La ministra de Igualdad, Irene Montero, se había propuesto que la Ley de Libertades Sexuales iniciase su tramitación antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y lo ha conseguido. El anteproyecto llega este martes al Consejo de Ministros. Pero el conflicto que este tema ha generado en el seno del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos provocó este lunes que los socialistas no dieran todavía el texto por cerrado.

El PSOE no da por cerrada aún la redacción de la ley de violencias sexuales que Montero presionó para aprobar antes del 8-M

Mientras la titular del ramo se afanaba en explicar que esta es una "ley integral" que no solo pretende cambios en el Código Penal, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, solo daba por punto confirmado el refuerzo del consentimiento en el régimen punitivo. "Mañana otros ministros podrán incorporar elementos que consideren urgentes respecto a la seguridad y la protección de las mujeres", señaló, dejando claro que no estaba todo dicho sobre el contenido de la conocida como ley del solo sí es sí.

El anteproyecto de Igualdad contempla una reforma para definir como violencias machistas todas las conductas que impliquen vulneración de la libertad sexual. Agresiones, acoso, acecho, extorsión y engaño pederasta –incluso cuando se lleven a cabo de forma online– o infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual se prevé que sean algunas de ellas. El objetivo es "poner el consentimiento en el centro", como reclama el Convenio de Estambul, y que no haga falta violencia o intimidación para que una agresión sexual sea considerada como tal.

En ese contexto, la propuesta pasa por eliminar las diferencias entre abuso y agresión sexual, que "estaban produciendo sentencias injustas y la revictimización de muchas víctimas", dijo Montero. La ministra agregó que no solo se busca penar a los agresores, sino "sobre todo, prevenir que las agresiones se lleven a cabo". Por ello esta ley, que calificó de "pionera a nivel internacional", incorporará también medidas de prevención y sensibilización.

A la espera de conocerse el documento definitivo, en las últimas semanas ha trascendido el deseo de Justicia de postergarlo hasta obtener un proyecto de reforma más amplio. Incluso se han hecho públicas cuestiones concretas de la norma que tenían que ser corregidas. Al ganar Unidas Podemos el pulso de las fechas, desde el ministerio que encabeza Juan Carlos Campo comentaban ayer que expertos y penalistas están realizando las últimas aportaciones para "mejorar el texto", "un procedimiento habitual" para "lograr el mejor posible".

Preguntada por esas discrepancias, Montero afirmó que "todas la leyes se elaboran y se desarrollan en un proceso de diálogo, no solamente con el Ministerio de Justicia sino con otros muchos ministerios implicados". "Es una ley trabajada de forma consensuada con muchísimos departamentos y en la que el conjunto del Gobierno se ha volcado", continuó, tras resaltar que "es una ley del movimiento feminista, que la ha exigido y elaborado en las calles durante mucho tiempo", lo que contribuye a que sea "rigurosa".

La ministra avanzó que los ministerios podrán seguir haciendo aportaciones una vez que se apruebe el anteproyecto, que previsiblemente recibirá también modificaciones parlamentarias. Antes de llegar al Congreso, podrían ser necesarios incluso informes al respecto de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, además de una consulta pública, un trámite para recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo. Con este camino por delante, a la Ley de Libertades Sexuales le queda por lo tanto un largo recorrido hasta su versión definitiva.