Radiografía de la situación: "Legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía", "actuación exasperantemente lenta", "absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero", "prescripciones incomprensibles", "indultos a corruptos" y "agujeros negros en la ejecución de sentencias". Y como colofón de todo, faltan medios legales, materiales y humanos para combatir la corrupción. Todas estas palabras salieron en abril de 2014 de la boca del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. La opinión del fiscal se traslada a la calle, donde una ciudadanía cansada de políticos y empresarios deshonestos, ha plasmado en las últimas encuestas del CIS su preocupación por la corrupción. En el CIS de noviembre de 2014, la preocupación de los españoles por la corrupción alcanzó su récord histórico (el 63,9%), aunque en febrero de 2015 bajó al 48,5%.

Gürtel, Palma Arena, caso Noós, caso Fabra, los papeles de Bárcenas, los ERE de Andalucía, caso Pujol, las tarjetas de Caja Madrid, los diversas investigaciones abiertas en cajas de ahorro, caso Malaya, los cursos de formación de UGT, caso Emperador... y el más reciente, el caso Púnica. La lista es interminable. Los 110 fiscales adscritos a Anticorrupción reconocen que no dan abasto, y señalan que solo en un año se han duplicado las denuncias que les llegan (en 2013 recibieron 434), han crecido bastante las diligencias previas que abren tras recibir esas denuncias, y han subido también los procedimientos judiciales en los que se transforman esas diligencias. Actualmente, según fuentes del Poder Judicial, hay unas 1.700 causas por corrupción abiertas en toda España con unos 500 políticos implicados, la mayoría en Andalucía, con 540 instrucciones judiciales. De estos 1.700 casos, 17 se extienden por toda España y están encausados en la Audiencia Nacional. Otros 302 constituyen 'macropreocesos'. Estos son los más relevantes.

Caso Gürtel. Uno de los más complejos que se instruye en la Audiencia Nacional, destapado en el año 2009. El caso ha ya generado 1.671 tomos (y cada uno suele tener unas 350 páginas) de documentación y ha obligado a cursar 145 comisiones rogatorias a 21 países. Hay 180 imputados divididos en tres piezas. Y la pieza principal (hay otras dos con Bárcenas y la rama valenciana) fue dividida a su vez en dos ante su complejidad. El juez Pablo Ruz ya ha finalizado la instrucción del periodo comprendido entre 1999 y 2005 y acaba de abrir juicio oral, sentando en el banquillo a 40 imputados, y declarando a la exministra Ana Mato y al PP partícipes a título lucrativo (no cometieron el delito pero se beneficiaron de él).

Los papeles de Bárcenas. En marzo de 2013 se abrió una pieza separada del caso Gürtel. Hay 24 imputados y en ella se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular entre los años 1990 a 2009, presuntamente recogida por los ex tesoreros Luis Bárcenas Gutiérrez y Álvaro Lapuerta Quintero. El juez Ruz intenta dilucidar si los apuntes son pagos de empresarios y constructores al partido, dinero que luego se utilizó para pagar sobresueldos a dirigentes del PP e incluso para reformar varias sedes del partido. El juez Ruz asegura que ha quedado acreditada la contabilidad B del PP. La Audiencia Nacional acaba de dar vía libre para la apertura de juicio.

La pieza valenciana de la Gürtel. En Valencia, seis piezas separadas del caso Gürtel siguen en manos del magistrado José Ceres. En total son 70 los políticos, altos cargos y empresarios imputados en estas seis piezas: la financiación ilegal de la campaña para las municipales y autonómicas de 2007, la campaña de las generales de 2008, el contrato de RTVV para la retransmisión de la visita del Papa en 2006, los contratos del Consell con las empresas de Correa y los delitos fiscales de las empresas de este. De estos 70 nombres, más de un veintena son cargos públicos. La investigación salpicó de lleno al PP de la Comunidad Valenciana y prácticamente a toda su cúpula. El 'caso de los trajes' finalizó con la absolución del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del número dos del partido, Ricardo Costa, por aceptar trajes de la trama. En este caso si fueron condenados Víctor Campos, expresidente de la Generalitat y Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Consellería de Turismo. Se declararon culpables de cohecho pasivo.

El clan de los Pujol. La fortuna del matrimonio Pujol-Ferrusola y los negocios de tres de sus hijos (Jordi, Oriol y Oleguer) están bajo sospecha, con varias investigaciones abiertas, que también salpican al Gobierno catalán de CiU. La familia ha ya declarado ante el Parlamento catalán.

