El Defensor del Pueblo tilda de "exorbitantes" las multas por saltarse las restricciones del estado de alarma

  • Presenta en el Congreso el informe de 2020, año en el que tramitó más de 28.000 quejas.
  • Dice que el estado de alarma es “constitucional” pero pone en duda la ‘ley mordaza’.
  • Pide invertir más en el sistema sanitario, reformar el sistema de residencias y establecer un precio máximo para las PCR.
  • También solicita al Ministerio de Trabajo simplificar los ERTE por los problemas de cobro.
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Control policial en Alicante durante el estado de alarma.
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Las multas impuestas a los ciudadanos que se saltan las restricciones impuestas por las autonomías bajo el marco del estado de alarma pueden llegar a ser “exorbitantes”. Así lo cree el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, que ha entregado este jueves al Congreso de los Diputados el informe anual que recoge la gestión de la institución en 2020, un año marcado, por cuestiones obvias, por la pandemia de coronavirus. En los doce meses, se tramitaron 29.335 expedientes, entre quejas (28.020), investigaciones de oficio (406) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y amparo (909). El mayor número de quejas llegaron desde la Comunidad de Madrid (7.362 expedientes), Cataluña (3.138) y Andalucía (3.117).

En dicho documento, Fernández expone lo desmesuradas que pueden llegar a ser esas sanciones. El precio de las mismas depende de la gravedad de la infracción: incumplir el horario de la hostelería, por ejemplo, supone una multa de entre 600 y 3.000 euros; saltarse el toque de queda, considerado como una infracción grave, conlleva el pago de una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 15.000 euros; y las vulneraciones más graves, como puede ser acudir a una fiesta con más de 150 personas, están sancionadas con entre 15.000 y 600.000 euros.

El Defensor también reproduce en el escrito sus dudas sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como la ‘ley mordaza’, para supuestos como los anteriores. Dice en el escrito que “siempre” ha mantenido una posición “crítica” sobre la idoneidad de este articulado sancionador para situaciones como las narradas anteriormente y reitera la “necesidad” de reformar “algunos aspectos” de la ley.

En el texto, Fernández también reflexiona sobre el estado de alarma. Y es que, la institución informa de que algunos ciudadanos le pidieron interponer un recurso de inconstitucionalidad contra los sucesivos estados de alarma. Tanto el que estuvo vigente entre el 14 de marzo y el 21 de junio, como el que decae este próximo domingo 9 de mayo tras nueve meses en vigor. Sin embargo, las restricciones que adoptaron diferentes administraciones, el Gobierno central y las autonomías, estaban “justificadas” a su parecer “por la existencia de una grave pandemia” y por haberse adoptado en el marco legal previsto en el artículo 116 de la Constitución Española. Por ello, optó por no recurrirlo al Constitucional como sí hizo, por ejemplo, Vox, cuyo recurso fue admitido a trámite por los magistrados aunque fue rechazado en diciembre.

“Ni el Gobierno declarando el estado de alarma, ni el Congreso de los Diputados prorrogándolo, quisieron suspender derechos fundamentales. Quería era confinar a la población para salvar la vida y preservar la salud del mayor número de personas posible. También el segundo estado de alarma respetó la Constitución”, refleja el escrito.

Eso sí, el Defensor no oculta el “fuerte impacto” sobre las libertades de los ciudadanos que ha supuesto una figura legal que solo se había adoptado en 2011, tras la huelga de los controladores aéreos. Por ello, recuerda que hizo varias recomendaciones al Ministerio del Interior con el fin de paliar ciertas injusticias. Entre otras, pidió a los ayuntamientos que no impusieran medidas todavía más restrictivas que las introducidas en el primer estado de alarma.

El triple de quejas sanitarias

El impacto de la pandemia también se deja notar en el informe entregado por Fernández al Congreso. El Defensor del Pueblo recibió en 2020 el triple de expedientes sanitarios, “la gran mayoría relacionados con la crisis de la Covid”. En este sentido, señala que la pandemia ha agudizado las “carencias” del sistema sanitario, que ha vivido, dice, “la peor crisis de su historia”.

