La crisis del coronavirus ha provocado serios problemas económicos a un buen número de empresas de gran tamaño tanto en España como en el resto de Europa, y los dirigentes tratan ahora de elaborar medidas que puedan paliar estos efectos. Y, entre otras distintas fórmulas, suena el término 'nacionalizar'.
Sin ir más lejos, este jueves el vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias apuntaba que las nacionalizaciones "son perfectamente posibles en la Constitución Española", después de que BNG haya propuesto la posibilidad de nacionalizar las plantas de Alcoa y ERC haya sugerido que podría ser una "gran solución para Nissan".
La nacionalización como política económica (la intervención del Estado en una empresa o sector) genera cierta controversia, ya que, a pesar de que Iglesias haya defendido que "las nacionalizaciones no son ni de izquierdas ni de derechas", se suelen asociar más con regímenes de izquierdas que defienden una mayor intervención del Estado en la economía, frente al liberalismo económico clásico que suelen defender los partidos de centro-derecha europeos (que, no obstante, han nacionalizado empresas en varios momentos, como la crisis de 2008).
Cuando hablamos de 'nacionalizar' multinacionales cuyo capital no es español, nos referimos a la decisión de un Gobierno de intervenir sobre la dirección o explotación de sus medios productivos en España (es decir, en el caso de Nissan o de Alcoa serían sus plantas en España).
"Nacionalizar es perfectamente posible"
"Perfectamente son posibles. Si se plantea en términos jurídicos, el debate tiene una respuesta muy sencilla: sí, está contemplado en la constitución", afirma rotundamente a 20minutos Eloy García, catedrático de derecho constitucional con amplia experiencia profesional en el campo de la movilidad.
"Sería factible nacionalizar empresas para su “rescate”, para evitar su quiebra y el consiguiente impacto negativo en términos sociales. Lo que no encajaría sería proceder a la expropiación forzosa de las mismas y mucho menos si están saneadas y son rentables (iría en contra el Derecho a la propiedad privada)", matiza Daniel Sansó, profesor de derecho constitucional en la Universidad Europea. "La Constitución tiene un claro sesgo social, pero no desde el prisma de nacionalizar el tejido empresarial, ni mucho menos, como en un sistema económico comunista. Insisto, se salvaguarda la propiedad privada y ello incluye la de los bienes de producción".
"Nuestros constituyentes optaron además por configurar la Constitución Económica (la parte de la Constitución que trata aspectos de política económica) como un marco amplio y flexible. en el que caben distintas opciones políticas en materia económica. En el orden constitucional español subyace la filosofía de adoptar las medidas y reformas que hagan factible la igualdad y la consecución de un orden económico social y justo".
"Interés general es todo aquello que haga avanzar el país"
En concreto, el artículo 128 del texto constitucional regula la posibilidad de reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, lo que incluye la posibilidad de que los poderes públicos intervengan en la dirección, coordinación y/o explotación de las empresas cuando así lo exijan "los intereses generales".
"Interés general es todo aquello que haga avanzar al país. Y podría haberlo en el caso de Nissan" explica García.
Además, Sansó recuerda que hay que tener en cuenta la normativa Europea, destinada a proteger la libre competencia entre los estados miembros: "Otro elemento a tener en consideración es que la intervención estatal no puede quebrar el libre mercado europeo. El apoyo estatal quiebra los principios de libre mercado que operan en la UE. La cuestión es que, a raíz de la pandemia, Bruselas parece que ultima la aprobación de una norma que permitirá la entrada de los Estados en el capital de sus compañías. España apoya la iniciativa, pero pide que se extremen las garantías para evitar distorsiones en la competencia y asimetrías en el mercado interior".
Este tipo de desigualdades se producirían por la distinta capacidad de intervención económica que tiene cada uno de los estados miembros, que podrían de esta manera favorecer a sectores económicos de gran peso para ellos pero poco competitivos en el mercado común.
"No tiene sentido nacionalizar una empresa que no es rentable"
El hecho de que nacionalizar la empresa sea jurídicamente posible no significa necesariamente que sea una solución ideal, según ambos expertos: "La contestación en términos jurídicos evita una contestación en términos políticos", aduce García.
