La ley trans sigue bloqueada en el seno del Gobierno, más de tres meses después de que el Ministerio de Igualdad diera a conocer su borrador de la norma, y no tiene visos de aprobarse a corto plazo. El departamento de Irene Montero insiste en despatologizar a las personas trans, en línea con las recomendaciones de la OMS, y propone que puedan rectificar la mención a su género en el registro civil sin necesidad de un diagnóstico médico ni un informe psiquiátrico. La Vicepresidencia de Carmen Calvo, en cambio, reclama que aporten "pruebas" para demostrar su género, sean "testimonios" o "documentos".

El enfrentamiento entre Montero y la posición actual del PSOE quedó patente este martes en el Congreso de los Diputados, donde los socialistas impidieron con su abstención –y junto al rechazo de PP y Vox– que comenzara a tramitarse una proposición de ley registrada por ERC y otros grupos minoritarios que, en líneas generales, coincidía ampliamente con el borrador de Igualdad. Los socialistas sostuvieron que la propuesta contenía "deficiencias" y elementos de "dudosa constitucionalidad", mientras que Unidas Podemos votó a favor. La ministra Montero insistió en que la norma será ley "esta legislatura".

El PSOE, el PP y Vox impiden que se tramite la ley trans en el Congreso

Fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por 20minutos, sin embargo, admiten que las conversaciones llevan "desde enero encalladas en el mismo punto" y que no se han registrado avances significativos. Por ello, lamentan, es "imposible" saber cuándo podrá llevarse la norma al Consejo de Ministros, primer paso para legislar antes de abordar los largos trámites parlamentarios. Las negociaciones entre Calvo, Justicia e Igualdad "nunca han cesado", pero "estamos en el mismo punto: la autodeterminación de género", reconocen.

Por su parte, la Vicepresidencia primera señala que "el Gobierno está trabajando a nivel interno" para llevar "lo antes posible" al Consejo de Ministros una "norma LGTBI" –en abril, Igualdad aceptó fusionar la ley trans y la LGTBI en un intento por allanar el acuerdo–. Las fuentes consultadas por este diario niegan que exista "bloqueo" alguno por parte de Carmen Calvo, afirman que la norma sigue en fase de "trabajo interno entre los ministerios que tienen competencias en este tema" y que se está obrando "como en cualquier otra" materia. 

Testigos y documentación

La última propuesta de la parte socialista del Gobierno pasa por exigir a las personas trans que aporten pruebas de su propio género para poder modificarlo en el Registro Civil –y, por tanto, en toda documentación oficial–. De acuerdo con un documento del Ministerio de Justicia adelantado por El País y a cuyo contenido ha tenido acceso 20minutos, se plantea que aporten testimonios o documentos –como los que acreditan tratamientos médicos o quirúrgicos– para demostrar una situación de "estabilidad" en su género. También se les obligaría a ratificar la solicitud tres meses después de efectuarla.

El PSOE, el PP y Vox impiden que se tramite la ley trans en el Congreso

A partir de ahí, la propuesta plantea conceder hasta seis meses al responsable del registro para denegar o aprobar la solicitud, lo que dejaría la resolución en manos de los funcionarios. E Igualdad considera problemático este extremo porque el hecho de dejar la decisión en manos de funcionarios abre la puerta a que diferentes registros adopten criterios dispares. De hecho, en la actualidad el colectivo trans evita a acudir a algunos registros que consideran menos proclives a atender sus demandas.

Esas diferencias revelan las muy distintas concepciones que tienen Calvo y Montero sobre cómo debe ser el procedimiento para solicitar y conseguir el cambio de género en el registro civil. Pero, además de diferir por motivos ideológicos, la parte del Gobierno de Unidas Podemos considera que las propuestas socialistas tampoco servirían para reducir demasiado el tiempo que una persona trans tarda en realizar la modificación. En la actualidad, señalan fuentes de Igualdad, se tarda una media de unos 18 o 20 meses en finalizar los trámites, mientras que con la propuesta del PSOE ese plazo se reduciría únicamente a entre 14 y 16 meses.

La ley Zerolo, los desahucios o la Casa Real, otros desencuentros

El PSOE abre un nuevo frente con Unidas Podemos con su 'ley Zerolo'

La ley trans no es la primera iniciativa en la que las diferencias que mantienen han llevado a PSOE y Unidas Podemos a votar de forma diferente. Aunque lo habitual desde que firmaron su acuerdo de coalición es que las dos formaciones acompasen el sentido de su voto, en asuntos como los desahucios, las relaciones con la Casa Real o ciertas normas relacionadas con la igualdad socialistas y morados han tenido encontronazos durante la legislatura.

Así ocurrió, por ejemplo, el pasado mes de febrero en la votación de toma en consideración en el Congreso de la ley de igualdad de trato presentada por el PSOE, que la apodó ley Zerolo. Tras días de tensiones en relación al bloqueo de la ley trans, los socialistas rompieron unilateralmente las negociaciones que mantenían con Unidas Podemos para consensuar un texto para esta ley Zerolo y la registraron en solitario sin puntos que ya se habían conseguido acordar con los morados. Ante ese movimiento, Unidas Podemos decidió abstenerse, aunque la iniciativa pudo empezar a tramitarse en el Congreso porque contó con los apoyos suficientes.

Esa fue la primera vez que PSOE y Unidas Podemos votaron diferente en una iniciativa legislativa, aunque ya habían roto previamente la unidad de voto en propuestas sin efectos legales. Ocurrió, por ejemplo, en noviembre, cuando los morados se aliaron con la CUP y ERC para solicitar en una moción -que solo es un pronunciamiento político, no una propuesta normativa- la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros básicos. Apenas unos días antes, Unidas Podemos había presentado una enmienda a sus propios Presupuestos junto a ERC y EH Bildu para forzar a que se prorrogase la protección contra los desahucios que retiró cuando consiguió su objetivo.

Los morados también han diferido del PSOE en sus reiterados -y fallidos- intentos de que el Congreso investigara las supuestas irregularidades que afectan al rey emérito Juan Carlos I. La última vez fue en enero, cuando los socialistas unieron sus votos en la Mesa de la Cámara Baja a los de PP y Vox para rechazar que se tramitase la petición de apertura de una comisión de investigación sobre el monarca. Como en las ocasiones anteriores, Unidas Podemos se quedó solo votando a favor de llevar al pleno esta solicitud.