El 3 de marzo de 2020, cuando hacía apenas dos meses que el Gobierno de coalición había echado a andar, Igualdad lograba que uno de sus principales proyectos llegara al Consejo del Ministros. Irene Montero se había propuesto que la Ley de Libertades Sexuales iniciase su tramitación antes del Día Internacional de la Mujer, y lo logró, pero no sin discrepancias principalmente con Justicia. Dieciséis meses y varios cambios después, la norma ha regresado este martes a la reunión semanal del Ejecutivo. Tras ser aprobada por el Consejo de Ministros, se enviará al Congreso, ya como proyecto de ley. La Cámara comenzará a debatirlo previsiblemente en septiembre.
Desde aquel 3 de marzo, la conocida como ley del 'solo sí es sí' ha sido sometida a consulta pública y ha pasado, envuelta en polémica, por órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. Fruto de ese recorrido, el texto ha ido experimentando modificaciones. Las últimas se conocían el viernes y hacen referencia a la definición de consentimiento y a las penas de los delitos.
Esta es la última versión de una ley que pretende que todas la violencias sexuales sean consideradas violencias machistas y que aún puede verse nuevamente alterada a su paso por el Parlamento.
El consentimiento, "en positivo"
Mientras los borradores anteriores determinaban que "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto", el texto actual señala que "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". Igualdad afirma que se opta por un modelo de "consentimiento positivo", que ya contemplan países como Suecia o Reino Unido, y que "cuando entre en vigor la ley, las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia".
La nueva redacción va más en línea con el artículo 36.2. del Convenio de Estambul, sobre prevención y lucha contra la violencia machista, y se ajusta al cambio que propuso en diciembre el Consejo Fiscal, que apostaba por eliminar la doble negación para que el texto fuese más claro. Este organismo apoyó la ley por unanimidad, una postura contraria a la que manifestó en febrero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El plazo de un mes que inicialmente tenían los jueces para valorar el anteproyecto se alargó a más de cuatro y finalmente en su informe rechazaron los principales puntos. Los magistrados argumentaron que el hecho de que el consentimiento sea expreso puede comportar una "inversión de la carga de la prueba" y dañar la presunción de inocencia, además de no evitar la revictimización de la mujer.
Penas con "horquillas más amplias"
Se mantiene otro de los ejes principales y es el considerar todo acto sexual sin consentimiento como agresión, lo que significa que se eliminan los abusos sexuales del Código Penal. Actualmente abuso y agresión son delitos distintos. Ambos tienen un tipo agravado que incluye la penetración, con penas de cuatro a diez años y de seis a doce, respectivamente. En el caso del primero no se considera violación al no mediar violencia o intimidación. La reforma elimina ese condicionante y lo simplifica todo: desaparece el delito de abuso, lo que obliga a una redefinición de las penas, que sus impulsores desmienten que se concrete en una rebaja. En este punto, el CGPJ advierte de que eliminar ese delito puede perjudicar a la víctima, al no castigar con más dureza a quienes cometan actos más graves.
Desde el ministerio de Montero apuntan que, en un trabajo que corresponde sobre todo a Justicia, "se opta por un sistema progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias". "Esto permite dar una adecuada respuesta penal a la multiplicidad de circunstancias", defienden. Asimismo se recoge un catálogo de agravantes específicas, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la especial vulnerabilidad de la víctima o el uso de armas o medios peligrosos.
Protección de menores
El objetivo de la ley es proteger a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad. En su primera versión, la propuesta incluía a las mujeres a partir de los 16 años, toda vez que esa es la edad en la que la legislación española sitúa el consentimiento sexual. Desde el segundo borrador, la norma propone proteger y asistir también a los niños que sufran algún tipo de violencia sexual.
Esto conlleva algunos cambios en la redacción que sobre estos delitos recoge el Código Penal pero principalmente consiste en establecer itinerarios específicos para la infancia, que permitan detectar estos casos y ofrecer a las víctimas una atención integral y especializada, así como una justicia adaptada a ellas. En esta línea se busca extender en España las Casas de Niños, un modelo anglosajón que funciona desde hace años en otros países y por el que algunas comunidades autónomas ya se han interesado.
