Igualdad y Justicia han acordado que la futura Ley de Libertad Sexual persiga el proxenetismo "en todas sus formas" y el enriquecimiento derivado de la explotación sexual de mujeres en locales. Así lo han cerrado este miércoles los ministros Irene Montero y Juan Carlos Campo, durante un encuentro que han mantenido con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.

"Vamos a acabar con la impunidad de la industria proxeneta. Este Gobierno está dispuesto a llegar más lejos que nunca. La Ley de Libertades Sexuales incorporará la recuperación de la tercería locativa, es decir, acabar con al impunidad de los dueños de los prostíbulos", ha anunciado Montero durante su respuesta a una pregunta que se le ha realizado en la sesión de control al Ejecutivo celebrada en el Congreso.

Ambos ministerios están elaborando una modificación del Código Penal en este sentido. El objetivo es que, junto a una nueva tipificación de estos delitos, la conocida como ley del 'solo sí es sí' incorpore un 'Plan Nacional Integral, social, laboral y económico' que garantice los derechos de las víctimas, a través de un acompañamiento completo e individualizado. Se trata de incluir para ellas medidas de protección social, habitacionales y salidas laborales y económicas. 

Ya durante el estado de alarma por el coronavirus, el Gobierno puso en marcha una serie de iniciativas para reforzar el plan de contingencia contra la violencia de género,  ampliando la protección de las víctimas de trata, las víctimas de explotación sexual y las mujeres en contexto de prostitución.

En tramitación

Igualdad asegura que el anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, en la que trabaja junto a Justicia, continúa su tramitación para su evaluación por parte de órganos como el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Según ha podido saber 20minutos, el objetivo es que a finales de este mes o principios de octubre el texto pase por esas instituciones consultivas como paso final para que regrese al Consejo de Ministros y sea aprobado antes de su debate en la Cámara baja. 

Esta norma llegó a la reunión del gabinete en la semana del 8 de marzo y en junio Montero anunció que el texto experimentaría modificaciones dado que se iban a incorporar algunas alegaciones recibidas en el trámite de consulta pública. Numerosos colectivos sociales y organizaciones feministas han realizado aportaciones y otros ministerios y departamentos autonómicos han enviado sus valoraciones.