El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la Ley de Libertad Sexual en segunda vuelta y el Ministerio de Igualdad espera que en septiembre sea debatida en el Congreso de los Diputados. El texto que llega en esta ocasión a la reunión del Ejecutivo mantiene el consentimiento como elemento clave pero introduce cambios en su definición. 

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Mientras los borradores anteriores determinaban que "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto", el texto definitivo señala que "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Desde el departamento que encabeza Irene Montero aseguran que se opta por un modelo de "consentimiento positivo", que ya contemplan otros países como Suecia o Reino Unido, y que "es lo que aquí se conoce como el 'solo sí es sí'". "Cuando entre en vigor la ley, las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia. Todo acto sexual sin consentimiento será agresión, lo que significa que se eliminan los abusos sexuales del Código Penal", añaden. 

La nueva redacción va más en línea con lo que establece el Convenio de Estambul en su artículo 36.2. y se ajusta al cambio que propuso en diciembre el Consejo Fiscal. Este organismo apoyó la ley por unanimidad, una postura contraria a la que manifestó en febrero el Consejo General del Poder Judicial. El plazo de un mes que inicialmente tenían los jueces para valorar esta norma se alargó a más de cuatro y finalmente en su informe rechazaron los principales puntos. 

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A la espera de que el día 6 se conozcan más detalles, Igualdad avanza que también se han producido en el proyecto de ley algunas variaciones respecto a las penas de los delitos. En un trabajo que corresponde sobre todo al Ministerio de Justicia, "se opta por un sistema progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias". "Esto permite dar una adecuada respuesta penal a la multiplicidad de circunstancias", defienden.

Asimismo se recoge un catálogo de agravantes específicas, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la especial vulnerabilidad de la víctima o el uso de armas o medios peligrosos.

Con la llegada de esta ley al próximo Consejo de Ministros, Irene Montero encadenará dos victorias consecutivas, tras la aprobación el pasado martes del Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, después de meses de confrontaciones con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La Ley de Libertad Sexual, que inició su tramitación el 3 de marzo de 2020 con su primera presentación en la reunión del Ejecutivo, también ha generado tensiones entre los socios de coalición. 

Tras dieciséis meses de vicisitudes, en los que ha habido diferencias entre Igualdad y Justicia y en los que el texto ha sufrido varias modificaciones, el ministerio de Montero destaca que España vaya a "liderar la vanguardia de los derechos de las mujeres en Europa con una clara perspectiva feminista y de derechos humanos"