Fraude fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho... son algunos de los delitos de los que se a los miembros de la familia Pujol-Ferrusola. La justicia española les investiga en tres causas, dos en la Audiencia Nacional y en el juzgado de instrucción número 8 de Barcelona. En estos procedimientos están imputados el expresidente de Cataluña Jordi Pujol, su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos: Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decretado este martes el ingreso en prisión incondicional sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán, tras conocerse que sacó de España hasta 30 millones de euros en plena investigación judicial. La Audiencia Nacional investiga el origen de la fortuna que el expresidente de la Generalitat confesó que había mantenido oculta en el extranjero durante más de 30 años.

La investigación comenzó en un juzgado de Barcelona pero este se inhibió a favor del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata, que ya investigaba por presunto fraude fiscal y blanqueo al primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola. En esta causa están imputados Jordi Pujol, Marta Ferrusola y todos sus hijos menos Oriol.

Además, el juez titular del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga al menor de los hermanos, Oleguer Pujol, en un sumario por presunto blanqueo y fraude. En una pieza separada figuran también Jordi, Josep y Pere por presunta corrupción. Mientras, el juzgado de instrucción número 8 de Barcelona  sigue el caso sobre Oriol Pujol, ex secretario general de Convergència, el cual es investigado en el caso de las ITV por presunto cohecho y tráfico de influencias.

Jordi Pujol Soley (Barcelona, 1930). Licenciado en Medicina, aunque no llegó a ejercer. En 1960, un Consejo de Guerra le condenó a siete años de cárcel tras una protesta catalanista antifranquista en el Palau de la Música coincidiendo con una visita de Franco a Cataluña. En 1982, Banca Catalana —que había fundado con otros financieros— entró en crisis después de que un falso anuncio de suspensión de pagos provocó la salida del 38% de los depósitos. Los tres administradores nombrados por el Banco de España detectaron un fuerte desequilibrio patrimonial y la Fiscalía General del Estado se querelló contra los 18 exdirectivos de la entidad, incluido Pujol, por apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosas. El caso acabó archivado.

En 1999, el PSC pidió explicaciones al Govern sobre los contratos adjudicados a 19 empresas vinculadas con familiares de Jordi Pujol los nueve años anteriores y en varias ocasiones ha sido acusado de nepotismo por favorecer a familiares y sus empresas. Además, en 2005, el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, insinuó que CiU recibía comisiones del 3% a cambio de la adjudicación de obras públicas. Nueve años después, la instrucción del caso ha finalizado y la Fiscalía pide penas de hasta diez años de cárcel para los imputados por el 'caso Adigsa', en el que se llegaron a cobrar comisiones del 20%.

En 2012, en plena campaña electoral catalana, el periódico El Mundo acusó a Jordi Pujol y al presidente de la Generalitat y entonces candidato a la reelección, Artur Mas, de tener cuentas bancarias en Suiza basándose en un borrador de un informe policial sin fecha ni autor que citaba a dos testigos anónimos. De hecho, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional, que supuestamente había elaborado el documento, negó haberlo redactado. Las querellas por injurias y calumnias presentadas contra los periodistas que firmaron los artículos fueron admitidas a trámite aunque finalmente se archivaron porque imputados "realizaron unos artículos neutrales" y se limitaron a informar. Su función no era valorar la certeza de los hechos denunciados.

El empresario Javier de la Rosa también acusó a Pujol y su entorno de tener cuentas en Suiza, pero el pasado 22 de enero se retractó ante la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. También negó haber recibido amenazas si hacía pública la información, como había denunciado anteriormente.

El 25 de julio de 2014, Pujol hizo pública una carta en la que reconocía que su esposa y sus siete hijos acababan de regularizar unos fondos en el extranjero relacionados con la herencia de su padre, y pedía "perdón" por el "error" cometido en la gestión de ese legado, pues no había encontrado el momento "adecuado" para regularizar esta herencia en los últimos 30 años. Pocos días después, renunció a sus privilegios como expresidente de la Generalitat, incluidos el despacho en el Paseo de Gracia, el coche oficial y la pensión.