Caso Palau. El caso está pendiente de las últimas diligencias antes de abrir juicio oral. El juez instructor sostiene que durante años la empresa Ferrovial logró contratos multimillonarios del Gobierno de CiU que presidía Jordi Pujol por los que pagó comisiones ilegales a Convergéncia. La sede central del partido fundado por Pujol está embargada por este proceso judicial. Las supuestas mordidas se pagaron a través del Palau de la Música, al que Ferrovial hacía generosas aportaciones camufladas como patrocinio. Dos ex tesoreros de CiU, los máximos responsables del Palau y ex directivos de Ferrovial están imputados.

Manel Bustos. Exalcalde socialista de Sabadell (Barcelona). Imputado por omisión del deber de perseguir delitos en el 'caso Mercurio' de presunta corrupción urbanística en el que hay imputados más de 30 empresarios, funcionarios, abogados y políticos. También irá a juicio por tráfico de influencias junto a su hermano y concejal de la ciudad, Francesc Bustos, y el diputado Daniel Fernández por presionar a la alcaldesa de Montcada (Barcelona), que será juzgada por prevaricación, para que contratara a una técnica no apta pero socialista como ellos. La justicia investiga los presuntos sobresueldos que recibieron 41 alcaldes de la Federación de Municipios de Cataluña (imputados por este caso) cuando él presidía el ente.

Jordi Ausàs. Exconsejero de Gobernación con el tripartito (ERC). Condenado a cuatro años de cárcel y una multa de 195.000 euros por contrabando de tabaco y pertenencia a organización criminal. Se aprovechaba de su cargo, sabía que la policía no registraría su vehículo, para introducir tabaco desde Andorra.

Lluís y Vicenç Gavaldà. Ex altos cargos de UDC. Condenados por fraude de subvenciones y falsedad documental por el caso 'Pallerols', de desvío de subvenciones de la Unión Europea para cursos de formación entre 1994 y 1999.  El primero fue condenado a un año y medio de cárcel y el segundo, a siete meses, igual que el empresario andorrano Fidel Pallerols, juzgado en septiembre por fraude fiscal. Vicenç Gavaldà y Pallerols ingresaron en prisión en mayo (el Gobierno les denegó el indulto y la Audiencia de Barcelona ordenó que cumplieran la pena la gravedad de los hechos) y en julio obtuvieron el tercer grado. Tuvieron que pagar 388.000 euros con Unió, que admitió haberse beneficiado del desvío de fondos.

Comunidad Valenciana. Altos cargos de la Generalitat, exdiputados autonómicos, alcaldes, concejales, funcionarios... La corrupción se ha extendido a todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana, controladas por el PP desde hace años. El periodista Sergi Castillo publicó el año pasado el libro "Tierra de saqueo", un exhaustivo trabajo de investigación y documentación en el que destripa los principales casos de corrupción en la Comunidad Valenciana, donde se ha alcanzado la cifra de 100 imputados.

Josep Lluís Núñez y su hijo Josep Lluís Núñez Navarro. Empresarios. El expresidente del FC Barcelona y su hijo fueron condenados a seis años de cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda en sus revisiones y eludir así el pago de impuestos de los beneficios obtenidos por el grupo constructor que administran, Núñez y Navarro. El Tribunal Supremo rebajó la condena a dos años y dos meses y los condenados solicitaron la suspensión de la pena a la espera de que el Gobierno resuelva su petición de indulto, pero la Audiencia de Barcelona ordenó su ingreso en prisión, que podría producirse en las próximas semanas.

Joaquim Nadal. Exalcalde de Girona, exdiputado y exconsejero de Política Territorial y Obras Públicas del tripartito (PSC). Imputado por estafa a raíz de una operación urbanística en Santa Cristina d'Aro (Girona) igual que el exgerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl, su acrónimo en catalán) Emili Mas. Un empresario les ha denunciado por una permuta firmada en 2006: recibió 7,5 millones de euros y unos terrenos, que resultaron ser inundables, a cambio de los terrenos en los que iba a construir un polígono industrial.

Jordi Cañas. Exdiputado de Ciutadans. Imputado por defraudar 429.203 euros cuando era administrador y socio de una empresa inmobiliaria en un caso en el que estarían implicados su exmujer, el hermano de esta y ocho personas más. Dejó el escaño.

