Desde que el viernes comenzó la devolución a Marruecos de los menores extranjeros que entraron en mayo en Ceuta no acompañados, el ministro del Interior ha dado numerosas entrevistas para defender el proceso. Fernando Grande-Marlaska se afana en explicar que su departamento ha actuado de forma legal y "siempre teniendo en cuenta el interés superior" de los chicos. Pero las críticas que ha cosechado desde diferentes ángulos y los últimos varapalos judiciales al respecto parecen apuntar a que la actuación, cuanto menos, no está siendo del todo correcta.
La Justicia se ha posicionado en el asunto en respuesta a los recursos interpuestos por varias ONG, como la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y la Fundación Raíces, en su intento por detener unas repatriaciones que consideran ilegales. El domingo, el juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad autónoma se veía en la imposibilidad de rechazar la suspensión al solicitarse para ocho menores que ya habían sido entregados a su país.
El lunes, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 sí llegaba a tiempo y paralizaba la devolución de nueve chicos en cuyo nombre se habían pedido medidas cautelares urgentes. Tras esa decisión, la misma jueza de instrucción determinó la paralización de todo el operativo durante 72 horas. En ese plazo, la Administración General del Estado y la de Ceuta podrán aportar documentación que valide la forma en la que se están ejecutando los traslados y si se acomodan o no a la legislación española.
En su auto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo adelanta que el ordenamiento jurídico "exige para la repatriación de menores extranjeros no acompañados la incoación de un expediente administrativo, en el que deben constar datos tan esenciales como los relativos a la filiación y las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen". La resolución remarca que "ni se ha tramitado, cumpliendo con los referidos trámites de obligado cumplimiento, el procedimiento administrativo, ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores". Dicha omisión ha impedido "a la totalidad de los interesados" conocer "los fundamentos que justifican la decisión de facto adoptada" por el Ministerio de Interior y el Gobierno de Ceuta sin el respaldo de la Fiscalía ni del Área de Menores local.
Unos 700 menores
- El dispositivo de devolución que Interior ha puesto en marcha podría afectar a unos 700 menores extranjeros no acompañados, de los que ya habrían sido repatriados medio centenar. La mayoría entraron en Ceuta en la crisis de los días 17 y 18 de mayo, cuando Marruecos abrió las vallas como represalia por la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Más de 12.000 migrantes cruzaron entonces a la ciudad autónoma y a mediados de julio, el Gobierno local calculaba en unos 2.500 los que aún permanecían allí. Mil de ellos serían menores, de los que 200 se encontraban en la calle.
Ante esa falta de tratamiento individual y de expedientes personalizados, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado presentó por su parte un recurso ante la Audiencia Nacional por vulneración de derechos fundamentales para lograr igualmente que se dé por anulada la instrucción emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad que impulsó la deportación. La Audiencia ha entrado en materia y ha dado a Interior 24 horas para que le entregue esa documentación y poder verificar su autenticidad como paso previo a la decisión de si sigue adelante con el recurso.
La propia Fiscalía de Ceuta se ha opuesto a la entrega de los menores alegando que la orden enviada con fecha 10 de agosto no incluía la tramitación que exige la ley española en esta materia. En un documento al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público indica que para la puesta en marcha de las repatriaciones "solo consta como fundamentación jurídica un oficio de la Secretaria de Estado de Seguridad, sin firma". El organismo confirma que en "la documental aportada no consta la tramitación que para la repatriación de menores no acompañados exige la legislación de extranjería".
¿"Discusión técnico jurídica"?
Frente a esta situación, Grande-Marlaska ha respondido en RNE que, "como no puede ser de otra manera", respetan, obedecen y acatan las decisiones judiciales que cree que obedecen a una "discusión técnico jurídica" sobre cómo aplicar el convenio con Marruecos de 2007 para devolver a los menores que entran solos a España. "Si alguna cuestión hay que corregir se corregirá", ha comentado en declaraciones a La Sexta. El ministro se agarra a ese acuerdo para justificar el plan pero la misma Fiscalía de Ceuta recuerda que este dispone que el retorno "solo puede realizarse en todo caso con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de derecho internacional y de lo establecido en la convención sobre los derechos del niño".
El titular de Interior también viene manifestando que los menores expulsados querían regresar a su país, una información que niegan desde Save the Children. La ONG, que trabaja con los chavales sobre el terreno, asegura que muchos se encuentran en situación de vulnerabilidad y que entre ellos hay quienes refieren haber sufrido violencia física, abusos, malos tratos, torturas o trato degradante antes de llegar a España. Junto a otras 27 entidades ha enviado una carta al presidente, Pedro Sánchez, para solicitar la paralización inmediata de su devolución a Marruecos. Save the Children, en este caso junto a Gentium y Andalucía Acoge, remitió una petición al Comité de Derechos del Niño de la ONU, que en su respuesta también se ha posicionado en contra del procedimiento.
Falta de transparencia
A este listado de reveses judiciales y de protestas de las ONG, el titular de Interior suma una lluvia de críticas de la oposición. Uno de los pocos capotes que ha recibido le ha llegado desde la administración ceutí. Su presidente, el popular Juan Jesús Vivas, ha asegurado que fue él quien pidió la aplicación del acuerdo de 2007 y ha asumido la responsabilidad de las actuaciones.
El resto del PP ha exigido al ministro una política clara en materia de inmigración y entre las últimas en hablar sobre el tema está la presidenta de Ciudadanos. "La falta de transparencia y las chapuzas de Marlaska restan toda credibilidad al Gobierno. Menos lecciones vacías de moralidad y más respeto a la ley para devolver a los menores de Ceuta. Estos escándalos vulneran derechos y perjudican la imagen de España", ha escrito Inés Arrimadas en su cuenta de Twitter.
Pero Marlaska también ha recibido reproches desde dentro del Ejecutivo. Desde el Ministerio de Derechos Sociales no solo se considera que "el procedimiento de expulsión no es correcto" sino que la ministra y también secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha quejado de haberse enterado del mismo a través de las organizaciones que trabajan en defensa de la infancia.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha enviado por su parte una carta a Sánchez para que intervenga en el asunto. El presidente sin embargo sigue sin expresarse sobre un tema que ha vuelto a poner a Fernando Grande-Marlaska en el centro de la polémica.
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