El Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior el cese de las devoluciones de menores a Marruecos que ha iniciado este viernes desde Ceuta y ha abierto actuaciones de oficio ante las numerosas quejas que han presentado oenegés por falta de garantías legales.

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Según han confirmado a Efe fuentes del Defensor, la institución ha dirigido un escrito al departamento que dirige Fernando Grande-Maslaska en el que recuerda "el deber legal que le incumbe de dar cumplimiento a las previsiones del artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000 de los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y de su integración social".

En concreto indica que, según la Ley de Extranjería, Interior debe solicitar informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen, con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación.

"Asimismo, acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tuviese suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España", añade el Defensor en su escrito, al que ha tenido acceso Efe.

Las asociaciones en defensa de la infancia

Organizaciones de defensa de la infancia, como Save the Children o ELIN, han presentado este viernes una queja ante el Defensor al entender que no se están produciendo los retornos de los menores con garantías en un procedimiento que les ha pillado por sorpresa.

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Además, han anunciado que preparan un escrito para pedir al juzgado de guardia de Ceuta la suspensión de las repatriaciones que Interior ha iniciado este viernes de los menores que llegaron el 17 y 18 de mayo, en un dispositivo que ha comenzado esta mañana en uno de los polideportivos que estaban alojados muchos de los jóvenes.

Save the Children explica que ha desplazado un equipo a la zona y reitera que cualquier expulsión colectiva es ilegal. "Pedimos una gestión individualizada y que no se expulse a ningún menor en contra de su voluntad. Se ha de garantizar su protección", insiste la entidad de infancia.

Otra de las organizaciones presentes en Ceuta trabajando por los derechos de los niños que llegaron en mayo es Unicef, que ha expresado su disgusto por "la desagradable sorpresa". "No habíamos sido informados y estamos muy preocupados", asevera Unicef.

Coincide en que las repatriaciones colectivas de menores no están justificadas en ningún caso: "El interés superior de los niños y niñas está por encima de todo y eso no se puede garantizar sin evaluaciones individualizadas", señala. "Es imprescindible conocer las circunstancias de cada uno de ellos, sus historias, sus necesidades y sus vulnerabilidades. Hay que escucharles y tener en cuenta su protección y su voluntad".