Caso 'Palma Arena'. El caso comenzó en agosto de 2008 tras la denuncia del conseller de Deportes del Gobierno Autonómico de Baleares, el socialista Mateu Cañellas, quien aseguró que el anterior Gobierno del PP presidido por Jaume Matas había autorizado un gasto total de 90,6 millones de euros para el velódromo, casi el doble de los 48 millones presupuestados. La Fiscalía Anticorrupción investigó los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho. Hay una 30 de imputados y el caso se dividió en 27 piezas, de las que quedan abiertas 15, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

Caso 'Noós'. La pieza más mediática de las 27 en las que se divide el 'Palma Arena'. La instrucción ya está cerrada después de 1.436 días de indagaciones, reflejadas en un sumario que supera los 58.500 folios y los 62 tomos. Fue abierta en julio de 2010 para investigar las supuestas actividades irregulares del instituto que le da nombre a la causa, dirigido por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Durante la instrucción han declarado 32 imputados y alrededor de 300 testigos. Finalmente, el juez Castro cerró la instrucción con 16 imputados.

Los ERE de Andalucía. El caso ya acumula 207 imputados. Es un caso que se desprende de otro, el 'caso Mercasevilla', en el que se investiga, además de las supuestas irregularidades en la formalización de un ERE (expediente de regulación de empleo), delitos de malversación de fondos, ventas fraudulentas de terrenos y delitos societarios. La investigación sacó a la luz la presencia de varios intrusos en la lista de trabadores beneficiados por las jugosas prejubilaciones subvencionadas por la Junta. Estas son las claves del caso.

Caso Mercasevilla. Antonio Rodrigo Torrijos (IU), ex teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla, imputado en el caso Mercasevilla por maquinación para alterar el precio de las cosas, prevaricación, delito de fraude y exacciones ilegales de funcionarios y delito societario. Imputado en Fundación de Sevilla por malversación de caudales públicos y falsificación en certificados.

Los cursos de formación. Conocida como 'Operación Edu'. La Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que habría contado con la colaboración imprescindible de altos cargos de la Junta de Andalucía. Los investigadores creen que entre 2009 y 2011, los años en los que se centran las pesquisas, la trama habría malversado presuntamente fondos públicos por valor de 2.000 millones de euros, el fraude más elevado que se haya investigado nunca en la historia de España. De demostrarse, la cantidad defraudada superaría el dinero investigado en el caso de los ERE de Andalucía, 1.350 millones de euros. La envergadura del caso es tal que la Policía ha tomado declaración a 3.000 personas.

Financiación irregular de la UGT-Andalucía. Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, los dos últimos ex secretarios generales de UGT-A.  Se investigan facturas falsas y cobro de comisiones ilegales. Imputados por posibles delitos de falsedad y otros. Aún en fase de investigación y no han declarado. Según la Fiscalía, ambos son responsables de la financiación ilegal de UGT-A por medio de "la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".

Operación 'Malaya'. En octubre de 2013, la Audiencia Provincial de Málaga dictó la sentencia (5.774 páginas) de la 'operación Malaya', que supuso la primera disolución de un Ayuntamiento en la democracia. El fallo asegura la "firme convicción" de que en el Ayuntamiento se había instaurado un "sistema de corrupción generalizada". Tras cinco años de instrucción, y dos años de juicio y otro año para redactarla, la sentencia considera probado que Juan Antonio Roca recibía dinero de promotores con intereses urbanísticos en la zona. A cambio, él se encargaba de manejar a los ediles, encargados de aprobar licencias contrarias al planeamiento en su beneficio. En el juicio, 43 de los 95 acusados quedaron absueltos.

Caso Minutas. José María del Nido, abogado y expresidente del Sevilla. Está en prisión tras ser condenado a siete años por la Audiencia de Málaga por prevaricación, malversación y fraude. Un caso que se originó gracias a la investigación del 'Malaya'. Cobró facturas irregulares valoradas en 2,7 millones de euros.

Caso Manilva. Antonia Muñoz (exmilitante de IU hasta que fue expulsada en 2013 y se quedó como no adscrita), exalcaldesa de Manilva (Málaga) desde 1987, imputada por contrataciones irregulares en el Consistorio. El juez investiga si contrato a miembros de la lista de IU, familiares directos de Muñoz y parientes políticos de estos. En total, más de 70 supuestos enchufados.

Caso Baltar. El expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, fue condenado en julio de este año por prevaricación por 'enchufar' en la institución que él presidía a 104 personas, que costaron a las arcas públicas 697.000 euros. El juzgado inhabilitó a Baltar durante nueve años, aunque él está ya retirado. "Parece que la Diputación era una empresa privada en la que se contrataba a quien parecía oportuno al acusado", sostiene la sentencia.

