrado a favor de la iniciativa, aunque todos han adelantado su sentido de voto con un discurso agridulce: apoyan la esencia de la norma, pero creen que debe ser sometida a modificaciones.
"El PP va a apoyar la modificación del Código Penal que propone el PSOE", ha avanzado la diputada 'popular' Marta González, quien espera que "se atiendan", en la tramitación posterior, las "observaciones" que aporte su grupo para enmendar el texto. González ha querido también afear que España no cuente todavía con "la herramienta más eficaz para la lucha contra estas mafias de tráfico y trata de personas", una ley contra la trata; y ha asegurado que si no ha salido adelante todavía es "por la dejadez y el abandono del Gobierno". Para la 'popular', la ley debería tramitarse desde los Ministerios de Justicia o Interior, pues considera que "sobrepasa" las competencias del Ministerio de Igualdad, desde donde se sacó a consulta pública un primer documento hace justo un año.
"¿Por qué solo los de la guerra en Ucrania? (...) ¿Por qué 18 meses y no 24, o 33, o dos, o cinco años?", se ha preguntado el diputado del PNV Joseba Agirretxea, tildando de "totalmente arbitrario" el plazo fijado por los socialistas en su proposición de ley. Anunciando el 'sí' de su grupo parlamentario, el diputado vasco ha avanzado que su objetivo es que se incluya a las víctimas de cualquier guerra y que la modificación tenga una "perspectiva atemporal", a incorporar en la fase de enmiendas.
Desde Ciudadanos también han resaltado la necesidad de que la proposición "sea mejorada" para que no se limite únicamente a los delitos de trata de las personas que huyen de Ucrania. "Si no, estamos provocando una situación de desigualdad", ha asegurado la diputada Sara Giménez.
Vox, por su parte, ha asegurado que el PSOE es "el partido de los traficantes y los tratantes" por seguir una política de "fronteras abiertas", en palabras de la diputada Rocío de Meer. "No obstante, como todo el mundo sabe, a Vox nos encanta agravar las penas a los peores criminales", ha avanzado.
"Refugiadas de primera y de segunda"
Igualmente críticos se han mostrado sus socios de Gobierno. La portavoz de Igualdad de Unidas Podemos, Sofía Fernández, ha coincidido en la necesidad de luchar contra la trata de seres humanos, pero desde un "enfoque de derechos humanos con perspectiva de género y universal" y "sea cual sea su causa". Según Fernández, "ha de regir el criterio de la universalidad de los propios derechos humanos" y amparar a todas las víctimas independientemente del contexto y origen.
Tampoco ha gustado la propuesta a ERC, desde donde afean que el texto tiene "sesgo segregacionista" y "racista". "¿Por qué no han modificado el código penal con el conflicto de Yemen o Siria?", ha reprochado la republicana Carolina Telechea.
Desde EH Bildu, la postura que mantienen es similar. Recriminan a los socialistas por marcar a "refugiadas de primera y de segunda" y piden que hagan "un ejercicio de empatía" y se comprometan a "ampliar su propuesta a todas ellas sin importar su origen" si quieren el voto favorable de su grupo parlamentario. "Todas sufren la misma vulnerabilidad", ha subrayado Isabel Pozueta.
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