La ley contra la trata tardará más de lo esperado -y deseado- en ver la luz. Un año después de que el Ministerio de Igualdad empezara a trabajar en la norma, el texto ha ido superando obstáculos y sorteando los 'rifirrafes' entre los socios de Gobierno. Y es que trabajan en ella, principalmente, dos ministerios: el de Igualdad, con Irene Montero al frente; y el de Justicia, dirigido por Pilar Llop. Pese a que el primer texto nació en los despachos de Igualdad, el camino a tomar para tramitarla recae ahora en un grupo de expertos designados por Justicia.

Este martes, Llop aprobaba una orden ministerial para constituir una "sección especial" en uno de los órganos consultivos del Ministerio, la Comisión General de Codificación, formada por especialistas en la materia. ¿El objetivo? Que en un plazo de dos meses -hasta el 30 de mayo-, el grupo de expertos haya elaborado un informe en el que dicte las pautas a seguir para desarrollar una norma contra esta lacra. 

La pelota está, por tanto, en el tejado de esa "sección especial", cuyo informe dictaminará si deberá impulsarse una sola ley o desarrollar otra aparte de la de Igualdad. Aun así, desde Justicia explican a 20minutos que, se decida lo que se decida, será siempre en coordinación con el ministerio de Montero, e insisten en no evocar un escenario que todavía no se ha concretado, ni lo hará hasta que no reciban el informe. 

Una iniciativa y muchas fases

Igualdad propone que las víctimas de trata no tengan que acudir a la Policía para acceder a las ayudas

La iniciativa ha pasado por distintas fases. El equipo de Montero empezó a trabajar en una ley contra la trata en marzo de 2021 y sacó a consulta pública un primer texto en el mes de abril. Unos meses después, PSOE y Podemos anunciaban que registrarían una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual el pasado mes de enero. Pero la intención sigue sin tomar forma.

Según explican a este diario fuentes de Igualdad, tienen preparado el borrador desde este enero, cuando se lo entregaron a Justicia para que hiciese sus aportaciones y así pasar a negociarlo. Tenían conocimiento de que el departamento de Llop iba a crear un grupo de expertos, pero no fueron notificados del día en el que lo iban a hacer público. Los dos departamentos coinciden en destacar, por un lado, que la norma tiene que llegar al Consejo de Ministros "cuanto antes" y por otro, que la interlocución entre ellos está siendo distendida y sin conflicto. 

Justicia pide paciencia ante la complejidad de la norma

Pero ni los actos, ni las comunicaciones de ambos dicen lo mismo. Igualdad insiste en que llevan trabajando más de un año en la ley con la participación de expertas y en consonancia con las recomendaciones del Comité CEDAW y de la Estrategia Europea contra la Trata y el Convenio de Varsovia. "El Ministerio de Igualdad trabaja en estrecha coordinación con los demás ministerios competentes para desplegar un amplio paquete de medidas que permitan luchar de forma eficaz contra la industria proxeneta y garantizar los derechos de las mujeres", aseveran.

En los últimos meses venían señalando algunas direcciones por las que pretenden que se desenvuelva la norma. El desarrollo de un plan de inserción sociolaboral para las víctimas de trata con fines de explotación era una de ellas. Plantearon también una reforma de la ley de extranjería y eliminar el requisito que ancla los derechos sociales y económicos de las víctimas a una situación administrativa irregular y, por ende, a la denuncia o a la colaboración con la policía. En definitiva, el borrador de Igualdad se centra fundamentalmente en garantizar la protección de las víctimas y asegurar que tengan una "puerta segura" de salida con la ayuda de las entidades especializadas. 

La otra cara de la guerra en Ucrania: "Las mafias se aprovechan de mujeres y niños para arrastrarles a las redes de trata"

Pero, por lo que expresa, a Justicia le parece que se trata de una norma que, tal vez, esté demasiado enfocada únicamente a la trata con fines de explotación sexual, y deje de lado los otros tipos. Además, defienden que la complejidad jurídica y legal que entraña el desarrollo normativo es de tal envergadura que solo puede hacerse a un ritmo pausado y tras haber acudido a juristas y expertas en la materia. 

En una entrevista con este periódico, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, aseguró que querer tener la ley lista en enero era un objetivo "demasiado ambicioso". "Es necesario tener en cuenta a los operadores jurídicos cuando hablamos de esta ley, porque tenemos que contemplar cómo se van a aplicar estas normas que saquemos adelante" defendió entonces. 

Postura similar a la trasladada por fuentes de Justicia a 20minutos. "Estamos hablando de una ley muy importante que afecta a los Derechos Humanos en todos los sentidos, y entendemos que esto tiene que tener un fundamento legal importante", subrayan, incidiendo también en que el borrador de Igualdad está circunscrita a la trata con fines de explotación sexual.

Lo que propone el ministerio de Llop es impulsar una norma que tenga un "alcance general", y que permita identificar y reinsertar a las víctimas "de toda clase" de trata, "con independencia de las medidas concretas que se adopten para hacer frente a la trata con fines de explotación sexual". La ley incorporará, según explicó un comunicado, "una perspectiva de derechos humanos y de género que tenga en cuenta la discapacidad, la diversidad y el interés superior de los menores". 

Quedará por ver ahora cómo queda al final. Los dos insisten: hay una interlocución constante y la comunicación es buena. Solo queda esperar a comprobar lo que determinen los expertos designados por Justicia para vislumbrar cuáles serán los próximos pasos que dará la futura ley integral contra la trata.