Operación Púnica. La última en destaparse. Más de 50 detenidos en Madrid, Murcia y León. Una trama de empresarios que conseguían contratos en varias Administraciones públicas, como la Comunidad de Madrid. A cambio pagaban comisiones y regalos. Un empresario ha presentado un escrito a Anticorrupción explicando el funcionamiento de la trama, centralizada en varios municipios del sur de Madrid, como Valdemoro. El juez imputa varios delitos: blanqueo de capitales, fraude fiscal, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos. El juez Eloy Velasco sigue investigando ahora las conexiones de la trama como la Comunidad de Madrid. La última imputada ha sido Isabel Gallego, directora de Comunicación del Gobierno madrileño y actual jefa de campaña de Esperanza Aguirre

José Ángel Fernández Villa, exsecretario general del sindicato Soma Fia y exsenador por el PSOE. El histórico líder sindical asturiano ha sido puesto en la picota después de que se haya conocido que se acogió a la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones de euros de una supuesta herencia que tenía residida en Suiza. La Fiscalía y la Comisión contra el blanqueo le investigan por el posible origen ilícito de este dinero.

Caso Marea. En Asturias, los jueces investigan una presunta trama que adjudicaba contratos públicos a empresas a cambio de viajes y regalos económicos. Actualmente el caso está en la Audiencia Provincial de Asturias y afecta a unas 17 personas.

Caso Bankia/tarjetas B: La cuarta entidad financiera española fue rescatada y recibió una ayuda pública directa de más de 22.000 millones de euros, lo que provocó fuertes pérdidas en accionistas y dueños de preferentes y deuda subordinada. Ante estas irregularidades, el partido UPyD y la plataforma ciudadana 15MpaRato emprendieron una querella penal por supuestos fraudes en la salida a Bolsa de Bankia. A partir de esta investigación se han creado varias piezas separadas, relacionadas con la comercialización y diseño de las participaciones preferentes y con la creación y mantenimiento de las llamadas tarjetas B de Caja Madrid. Hay más de 70 imputados.

En diciembre de 2014, dos informes de los peritos designados por el Banco de España para emitir su opinión sobre el caso concluyeron que las cuentas de la entidad durante la salida a Bolsa de Bankia no reflejaban la imagen fiel de la entidad. Desde entonces, se han disparado los acontecimientos, y el juez Andreu ha impuesto una fianza civil de 800 millones de euros a la propia Bankia, a la matriz BFA y a los antiguos ejecutivos Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francesc Verdú. La decisión ha sido recurrida incluso por la Fiscalía, toda vez que los informes periciales han recibido numerosas alegaciones.

Por su parte, la pieza separada de las conocidas como tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, ha proseguido con la imputación e imposición de fianza a todos aquellos ejecutivos y consejeros que reconocieron haberlas utilizado sin haber tributado específicamente por ese concepto. El juez instructor ha emitido duros autos en los que avanza la posibilidad de una próxima apertura de juicio oral; y es que ni las explicaciones aportadas por los encausados ni el hecho de que Hacienda conocía su existencia parecen haber convencido a Andreu, que da por hecho que hay indicios de administración desleal y apropiación indebida, entre otros delitos.

Catalunya Caixa. La entidad financiera catalana fue rescatada y nacionalizada después del empleo de más de 11.000 millones de euros. A raíz de la entrada del capital público se iniciaron investigaciones sobre los aumentos de salarios, remuneraciones y blindajes mientras las entidad se debatía entre la continuidad y la insolvencia. Recientemente, el FROB ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción un grupo de operaciones presuntamente irregulares que sumarían un quebranto conjunto de más de 900 millones de euros.

Banco de Valencia. El banco, perteneciente a Bancaja, fue rescatado con más de 4.500 millones de euros públicos y a raíz de la intervención se han investigado presuntas irregularidades relacionadas con la falsedad de las cuentas de la entidad. Están imputados por ello los consejeros y principales directivos, de los que también se sospecha que pudieron conceder créditos de forma irregular y sin los debidos controles. Este mismo mes, el juez Pedraz ha comenzado a interrogar a antiguos altos cargos del banco por sus operaciones inmobiliarias con Ramón Salva.

CCM. Otra entidad nacionalizada de la que se sospecha que sus antiguos gestores podrían haber manipulado y falseado las cuentas para ocultar su verdadera situación de quebranto. El caso ya ha finalizado su fase de instrucción y está pendiente de que se celebre el juicio oral.

