Si al presidente Sánchez le hubieran dicho en febrero que el PSOE, tras una campaña errática, sería tercera fuerza en unas elecciones madrileñas –entonces ni siquiera estaban convocadas–, le habría sonado a ciencia ficción. Si hace dos meses le hubieran contado que Pablo Casado le adelantaría en algunas encuestas, probablemente no se lo hubiera creído, y si hace uno le hubieran advertido de una crisis migratoria y diplomática sin precedentes con Marruecos, le habría sonado extraño. Lo cierto es que el último mes ha sido complicado para Pedro Sánchez, pese a que su principal preocupación desde hace más de un año, la pandemia, evoluciona razonablemente bien.

El 21 de abril, hace 30 días, se detectaron en España 4.710 casos de coronavirus. Este viernes fueron 2.504, poco más de la mitad. En ese mismo periodo, la incidencia ha caído de 229 casos por cada 100.000 habitantes a poco más de 135 –una reducción del 40%–, la ocupación de las UCI ha pasado del 22,9% al 16,9% y la media de fallecidos diarios en las dos semanas previas ha pasado de 49 a 33. Con todo, el avance más significativo es el de la vacunación: el porcentaje de población con una dosis ha pasado del 25% al 34,5%, una de cada seis personas están completamente inmunizadas –hace un mes eran una de cada diez– y se están cumpliendo los objetivos marcados por el Gobierno.

Quizá los nuevos frentes que le han surgido al presidente –que este viernes cumplió cuatro años al frente del PSOE, tras ganar unas reñidas primarias en 2017– sean, precisamente, síntoma de que la normalidad se abre paso frente al virus. Estos son los retos que actualmente tiene Sánchez encima de la mesa: 

Marruecos, una crisis sin precedentes

Ha sido el asunto central de la semana: tras días de tensión y de advertencias de Marruecos a raíz de la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, unos 8.000 migrantes entraron de forma irregular en Ceuta entre el lunes y miércoles, en lo que constituye la mayor crisis migratoria que se recuerda en la ciudad autónoma. El martes, Sánchez se vio obligado a cancelar un viaje a París, realizó una declaración institucional donde exigió respeto a las fronteras y viajó a la Ceuta y Melilla. Aunque las entradas ya se han frenado, aún quedan 1.500 migrantes en la zona que no han retornado a Marruecos, y el Ejecutivo trabaja en el envío de menores a la península para descongestionar los centros ceutíes.

En las últimas 24 horas se han registrado varios intento de salto la valla de Melilla, aunque el Ejecutivo trata de calmar las tensiones bilaterales y apela al diálogo, siempre desde la exigencia de respeto a las fronteras. Margarita Robles dijo este viernes que ve "noticias esperanzadoras" en la situación en Ceuta, y Carmen Calvo sostuvo que los intentos de saltar la valla de Melilla no son más que "episodios que de vez en cuando ocurren". La Delegación del Gobierno en la zona, por su parte, destacó el "papel importante" de los agentes marroquíes al intentar contener a las entre 500 y 600 personas que han tratado de entrar.

Sin embargo, por la parte marroquí, su embajadora en España, Karima Benyaich –que permanece en Rabat como señal de protesta–, advirtió este viernes de que la crisis es "grave" y de que, si Brahim Ghali sale del territorio español "con opacidad", de la misma forma que entró, el Gobierno de Sánchez estará optando de facto por el "empeoramiento de las relaciones". Ghali, que fue ingresado en un hospital de Logroño bajo una identidad falsa, está citado a declarar el 1 de junio en la Audiencia Nacional en una causa por genocidio. Con todo, parece que aún restan capítulos por escribir de esta crisis, que esta semana ensombreció el acto estrella que Sánchez tenía en su agenda: la presentación del plan 'España 2050'.

Las heridas del 4-M y un PP al alza (hasta que se demuestre lo contrario)

La crisis con Marruecos le ha valido a Sánchez las críticas del PP, que si bien culpa a Rabat de la situación, considera que el presidente del Gobierno debería haber sido capaz de evitar el choque y de actuar con mayor previsión. En las últimas semanas, además, Pablo Casado ha elevado el tono contra el Ejecutivo, al que ve finiquitado y sin proyecto. El líder de la oposición ha dicho con insistencia que la legislatura está agotada y que los resultados de las elecciones madrileñas del 4 de mayo anticipan una ola de cambio en toda España.

Sánchez pretende agotar su mandato y tiene elementos a favor para lograrlo –sigue contando con sus socios en el Congreso, tiene los presupuestos aprobados...–, pero los sondeos reflejan una mejora de los populares. El CIS, por ejemplo, redujo la brecha entre PSOE y PP de casi 11 puntos en su encuesta de abril a sólo 4,5 en el barómetro de mayo. Se trata de la menor distancia entre ambas formaciones desde que comenzó la legislatura, y algunas encuestadoras privadas ya sitúan a los populares por delante del PSOE, principalmente gracias a los votos que recupera de Cs y al estancamiento de Vox.

De puertas adentro, el 4-M supuso el primer gran golpe electoral para el PSOE desde que Sánchez llegó a la Moncloa y ha dejado al partido descabezado en Madrid tras la dimisión de su secretario general, José Manuel Franco, y la renuncia de su candidato, Ángel Gabilondo. Los socialistas madrileños no tendrán nuevo líder hasta bien entrado el otoño, después de que el Congreso Federal del PSOE –donde Sánchez revalidará su liderazgo orgánico– se celebre del 15 al 17 de octubre en Valencia. Así las cosas, el PSOE-M tendrá apenas año y medio para intentar revertir su desplome y, al menos, recuperar la segunda plaza.

Iglesias se va, las discrepancias no: alquiler, reforma laboral, ley trans...

Sánchez, por último, también tendrá que adaptar el funcionamiento de la coalición gubernamental tras la marcha de Pablo Iglesias. Su socio, Unidas Podemos, está en pleno proceso de recomposición interna hasta la celebración de su asamblea ciudadana a mediados de junio, y en el mes que resta hasta esa fecha el partido morado vivirá el día a día con una cúpula interina, lo que puede provocar algunos desajustes.

Aunque en el PSOE gustan más las formas de Díaz que las de Iglesias –la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, elogió esta semana a la ministra de Trabajo por estar "en segundo plano" cuando "le toca"–, la estrategia de Unidas Podemos no pasa por rebajar la presión a los socialistas, sino por alejar a Díaz de las polémicas y el ruido mientras otros cargos del partido asumen perfiles más beligerantes para seguir poniendo el foco en las diferencias.

Entre las materias que pueden causar discrepancias está la regulación del precio de los alquileres –que el PSOE pactó con UP, pero donde el acuerdo aún está lejos–, la derogación de la reforma laboral –que Díaz ha prometido abordar este año– y la ley trans, que forma parte del pacto de Gobierno pero que divide a la coalición en lo que se refiere a la autodeterminación del género. Esta misma semana, los socialistas impidieron que el Congreso tramitara una proposición de ley trans de grupos independentistas y minoritarios de izquierdas, y la ley propuesta por el Ministerio de Igualdad sigue bloqueada por Carmen Calvo.