La devolución a Marruecos de los menores que llegaron en mayo a Ceuta está provocando la enésima grieta en el Gobierno de coalición. Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defiende lo que califica como "retorno asistido", la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido en las últimas horas al presidente, Pedro Sánchez, que intervenga y pare esas entregas "inmediatamente". Mientras tanto, el juzgado de Ceuta ha paralizado cautelarmente la repatriación atendiendo la solicitud impulsada por la Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces.
En sendas entrevistas, una en la Cadena Ser y otra en RTVE, Marlaska ha salido al paso de las críticas que el proceso ha generado por parte de decenas de ONG y del Defensor del Pueblo pero también de los socios morados del Ejecutivo. Además de plantear sus dudas sobre que se estén cumpliendo los derechos de esos niños, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, le reprochó por carta a su compañero de Gabinete haberse enterado del plan a través de las organizaciones que trabajan en defensa de la infancia.
"Nuestros departamentos están conectados y trabajamos día a día en muchos asuntos. Somos un mismo Gobierno", ha aseverado el titular de Interior sin querer entrar en polémica. Marlaska ha agregado que "todas" las instituciones implicadas estaban "correctamente" informadas de una operación que comenzó el pasado viernes y que se está realizando en grupos de 15 jóvenes cada día.
El ministro ha garantizado que las entregas se están realizando de forma legal. También ha dejado claro que ninguno de los retornados es vulnerable, que no tienen arraigo en España, que no han solicitado protección internacional y que se van a reunir con sus familias marroquíes. Marlaska ha insistido en que el proceso se rige por un convenio suscrito con Marruecos en 2007 para facilitar la repatriación de menores no acompañados y no ha determinado el número final de retornados porque la competencia de su protección es de la ciudad autónoma,.
"No es una expulsión, es un retorno asistido conforme a un marco normativo. No es el Ministerio del Interior sino el conjunto de administraciones las que colaboran", ha insistido. La fórmula escogida es la "más adecuada" para facilitar el "retorno asistido a sus familiares", ha reiterado, antes de afirmar que cada caso se ha evaluado a través de un "estudio pormenorizado" para que se garantice la integridad moral y el interés superior del menor.
Marlaska ha restado asimismo importancia al hecho de que se hayan podido producir algunas fugas de menores de los centros ceutíes coincidido con esta operación. Según sus palabras, si ha habido alguna salida "no consentida" no ha sido mayor que las acontecidas en meses anteriores.
Sin respuesta del presidente
La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha relatado por su parte en RNE que la vicepresidenta segunda ha pedido la intervención de Sánchez en el asunto sin haber obtenido respuesta todavía. "Imagino que estarán en ello y que estarán pensándolo", ha dicho.
Verstrynge ha lamentado lo que considera una actitud contradictoria del presidente en materia de inmigración, en referencia a que en 2018, al poco de llegar al Gobierno, favoreció la llegada a Valencia del barco Aquarius en el que viajaban más de 600 migrantes. Un reproche esgrimido igualmente por el PP. "Los derechos humanos no son un pin de quita y pon, y el compromiso con ellos se demuestra en los momentos más difíciles, como este. Es el momento de apostar por una política migratoria que trate a las personas con dignidad", ha expuesto la secretaria de Organización de Podemos.
Frente a quienes les recriminan falta de unidad en el Ejecutivo, la dirigente de la formación morada ha explicado que "Podemos no entró en el Gobierno para ignorar situaciones incómodas" y que entienden que este es un buen momento para poner en marcha una nueva política migratoria en España que establezca vías legales para migrar, acogida humanitaria y respeto a los derechos humanos.
Los menores que están siendo devueltos al país vecino entraron en Ceuta los días 17 y 18 de mayo, cuando unas 10.000 personas cruzaron a la ciudad autónoma después de la apertura de las vallas por parte de Marruecos como represalia por la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario.
La Fiscalía de Sala de Menores, en coordinación con la Fiscalía de Menores de Ceuta, está participando en los mecanismos de retorno, según han explicado a Efe fuentes de la Fiscalía General del Estado, en relación con las palabras del ministro del Interior de que todas las instituciones han estado "correctamente informadas". "Nos guía el interés superior del menor y el cumplimiento de la ley", han señalado las fuentes del ministerio público. Desde que el pasado viernes dieran comienzo las repatriaciones la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Menores de Ceuta han abierto una investigación al respecto.
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