Manifestaciones de violencia sexual
Como novedad se considerará delito leve el acoso ocasional, no penado hasta ahora. Igualdad afirma que se suele denominar acoso callejero pero no es solo el que se produzca en la vía pública, sino también en recintos privados, como por ejemplo conciertos, discotecas o bares. Podrán ser consideradas como tales aquellas "expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria". El ministerio defiende que es un delito que requiere denuncia de la agraviada, por lo que no se criminaliza el piropo, dado que si ella lo recibe como tal no lo va a denunciar.
En el caso del stalking, o acoso reiterado, se elimina que tenga que alterar "gravemente" la vida cotidiana de la víctima. Basta que la altere como resultado de seguimientos, contactos insistentes o usos de datos.
Prestación de orfandad
En el marco de la reparación a las víctimas, queda incluida la equiparación de los huérfanos por un feminicidio sexual, es decir, de los hijos de mujeres asesinadas tras una agresión sexual, con aquellos que pierden a su progenitora en crímenes de violencia de género. De esta forma, la ley prevé incorporar una prestación de orfandad para estos menores.
Contra la industria proxeneta
Se creará de un fondo que irá destinado a compensar a las víctimas de estas delitos, sobre todo a aquellas que presenten graves secuelas o se encuentren en una situación especialmente difícil. Desde el departamento que dirige Montero han explicado que ese fondo se dotará con los decomisos que se hagan a la industria del proxenetismo. La propia ministra anunció en el Congreso que la ley de libertad sexual perseguirá el proxenetismo "en todas sus formas" y penará a los dueños de los prostíbulos. Se recuperará así lo que se denomina tercería locativa.
Juzgados especializados
La ley acompaña a la especialización de la judicatura e Igualdad quiere que se constituyan juzgados que atiendan los casos de violencia sexual. Serán los encargados de instruir y enjuiciar.
Un estudio del Consejo General del Poder Judicial determinará si esa especialización será incorporada a los actuales juzgados de violencia machista o si podrán constituirse instituciones específicas. El objetivo es lograr la especialización de todos los operadores jurídicos, "con especial atención al ámbito forense", esencial para obtener pruebas.
Asistencia integral
Todas las víctimas "tendrán garantizados" los derechos de asistencia integral especializada, con acceso a información, atención médica y psicológica, asesoramiento en los procesos judiciales, necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales. Por primera vez además se incluye el derecho a la reparación integral en una norma estatal, con indemnizaciones, medidas para la completa recuperación y garantías de no repetición.
Las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien. Si son mayores de 16 años podrán acudir a los conocidos como centros de crisis 24 horas.
Otras violencias contra las mujeres
La futura norma considera violencias sexuales las recogidas en el Título VIII del Código Penal –agresión, exhibicionismo y provocación, prostitución y corrupción de menores– y añade, además de la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el acecho, así como la difusión digital de actos de violencia sexual, pornografía no consentida y extorsión.
Igualdad indica que otras violencias que se quedan fuera se incluirán en la reforma de la ley del aborto que el Gobierno prepara. Se trata de formas reconocidas en los acuerdos internacionales y que aún no se recogen en la legislación española, como la esterilización forzada, el aborto forzado, la violencia ginecoobstétrica o los vientres de alquiler. La intención es que la gestación subrogada quedará calificada como explotación reproductiva.
Prevención
En el sistema educativo se incluirá la integración de contenidos sobres educación sexual en igualdad y diversidad afectivo-sexual para el alumnado. Se impulsarán igualmente campañas institucionales dirigidas a prevenir las violencias sexuales e informar a las mujeres sobre sus derechos y recursos.
Además se promoverán acuerdos con empresas y prestadores del sector de las tecnologías para implementar medidas dirigidas a la prevención y sensibilización en el ámbito digital. Asimismo se desarrollarán medidas dirigidas al ámbito publicitario, el ámbito laboral... El Estado apoyará por otro lado a las entidades locales para que lleven a cabo medidas urbanísticas y de seguridad que garanticen que los espacios públicos sean seguros y accesibles para las mujeres.
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