Después de que un juzgado de Ceuta haya paralizado durante 72 horas la devolución de menores a Marruecos, y de que la Audiencia Nacional haya dado a su ministerio 24 horas para justificar estas repatriaciones, el ministro Fernando Grande Marlaska ha vuelto a defender leste martes la legalidad del proceso de devolución de menores de Ceuta en virtud de un acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos en 2007.

En declaraciones a RNE, Marlaska ha asegurado que su ministerio y el resto de administraciones concernidas en este proceso presentarán alegaciones a las diferentes instancias judiciales que han puesto obstáculos a la repatriación, que podría afectar a unos 700 menores, la mayoría de los cuales entraron en la ciudad autónoma en plena crisis de fronteras en el mes de mayo. 

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Según Marlaska, el retorno "asistido" de los menores se realiza en coordinación "óptima y razonable" con los responsables de la tutela, que ostenta la ciudad autónoma de Ceuta, y el país de origen, Marruecos.

Sobre estas repatriaciones ha aseverado: "Todos son retornos asistidos conforme al acuerdo firmado en 2007 entre Marruecos y España, siempre en beneficio del menor, tratando de restablecer su vida familiar, social y cultural".

El juzgado de Ceuta, sin embargo, tomó este lunes la decisión de paralizar durante 72 horas todas las devoluciones de menores a Marruecos, una vez que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ceutí frenase la repatriación de nueve chicos al considerar que no se habían cumplido las normas y principios del derecho internacional y lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Las normas internacionales estipulan que se debe estudiar "caso a caso" la situación particular de los menores migrantes que van a ser repatriados. 

El ministro Marlaska ha negado que las devoluciones se estén llevando a cabo vulnerando la convención de los Derechos del Niño. El ministro enmarca la polémica en una "discusión técnico jurídica" y ha defendido la primacía en este caso del acuerdo bilateral sellado con Marruecos en 2007. Un protocolo que, según ha asegurado el ministro, sí que incluye un "estudio de las circunstancias de los menores" por parte de la autoridad competente de la tutela, en este caso la ciudad de Ceuta, que es quien determina si el menor debe de ser retornado o no a su ámbito familiar.

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"Siempre se tiene en cuenta el interés superior del menor y la convención internacional de menores", ha dicho Marlaska, "pero el primer derecho de los niños es que cuando no existe riesgo para su integridad, cuando no son vulnerables, debe retornar a su ámbito familiar, social y cultural".

Horas después, en declaraciones a La Sexta ha puntualizado que si la Justicia observa algún "matiz" que haya que corregir en el procedimiento "se corregirá".

Las devoluciones de menores han sido duramente criticadas por las ONG, por la abogacía y paralizadas por la Justicia. Además, han causado la última grieta en el seno del Gobierno de coalición. 

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el que dirige Ione Belarra, ha enviado una nueva carta a Interior para reiterar su rechazo al proceso de devolución de menores a Marruecos. Y Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ha reclamado a Sánchez la paralización de estas devoluciones. Marlaska ha pasado de puntillas por la divergencia de opiniones en el seno del Gobierno en RNE: "Formamos un grupo donde debatimos todas las cuestiones y llegamos a resoluciones únicas, poniendo los criterios de cada uno, con la voluntad de cumplimiento de la ley y que el servicio público sea el más correcto".