El juzgado central de instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional ha ampliado este jueves las imputaciones que pesan sobre el antiguo consejo de administración de Banco de Valencia (BdV), entidad que entonces formaba parte del grupo Bancaja y ahora -después de ser intervenida, nacionalizada y recapitalizada con 4.500 millones- está controlada por La Caixa. Los instructores sospechan que pudo haber un falseamiento de sus cuentas; delitos que se unen a los ya expuestos por la Audiencia en mayo de 2013 por administración desleal.

El juez ha imputado a los miembros del consejo de administración de BdV que se reunieron el 29 de enero de 2010 para formular las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2009. Así, se han ampliado los delitos que pesan sobre el expresidente de la Comunitat Valenciana José Luis Olivas y sobre otros doce exconsejeros del banco.

Junto a los miembros del consejo de administración, la Audiencia Nacional ha imputado también por delito de falsedad contable a Miguel Monferrer, socio de la auditora estadounidense Deloitte encargado de revisar las cuentas del banco. La sospecha es que se falsearon las cuentas anuales de 2009, que fueron aprobadas por el consejo de entonces y posteriormente visadas por Deloitte en febrero de 2010.

El instructor se remite a un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) en el que se mencionan "numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito" y maniobras para evitar contabilizar créditos refinanciados en estado de dudosos. Estas operaciones habrían afectado a la solvencia real de la entidad, que tendría por ello un déficit de provisiones de 177 millones de euros.

El informe de la IGAE hace referencia a los sucesivos informes de la inspección del Banco de España que apuntaban ya en 2009 a deficiencias en el tratamiento contable de los créditos refinanciados. Por eso, la Audiencia Nacional estima que "en el supuesto de que los cálculos del BdE sean los correctos o si existe un error en la cobertura genérica considerada y el efecto negativo es superior al señalado, los administradores del banco y el auditor deberán dar explicaciones sobre la diferencia de cálculo entre las cuentas aprobadas y revisadas y la inspección", concluye el magistrado.

Junto a las imputaciones, el instructor reclama una serie de diligencias al Banco de España a propuesta de la Fiscalía, destinadas a comprobar "determinados extremos relacionados con las anomalías detectadas". Pide así todos los informes de seguimiento a Banco de Valencia correspondientes a los trimestres posteriores al 30 de junio de 2010, así como aclarar si entre marzo de 2009 y julio de 2011 se cursaron "recomendaciones" de la inspección de forma no escrita.

El instructor reclama además, entre otras aclaraciones, todas las actas y otros documentos elaborados con motivo de las reuniones "donde figuren las deficiencias en la clasificación de riesgos y coberturas a la provisión, y las medidas ofrecidas y/0 aceptadas por el Banco de Valencia".