CAM. Acusados de apropiación indebida, administración desleal y delito societario, antiguos directivos y administradores de la Caja del Mediterráneo se enfrentan a un inminente juicio oral después de que la entidad fuera rescatada y haya sido la que ha provocado un mayor quebranto para el contribuyente. En febrero, la Audiencia Nacional absolvió al exdirector general Roberto López Abad y al expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés por el pago de dietas presuntamente irregulares, ya que todas las operaciones contaron con el visto bueno de la entidad.

Novacaixagalicia. La entidad nacionalizada por el FROB es motivo de investigación por los altos salarios y remuneraciones adjudicados a sus anteriores dirigentes.

Banco Santander/Banesto. Mientras dirigía Banesto, el posteriormente consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz autorizó la puesta en marcha de una falsa querella contra unos empresarios. El caso, resuelto en su contra, fue motivo de indulto por parte del Gobierno de Zapatero, si bien el Supremo lo anuló posteriormente.

Caixa Penedés. La entidad (ahora consolidada dentro de Banco Mare Nostrum) está bajo el foco público debido a las fuertes remuneraciones y pensiones autoconcedidas por la cúpula de la entidad. El juicio ya tuvo lugar y fue resuelto en contra de los acusados.

Operación Crucero. Empresas pantalla, concursos de acreedores… la llamada Operación Crucero investiga la presuntamente fraudulenta quiebra del Grupo Marsans. La Justicia sospecha que los administradores y gestores de la compañía, de la mano del empresario valenciano Ángel de Cabo, sustrajeron recursos de la misma de forma ilegal hasta el punto en el que la entidad fue insostenible.

Caso Plaza. Es el proceso judicial por corrupción más extenso de Aragón. La investigación arrancó hace algo más de un año con la detención en Zaragoza de tres personas en una operación contra blanqueo de capitales. Hay 21 personas que siguen imputadas por diversos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y malversación de caudales públicos que según los peritos podrían superar los 100 millones de euros. El juez investiga un gran volumen de facturas falsas que supuestamente emitieron promotores y contratistas de la constructora Acciona-Mariano López Navarro, que se encargó de la urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza, de ahí el nombre del caso).

En este caso también están imputados, entre otros, el empresario Miguel Ángel Cantero; el ingeniero de Intecsa, Nicro Groeneveld; el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes; el exgerente de la UTE Acciona-Mariano López Navarro Miguel Ángel Bretón; los socios de Construcciones Hernández Langa, Francisco Hernández y Carmen Castillo; el propietario de Codesport y antiguo dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias; Enrique González Almazán, de Entrerríos Automatización; el presidente de Porcelanosa, Manuel Colonques; el administrador de Viveros Joven, Francisco Joven; los dueños del Grupo Margalejo, José Luis y Ramón Margalejo, y los miembros de Lexton Javier Blasco, José Luis Rodríguez Cachafeiro y María del Mar Jaso.

Agapito Iglesias, expropietario del Real Zaragoza y empresario en Aragón, dueño de Codesport. Imputado en los casos Plaza y Codesport (por presunta malversación, falsedad, administración desleal y estafa). El caso Codesport investiga el presunto sobrecoste de 17,8 millones de euros en un grupo de naves adjudicadasa la empresa de la que toma el nombre este caso, propiedad de Agapito Iglesias. Es un proceso paralelo al de Plaza, centrado también en supuesta corrupción por compraventa de unas naves en la plataforma logística. Hay cuatro imputados por malversación, falsedad, administración desleal y estafa: el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el exviceconsejero de Obras Públicas con el pasado Gobierno socialista en Aragón Carlos Esco; Agapito Iglesias; y el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes.

Caso Molinos.El 18 de marzo de 2009, la Policía detuvo a la por entonces alcaldesa de La Muela (del PAR), Mariví Pinilla, y a otras 17 personas. Los acusaban de un supuesto delito de corrupción urbanística (cohecho y blanqueo en un primer momento) en el que era uno de los pueblos más ricos de toda España, rodeado por 500 molinos de viento cuyo Ayuntamiento llegó a subvencionar viajes al Caribe y que al final dejó un agujero de 25 millones de euros en las arcas municipales. El fiscal pide para la exalcaldesa penas que suman 37 años de prisión y multas por más de 22 millones de euros. En total hay 45 imputados que suman 183 delitos.

Carlos Esco. Antiguo viceconsejero de Obras Públicas con el gobierno del PSOE en la pasada legislatura en Aragón. Acusado actualmente en el Caso Codesport por presunta malversación, falsedad, administración desleal y estafa (también lo estuvo en los casos Caladero y Apartadero, ambos brazos del caso de supuesta corrupción urbanística de la Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza).