Un mes después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia en la que obliga a las escuelas catalanas a impartir un 25% de las clases en castellano, la polémica sigue. La oposición exige al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución y amenaza con reclamar medidas en los tribunales, mientras el Ejecutivo rechaza frontalmente esa visión, pide no convertir la lengua en un elemento de confrontación política y reclama a la Generalitat que acate el fallo.

Casado ofrece sus votos a Sánchez para aplicar el 155 si la Generalitat incumple la sentencia del TS sobre el castellano

Así, pese a que el PP ha ofrecido a sus senadores para apoyar una posible anulación de la autonomía catalana con el artículo 155, y a que Vox ha presentado una moción en la que también lo reclaman; el Gobierno apela a la convivencia y defiende que, por ahora, no entra en sus competencias actuar y denuncia que se esté usando la educación como elemento de confrontación.

Ante esta posición, el líder de los populares, Pablo Casado, acusó al jefe del Ejecutivo de hacer la "vista gorda a cambio de votos", y anunció la intención de denunciar a la Generalitat "por desobediencia" si el Ejecutivo no cumple con su "responsabilidad constitucional" para hacer cumplir las resoluciones judiciales. "Si está haciendo la vista gorda por sus votos, el que estaría cometiendo un delito de prevaricación es usted", espetó durante su intervención en la sesión de control de este miércoles.

De la sentencia del TSJ al 'caso Canet'

El revuelo se inició a finales de noviembre, cuando el Supremo rechazó el recurso presentado por la Generalitat a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por el que se exigía una tasa mínima de castellano en las aulas catalanas. Desde el Govern, el fallo fue contemplado como un ataque a la inmersión lingüística y manifestó en numerosas ocasiones su intención de desobedecerlo. Ya entonces la oposición comenzó a exigir al Ejecutivo que tomase las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento, pero lo cierto es que (según la Jurisdicción Contencioso-administrativa), deben pasar dos meses hasta que, a petición de cualquiera de las partes afectadas, el Gobierno central pueda acudir a la "ejecución forzosa" de la orden.

El 'caso Canet' eleva las peticiones de familias: 40 irán a la justicia para exigir el 25% en castellano

Pero lo que realmente ha terminado de encender los ánimos ha sido la situación de acoso denunciado por una familia que exigió el cumplimiento de ese porcentaje en el colegio de su hijo, en Canet de Mar (Barcelona). Este asunto, que ha provocado movilizaciones contrarias a aumentar las horas de castellano e incluso ha hecho tambalear la convivencia en el seno del Govern entre ERC y Junts, se ha convertido en el principal argumento de los que abogan por medidas más contundentes en Cataluña para atajar la problemática. Casado acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de inacción, y dirigió su indignación para elevar el tono en el pleno de este miércoles, donde le espetó: "¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?"

Desde el Ejecutivo han mostrado su rechazo a esta situación y piden a las distintas fuerzas políticas que no conviertan la lengua en un "elemento de confrontación y enfrentamiento", en palabras de la portavoz Isabel Rodríguez. La ministra de Educación, Pilar Alegría, llamó al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para ofrecerle el apoyo y la "colaboración" del Gabinete de Pedro Sánchez ante cualquier situación de acoso que se haya podido producir. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el jueves que toda la amenaza a la convivencia en Cataluña iba a ser investigada. 

Sin embargo, la oposición lo ve como un apoyo vacío y subraya que la aplicación del artículo 155 es la única opción efectiva para terminar con lo que el presidente de los populares ha calificado como un "apartheid lingüístico".

En Ciudadanos la postura es similar. La líder del partido naranja, Inés Arrimadas, recriminó que desde el Gobierno no hayan hecho "nada" desde que se conocieron los hechos de Canet y acusó a Sánchez de ser rehén de sus "socios separatistas" que "hacen escraches a niños de cinco años". 

Vox plasmó esta exigencia en una moción registrada a principios de diciembre, a la que el PP y Ciudadanos presentaron sendas enmiendas. Aseguran que lo que está en juego es la "unidad de España" y acusan a los "nacionalistas" de utilizar la lengua como "arma arrojadiza al servicio del separatismo y como herramienta para fomentar la desafección y el odio hacia todo lo que es Español". Urgen, además un "cambio de paradigma en la política lingüística" que se extienda a otras comunidades que "van por el mismo camino", en referencia a la Comunitat Valenciana, Baleares, Galicia y País Vasco.

Con todo, el PSOE reitera que no entra en sus competencias actuar ahora. "Nosotros cumplimos la ley cuando tenemos que cumplirla, pero quieren hacer responsable a este Gobierno de una sentencia de la que no es responsable. Están exigiendo que intervenga donde no tiene competencias", defendió la diputada socialista María Luz Martínez Seijo, recordando que todavía no se han cumplido los dos meses de plazo establecidos.