El Gobierno dará este martes el primer paso para que los centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual se extiendan por todo el país. El Ministerio de Igualdad presentará ante el Consejo de Ministros su propuesta para la distribución territorial de estos servicios así como el gasto de 19,8 millones de euros que deberá ser transferido a las comunidades autónomas para que los desarrollen. Esta cantidad supone el primer 30% de lo que está programado que se destine a estos proyectos. En un segundo año se espera completar el 70% restante.
Los denominados centros de crisis serán puestos en marcha gracias a la financiación del plan España te protege contra las violencias machistas, que forma parte de las iniciativas financiadas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Una vez que el gasto sea autorizado por el Ejecutivo, deberá ser ratificado en una conferencia sectorial de Igualdad, prevista para este mes de abril y en la que también se prevé abordar el Plan Corresponsables, al que el Consejo de Ministros dio luz verde en marzo. Posteriormente habrá que esperar a la llegada de los fondos europeos, lo que irá sucediendo de forma progresiva desde este año y hasta 2023.
Tras más de cuatro décadas operando con éxito en EE UU, Canadá, Australia o Reino Unido, la futura ley de libertad sexual va a hacer obligatorio un recurso del que hasta el momento solo existen dos ejemplos nacionales. El primero se abrió en 2019 en Madrid y está a cargo del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, gestionada por Ciudadanos. El segundo se puso en marcha en noviembre pasado en Oviedo y ha sido promovido por el Principado, gobernado por el PSOE.
La conocida como ley del 'solo sí es sí' materializará de esta manera un requerimiento del Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. Ese tratado del Consejo de Europa apunta a un centro de estas características por cada 200.000 habitantes -lo que correspondería aproximadamente a uno por provincia- y el departamento que dirige Irene Montero quiere que esa sea la ratio mínima. Las competencias sobre dónde, cuándo y cómo abrirlos serán de las comunidades aunque existirá coordinación con el ministerio. Esa atribución autonómica tampoco restará a los municipios potestad para poner los suyos en marcha, como demostró el Consistorio madrileño. Este invirtió en su proyecto 1,2 millones, una cantidad similar al millón, como mínimo, que se espera entregar por provincia.
Equipo interdisciplinar
Los centros de crisis deben ofrecer asistencia a las víctimas de violencias sexuales 24 horas al día los 365 días del año y tienen que contar con un equipo interdisciplinar. La propuesta de Igualdad recomienda que como mínimo estén formados por una coordinadora; psicólogas y psiquiatras; abogadas; profesionales especializadas en intervención o contención en momentos de crisis o emergencia, es decir, trabajadoras sociales, educadoras sociales o pedagogas; mediadoras culturales y traductoras, y personal de administración. No se contempla un servicio sanitario porque esa es una cuestión que debe ser atendida desde el Servicio Nacional de Salud.
La atención se prestará de forma telefónica, online o presencial, sin necesidad de cita previa y sin la obligatoriedad de haber interpuesto una denuncia. Asimismo las mujeres serán atendidas tanto si el suceso ha ocurrido en el momento como si tuvo lugar en el pasado y es ahora cuando deciden romper el silencio. Destinados a mayores de 16 años, para los menores de esa edad, que también están amparados por la ley de 'solo sí es sí', se pondrán en marcha las Casas de Niños. Se trata de un recurso similar pero con una intervención diferente porque las víctimas presentan necesidades distintas.
Con estos centros de crisis Igualdad pretende dar amparo a unas víctimas que han venido estando invisibilizadas y silenciadas. Una macroencuesta del ministerio refleja que en España el 13,7% de las mujeres de 16 o más años (2.802.914) ha sufrido alguna forma de violencia sexual a lo largo de la vida y de ellas, ocho de cada diez no lo denuncian, en la mayoría de los casos por vergüenza o por temor a que no las crean.
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