Los representantes de la Generalitat y del Gobierno han ido este jueves todos a una ante la decisión de Nissan de hacer desaparecer sus plantas en Cataluña. El presidente del Govern, Quim Torra, ha explicado que ha hablado con el del Estado, Pedro Sánchez, y ha asegurado que ambos han acordado activar "todos los mecanismos" necesarios para intentar "revertir" el cierre. Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha hecho saber que el Gobierno ha contactado con la dirección del grupo nipón para pedirle que reconsidere su decisión y abra un grupo de trabajo con el Ejecutivo y la Generalitat para buscar soluciones.

Torra ha afirmado que el Govern hará "todo lo que esté en sus manos", ha calificado de "noticia injusta" el anuncio del cierre y ha avanzado que los departamentos del Govern implicados en esta crisis industrial se coordinarán con los diferentes ministerios para "actuar de manera decidida" ante el "grave problema" que se presenta. También ha llamado a los alcaldes de los municipios afectados y al Consorci de la Zona Franca a sumarse al frente común. "Todas las administraciones tenemos que trabajar unidas", ha dicho.

Maroto, por otro lado, ha confiado en que el diálogo con Nissan sirva para encontrar una "solución industrial", que no necesariamente pasaría porque la multinacional nipona siguiera en Cataluña. En este sentido, ha dicho que "se pueden plantear distintos escenarios" y no ha descartado la entrada de un nuevo "socio alternativo".

Sin embargo, ha afirmado que aún ve futuro en un proyecto industrial de Nissan en Barcelona vinculado a vehículos eléctricos, pese a que "la situación financiera" de la compañía "es muy complicada", y ha señalado que el cierre de la planta de la Zona Franca le va a costar más de 1.000 millones de euros y va a llevar su tiempo. También ha recordado que hace unos meses el Gobierno y la Generalitat presentaron a la presidencia de la multinacional un plan de viabilidad, pero ha indicado que la pandemia del coronavirus ha modificado el escenario y ha impactado "duramente" sobre el mercado de la automoción.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha informado, por su parte, de la creación de una oficina técnica con el fin de trabajar para evitar el cierre y ha afirmado: "Unas plantas no se cierran de un día para el otro. Hay un proceso de negociación. Insistimos en que reconsideren su situación".

Y las palabras más duras contra Nissan han sido las de la consellera de Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que ha reprochado a la compañía el "menosprecio" mostrado hacia la Generalitat, que, según ha asegurado, ha hecho todo tipo de gestiones para intentar mantener las plantas. Chacón también ha señalado que la multinacional ha recibido 25 millones en ayudas públicas en los últimos 15 años.

El Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado una declaración de apoyo a los trabajadores de Nissan, que se suma a la declaración institucional en el mismo sentido aprobada el martes por el Parlament.

Colau: "La decisión se puede revisar"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que el cierre de las plantas de Nissan es una mala decisión de la compañía que "se puede revisar". Además, ha pedido a las fuerzas políticas "la máxima unidad" con las administraciones para defender el proyecto de futuro de la multinacional en el área metropolitana. El Ayuntamiento de Barcelona y Nissan han acordado mantener una vía de interlocución.