A lo largo de los casi 100 días que duró el primer estado de alarma, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado impusieron más de un millón de multas a los ciudadanos por incumplir las restricciones contra el coronavirus, con un castigo de entre 600 y 30.000 euros dependiendo de la gravedad. Diez meses después, el Gobierno confirma que se han tramitado o comenzado a tramitar el 20% de las sanciones. No hay mucha información, en cambio, sobre en qué punto están el 80% restante, que dependen de otras administraciones. Además, nadie aclara si las que no se tramiten caducarán y terminarán siendo, por tanto, anuladas, mientras los juristas alertan de que muchas de ellas podrían no ser válidas.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por 20Minutos solo tienen constancia de que el número total de propuestas de sanción impuestas entre el 14 de marzo y el 21 de junio fue de 1.142.127. Alegan las mismas fuentes que no disponen de más datos, puesto que la tramitación de las sanciones no es de su competencia, sino que recae en dos administraciones diferentes a la cartera de Fernando Grande-Marlaska: delegaciones de gobierno en el caso de la impuestas por desobediencia a la autoridad, y autonomías y ayuntamientos, las que se hayan puesto por incumplir la ley sanitaria.

En el caso de las delegaciones de gobierno, han tramitado el 20% del total. Según una respuesta parlamentaria del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a EH Bildu, fechada a 24 de marzo de 2021, hay 67.292 en tramitación y otras 161.702 ya finalizadas, lo que suma un montante de 228.994. 

Según el documento al que ha tenido acceso 20Minutos, es Andalucía la comunidad autónoma que más propuestas de sanción está tramitando o ha finalizado de tramitar ya, con casi 60.000. Le siguen en el ranking Canarias, con 34.828, y Castilla y León, con 24.732. La Delegación del Gobierno de Madrid ha hecho lo propio con 5.614 propuestas de sanción, todas las que han llegado. "La Delegación lo tiene todo al día y lo tramita en tiempo y forma", añaden fuentes del órgano que ahora dirige la socialista Mercedes González.

La duda, entonces, versa sobre el punto del camino administrativo en el que se encuentran otras 913.133 propuestas de sanción. Este diario ha contactado con cada una de las comunidades autónomas para conocer en qué punto está la tramitación de esas sanciones, pero solo tres han respondido. La Comunidad de Madrid señala que las sanciones del primer estado de alarma las impusieron los ayuntamientos y que siguen tramitándolas, aunque no dan datos concretos. El Gobierno de Navarra, por su parte, expone que impuso 3.565 sanciones, aunque tampoco informa sobre cuántas ha tramitado. La Rioja, por último, remite a una web en la que solo se dan datos de este mes de abril.

La anulación, posible fin de las sanciones

Todas las multas impuestas en el primer estado de alarma corren el riesgo, además, de no ser válidas jurídicamente, como defiende el presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid, Alberto Dorrego.

"Hay un problema principal que es la falta de tipicidad de las sanciones que se impusieron en el primer estado de alarma", expone. En una conversación con este diario, Dorrego alerta de que muchas de las sanciones "no estaban bien definidas", pues algunos supuestos no podían considerarse como desobediencia a la autoridad ni como incumplimiento de la ley sanitaria. "Yo he tenido un caso de un hombre al que le multaron por pasear al perro más lejos de lo que podía, eso no es desobediencia a la autoridad y tampoco esa falta encaja dentro de la ley de Salud Pública de 2011", incide. Todo ello, sin contar que algunos juzgados ya han anulado algunas sanciones por este conflicto jurídico. Este problema, explica el jurista, quedó solucionado con el decreto de Nueva Normalidad, posterior al fin del primer estado de alarma.

Dorrego también alerta del problema competencial de la tramitación. “Aún cuando se pueda entender que las multas están justificadas, la tramitación está organizada de manera distinta y las autonomías no están preparadas para enfrentarse a estos números de sanciones”, concluye este jurista, que no acierta a responder, por el caos legal, si esta tardanza puede suponer la prescripción de las propuestas de sanción.

Y es que, tanto la Ley de Seguridad Ciudadana, que castiga la desobediencia a la autoridad, como la de Salud Pública de 2011 contienen en su articulado que las sanciones dejan de ser válidas un año después de ser impuestas. No obstante, bajo el estado de alarma se suspendieron los plazos administrativos, por lo que ese límite podría quedar difuminado. Tampoco las administraciones han aclarado este punto.

"Muchas multas se están dejando caducar"

Por su parte, Carlos Morales, portavoz del sindicato policial SUP, asegura que "muchas de estas sanciones se están dejando caducar, aunque algunas otras sí están siguiendo su curso". Sobre todo, las más graves. En el primer estado de alarma, la Policía Nacional llegó a imponer hasta 10.000 proposiciones de sanción al día. Este alto volumen de trabajo es una de las causas, tal y como explica, del retraso en la tramitación de las multas y de que algunas de ellas se queden sin cobrar, algo que da por hecho. "Se vieron saturadas las delegaciones del Gobierno, así como numerosos ayuntamientos y autonomías", declara.

Desde el sindicato al que representa, expone, entienden la saturación de las administraciones, pero critica que "ha habido tiempo para solventar el problema" con, por ejemplo, la contratación de personal eventual. Y es que, si se dejan caer muchas de las propuestas, cuenta, "puede crear un estado de motivación negativa entre los cuerpos policiales".

Las multas, de entre 600 y 30.000 euros

Las multas por incumplir cualquiera de las restricciones amparadas en el estado de alarma oscilan entre los 600 a los 600.000 euros y están divididas entre leves, graves y muy graves:

-Infracciones leves: Superar el aforo del 50% en comercios y hostelería, hacer reuniones de más de 6 personas o incumplir el cierre de las 22.00 horas de la noche en los establecimientos, salvo servicios esenciales. La multa iría de los 600 a los 3.000 euros. Las administraciones consideran que este tipo de infracciones pueden producir hasta 15 contagios.

-Infracciones graves: Entrar o salir de una localidad con restricciones sin motivo justificado está considera como una infracción grave. Esta tiene una sanción cuya cuantía varía entre los 3.000 o 15.000 euros. La cuantía de la sanción alcanza esas cantidades porque se considera grave al poder dar pie al contagio de entre 16 y 150 personas.

-Infracciones muy graves: Son aquellas que pueden contagiar a más de 150 personas, como acudir a una fiesta. La horquilla de multa para este tipo de acciones sería de 15.000 hasta 600.000 euros.