La ley de libertad sexual amparará también a los niños víctimas de abusos

La ministra Irene Montero, en la Comisión de Igualdad del Congreso.
La ministra Irene Montero, en la Comisión de Igualdad del Congreso.
Juan Carlos Hidalgo / EFE

El anteproyecto de ley de libertad sexual inició su tramitación el pasado 3 de marzo con la llegada al Consejo de Ministros. Tras ser sometido a consulta pública, el Ministerio de Igualdad ha incorporado al texto algunas de las más de 70 alegaciones que han aportado distintas entidades.

El resultado es un segundo borrador que ya tienen sobre la mesa para su evaluación el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo Económico y Social. La norma, que fuentes de Igualdad consideran difícil que regrese al Consejo de Ministros para su aprobación antes de final de año, no ha sido alterada sustancialmente pero sí incluye novedades relevantes.

Protección de menores

En su primera versión, la propuesta para la conocida como ley del 'solo sí es sí' incluía en su ámbito de aplicación a las mujeres a partir de los 16 años, toda vez que esa es la edad en la que la legislación española sitúa el consentimiento sexual. Ahora la norma propone proteger y asistir también a los niños que sufran algún tipo de violencia sexual.

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  • Las Casas de Niños son un recurso con el que se pretende realizar en un mismo lugar todas las acciones judiciales y de atención social para niños víctimas de abuso sexual. Tanto la preconstitución de la prueba que realizan los jueces como la ayuda psicológica, sanitaria, educativa... se centra en un solo sitio, evitando que los menores tengan que desplazarse para ser reconocidos o para declarar. Ya hay algún ejemplo en Cataluña.

Esto conlleva algunos cambios en la redacción que sobre estos delitos recoge el Código Penal pero principalmente consiste en establecer itinerarios específicos para la infancia, que permitan detectar estos casos y ofrecer a las víctimas una atención integral y especializada, así como una justicia adaptada a ellas. En esta línea se busca extender en España las Casas de Niños, un modelo anglosajón que funciona desde hace años en otros países y por el que algunas comunidades autónomas ya se han interesado.

Esta es una lacra que muchas veces permanece silenciada. El informe de Save The Children Ojos que no quieren ver refleja que solo el 15% de los abusos infantiles se denuncian y que el 70% de los que entran en el sistema legal nunca llegan a juicio oral. La Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer de 2019 elaborada por el ministerio añade que más de 700.000 niñas de menos de 16 años han sufrido algún tipo de violencia sexual.

Preguntadas por si esta regulación colisiona con la ley de protección a la infancia impulsada por la vicepresidencia segunda y ya en su trámite parlamentario, las fuentes de Igualdad niegan que se den contradicciones entre ambas. Aclaran que dicha ley establecerá unas bases en lo que al amparo de los derechos infantiles se refiere, que en materia de violencias sexuales en concreto se complementará con la suya. 

Prestación de orfandad

En el marco de la reparación a las víctimas, el objetivo de Igualdad incluye equiparar a los huérfanos por un feminicidio sexual, es decir, a los hijos de mujeres asesinadas tras una agresión sexual, con aquellos que pierden a su progenitora en crímenes de violencia de género. De esta forma, la ley prevé incorporar una prestación de orfandad para estos menores.

Fondo de reparación

Otra de las novedades respecto a marzo pasa por la creación de un fondo que irá destinado a compensar a las víctimas de estas violencias, sobre todo a aquellas que presenten graves secuelas o se encuentren en una situación especialmente difícil. Desde el departamento que dirige Irene Montero explican que ese fondo se dotará con los decomisos que se hagan a la industria del proxenetismo. La propia ministra recordó hace unos días en el Congreso que "los proxenetas se llevan cinco millones de euros al día, la mayoría en dinero negro".

En esa misma comparecencia, Montero adelantó otra de las novedades incluidas en el anteproyecto: la persecución del proxenetismo "en todas sus formas", incluso sancionando penalmente a los dueños de los prostíbulos. La idea es asimismo modificar el Código Penal para aclarar la confusión que, según Igualdad, existe actualmente en la práctica entre el proxenetismo coactivo y el no coactivo. Para ello se hará hincapié en que el segundo implica que el explotador sexual se aprovecha de su situación de superioridad y de la relación de dependencia que la mujer tiene hacia él.

Otras violencias contra las mujeres

La futura ley considera violencias sexuales las recogidas en el Título VIII del Código Penal –agresión, exhibicionismo y provocación, prostitución y corrupción de menores– y añade la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acecho y la trata con fines de explotación sexual, así como la difusión digital de actos de violencia sexual, pornografía no consentida y extorsión.

Las mismas fuentes reconocen que hay otras violencias que se quedan fuera y han avanzado que se incluirán en la reforma de la ley del aborto que el Gobierno prepara. Se trata de formas reconocidas en los acuerdos internacionales y que aún no se recogen en la legislación española, como la esterilización forzada, el aborto forzado, la violencia ginecoobstétrica o los vientres de alquiler. Así, la gestación subrogada quedará calificada como explotación reproductiva.

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