"El problema concreto de Nissan se arregla muy fácilmente, no nacionalizando sino manteniendo la retribución salarial de los trabajadores afectados. Pero, ¿esa es la solución? Para quien se ve en ello, sí. Pero para el conjunto del país... ¿Vamos a hacer esto con todas las factorías? Hay que buscar responsables, porque se han perdido diez años, y ver hacia donde va la economía española", prosigue.
"Nacionalizar quiere decir hacer (la empresa) propia de todos, propia de la nación. ¿Pero eso qué quiere decir?¿La nación qué es?. Aquí hay un problema grave que los españoles debemos tener muy claro. Nos están llevando a debates falsos por intereses concretos. Y eso es así para evitar afrontar la realidad del momento".
"El rescate generalizado de empresas es una trampa para las finanzas públicas"
Por su parte, Sansó también llama a la precaución en cuanto a las nacionalizaciones: "La situación que está a punto de vivir Europa trae a la memoria lo sucedido en España en las décadas de los 70 y 80, cuando el fallido experimento del Instituto Nacional de Industria (INI) evidenció que el rescate generalizado de empresas era una trampa para las finanzas públicas, cuyo riesgo crecía exponencialmente a medida que se incrementaba el número de participaciones estatales en empresas en apuros. Eran compañías a las que no se dejaba quebrar por el fuerte coste reputacional y político, pero que dejaban tras de sí un ingente reguero de pérdidas".
"Puede tener sentido (nacionalizar empresas) en sectores estratégicos, como las energéticas, telecomunicaciones, aerolíneas, afectadas puntualmente por la crisis sanitaria, incluso del sector automovilístico, pero que sean rentables. Es una forma de asegurar su supervivencia más allá de la situación crítica actual. No tendría sentido nacionalizar una empresa que no es rentable, dado que intervenirla con dinero del Estado no significa que vaya a priori a dejar de no ser rentable, por lo que simplemente supondría una rémora para la economía estatal: dilapidar dinero", sentencia.
"No se puede cerrar las ciudades al tráfico y no ver las consecuencias"
Precisamente, García opina que los problemas en el sector del automóvil que refleja el caso de Nissan son mucho más profundos: "Desde hace 15 años, el transporte individual está dejando paso al transporte colectivo. Y eso lo ha asumido y lo tiene muy claro Estados Unidos. Allí prácticamente ha desaparecido la construcción de automóviles, prácticamente ha desaparecido Detroit (una ciudad antaño muy dependiente de la industria automovilística, hasta el punto de ser conocida como la Motor City)"
"Uno de los debates del siglo 21 es el papel del automóvil en la vida del hombre. Hay ciudades, como Londres o Nueva York, en las que cerca del 95% dehabitantes carece de automóvil propio, porque no se puede circular, ese es el verdadero problema", continúa.
"¿Qué vamos a hacer, producir coches sólo para exportar?"
"Estas cuestiones no se solucionan de la noche a la mañana. El problema de Nissan es un problema grave, pero es que el día de mañana va a ser un problema más grave extendido a todas las empresas (del sector automovilístico). El problema es qué papel tiene el sector automovilístico en el año 2020".
"Lo que no se puede es decir que vamos a cerrar nuestras ciudades al tráfico y no ver las consecuencias de esto. ¿Qué vamos hacer, producir coches sólo para exportar?", concluye.
"No es un problema jurídico"
"La Unión Europea está abriendo la puerta a la irrupción del Estado en el capital de las empresas en riesgo de colapso con pretexto de que esta eventual nacionalización de tejido empresarial reduciría el riesgo que para la economía de la UE", afirma por su lado Sansó. "Pero esto sería una operación de macrosalvamento empresarial que encierra el riesgo de generar distorsiones de competencia en el mercado europeo ante la distinta capacidad financiera de los países para acometer nacionalizaciones".
"No es un problema jurídico", concuerda García. "Nissan y prácticamente todas las plantas españolas de fabricación de automóviles difícilmente aguantarán la próxima década. Porque la propia estructura de la fabricación de automóviles no tiene sentido".
"En política, quien decide la pregunta condiciona la respuesta. ¿Se puede nacionalizar?, Pues claro que se puede. ¿Resuelve eso el problema? No. Yo objeto la pregunta", concluye.
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