El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido la apertura de juicio oral a cinco exdirectivos de Novacaixagalicia, entidad resultante de la fusión de las extintas cajas de ahorro gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, por cambios en sus contratos de alta dirección para el cobro de indemnizaciones millonarias. El abogado Ricardo Pradas, que ejerció de asesor en el comité de retribuciones, también será juzgado.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicitó tres años de prisión para el excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, cuatro antiguos directivos de la caja y un abogado por la presunta comisión de delitos de apropiación indebida y, alternativamente estafa, por asignarse prejubilaciones millonarias pese a la difícil situación que atravesaba la entidad.

El Ministerio Público considera autores del delito al que fuera director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego; al exdirector general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; al exresponsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán, y a uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada autores de la estafa, y asegura que Fernández Gayoso y el letrado Ricardo Pradas actuaron como cooperadores necesarios.

Pide, además, a los seis acusados la devolución de 18,9 millones de euros, cantidad que se asignaron fraudulentamente en sus pensiones de jubilación, y una multa de 75.000 euros. Las fiscales Concepción Nicolás y Pilar Melero concretan que Pego se apropió indebidamente de 7,7 millones, Rodríguez Estrada de 691.261 euros, Gorriarán de 4,8 millones y García de Paredes de 5,6 millones.

En su escrito provisional de acusación, Anticorrupción precisa que tres de estos cuatro altos directivos —Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán— acordaron, en pleno proceso de fusión de Caixanova y Caixa Galicia, "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras en los contratos de alta dirección que garantizaran la liquidación y rentas vitalicias futuras en el caso de producirse su previsible salida de la entidad crediticia tras la fusión".

El auto del juez, al que ha tenido acceso Europa Press, les da 20 días de plazo para que presenten escrito de defensa y para que, de forma solidaria y en el mismo plazo, presenten una fianza equivalente al dinero que se les reclama, 18,9 millones, "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que les pudieran imponer".