Destaca el escrito la “fragilidad de la atención primaria”, que ha provocado el grito de auxilio de sus profesionales, y también de los servicios de urgencias hospitalarios. Pero no solo, puesto que ambas cuestiones se suman al “problema crónico” de las listas de espera y, también, “la insuficiente atención pública a la salud mental”.

El documento explica que al comienzo de la crisis sanitaria, a partir de marzo de 2020, las quejas de los ciudadanos versaban sobre el temor de los mismos a su propia salud, así como la escasez de camas y de respiradores. Después, las denuncias se centraron en el cierre de consultorios, los retrasos en las consultas y el acompañamiento a pacientes ingresados.

Por ello, Fernández insiste en que “es necesario invertir más, sobre todo en atención primaria y en salud pública”, y solicita “más personal y más medios materiales, así como acabar con la precariedad y la temporalidad de los sanitarios”. La forma de lograrlo, propone, es un acuerdo de Estado que blinde el sistema sanitario como se ha hecho “para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social”.

Asimismo, Fernández expone que durante la pandemia "colapsó" el sistema de residencias. Desde la falta de atención de sanitarios como la organización de los centros, donde se registraron miles de fallecimientos. Sobre todo, en la primera ola. Por ello, pide reducir el tamaño de los centros y reforzar los servicios de inspección, dependientes de las autonomías, así como elevar las ratios de personal y regular la llamada 'medicalización' de las mismas.

También en el documento el Defensor insiste en la necesidad de marcar un precio límite para las pruebas de Covid, las PCR, cuyo precio suele superar los 100 euros y son necesarias en la actualidad para viajar. "Son fundamentales para controlar la pandemia", advierte. Ya pidió Fernández que se regulara el coste de las mascarillas cuando se convirtieron en un bien de primera necesidad tras convertirlas el Gobierno en obligatorias. 

Preocupado por las colas del hambre

Alerta Fernández de la "especial incidencia" de la pandemia en materia de vivienda, pues a pesar, reconoce, de medidas como la paralización de los desahucios o de los cortes de suministros, se hace necesario el "ajuste" de la política social de vivienda. 

Pide, entre otras medidas, ampliar el plazo de solicitud de las ayudas para alquileres de vivienda habitual e "incluir las situaciones de vulnerabilidad residencial derivadas de la Covid en las adjudicaciones de vivienda por emergencia social". De la misma forma, da voz al "elevado" número de quejas recibidas de familias que han sido desahuciadas a lo largo de los últimos meses de viviendas públicas protegidas.

En materia social, el Defensor del Pueblo en funciones muestra también su "preocupación" por el aumento de las colas del hambre provocado por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. "Preocupa el aumento de personas que se quedan sin recursos económicos de ningún tipo, sin derecho a prestación o a la espera de la resolución de ingreso mínimo vital o con una prestación o subsidio de desempleo reconocido que no resulta suficiente para afrontar el coste de sus necesidades familiares", expone.

En este sentido, cuenta que se ha dirigido a los ayuntamientos para que intenten paliar esta situación, así como a las autonomías, ya que han aumentado las quejas por el retraso del pago de las rentas mínimas de inserción ha empeorado con el establecimiento del Ingreso Mínimo Vital por parte del Ejecutivo central.

“Simplificar” los ERTE

Otra situación que refleja la Institución en el escrito es que, “pese a la amplitud de las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores asalariados y autónomos” que ha tomado el Ejecutivo de coalición, ha detectado “situaciones” que quedaban fuera de la protección social.

Es el caso de los trabajadores que estaban pluriempleados cuando se declaró el primer estado de alarma. Es decir, personas incluidas en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de sus empresas y que, al mismo tiempo, vieron paralizado su negocio. Estos debían haber contado con la prestación por desempleo, a juicio de Fernández.

Además, también el documento muestra las “numerosas” quejas recibidas en relación a la tardanza en el reconocimiento de esa situación o en el cobro de la prestación que correspondía. En mayo, por ejemplo, miles de trabajadores afectados alzaron la voz. Así, el Defensor cree necesario que, “aprovechando la experiencia de estos meses”, el Ministerio de Trabajo “simplifique todo lo posible” la gestión de estos expedientes y aumente, “con medios humanos y técnicos”, la capacidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

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