El Parlament, incluso con el apoyo de CiU, le pidió que compareciera y diera explicaciones, algo que finalmente hizo el 26 de septiembre de 2014 en la Comisión de Asuntos Institucionales para dar explicaciones, aunque la oposición no se dio por satisfecha. De hecho, PSOE y C's le han denunciado ante la Fiscalía por fraude y blanqueo, al igual que Manos Limpias y otras entidades. El 27 de enero, la jueza que instruye el caso tomó declaración como imputados a Pujol, Ferrusola y tres de sus hijos, quienes aseguraron que el primogénito de la familia gestionó la fortuna oculto. El expresidente, además, dijo que se desentendió del dinero por miedo a que le perjudicara políticamente.

A petición de la oposición, se ha creado una comisión de investigación parlamentaria sobre fraude, evasión y fraude fiscal, conocida como la comisión Pujol y que preside el diputado de la CUP David Fernández. El adelanto electoral ha obligado a reducir la lista de comparecientes, pero el 9 de febrero declaró Mas —quien reiteró que el caso es personal y no afecta a CiU— convirtiéndose en el primer presidente de la Generalitat que acude a una comisión de investigación. Pujol, Ferrusola y su primogénito fueron citados a declarar el 23 de febrero y el expresidente se reafirmó en su declaración ante la jueza instructora. Durante su intervención, sustituyó el "ara això no toca" (esto no toca) que popularizó durante su gobierno, por el "diuen, diuen, diuen" (dicen, dicen, dicen), afeando a los diputados que basaran sus acusaciones en insinuaciones.

Marta Ferrusola (1935). Siempre ha defendido su derecho y el de sus hijos de participar en los concursos públicos como cualquier otro empresario. Hidroplant, la empresa de flores y plantas que creó con una amiga —esposa de un empresario cercano a CDC—, consiguió varios encargos de las Consejerías de Economía, Medio Ambiente, Presidencia y Gobernación, aunque Ferrusola aseguró que solo representaron el 2% de la facturación. Sus hijos Pere y Marta eran accionistas. A principios de año, la excompañera sentimental de su hijo mayor la implicó en el blanqueo de dinero y fraude fiscal del que acusa al primogénito al asegurar que era conocedora del caso.

De hecho, a finales de julio, Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos —Marta, Mireia, Pere y Oleguer— regularizaron, a través del Banco de Madrid, tres millones de euros procedentes de las cuentas que tenían ocultas en Andorra y, tras pagar una parte a Hacienda, guardaron 1,6 millones en la entidad madrileña para hacer frente a las multas que se les puedan imponer. Hacienda sostiene que pasó de declarar 26.171 euros en 2011 de IRPF a 921.900 euros en la declaración complementaria de julio de 2014. El 27 de enero acudió a la Ciudad de la Justicia para comparecer ante la jueza instructora pero se acogió a su derecho a no declarar. Igual que su esposo, Ferrusola se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de la comisión Pujol, pero acabó contestando algunas de ellas para defender a sus hijos y criticar las acusaciones que se vierten contra el expresidente de la Generalitat. "Cataluña no se merece esto", dijo.

Jordi Pujol Ferrusola (Barcelona, 1958). El primogénito estudió en la New York University. En 1991, Natural Stone se adjudicó el concurso público para suministrar 100.000 metros cuadrados de mármol para el Aeropuerto de Barcelona por 100 millones de pesetas. Jordi Pujol Ferrusola era entonces socio y vicepresidente de una filial de dicha sociedad y su esposa, la administradora única. El mármol fue sustituido una década después por su mala calidad.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó al primogénito de los Pujol y a su exmujer por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal. El caso empezó tras la denuncia de una excompañera sentimental, María Victoria Álvarez, quien dijo haberle visto llevando gran cantidad de billetes de 500 euros a Andorra entre 2006 y 2008 tanto a la Udef como a la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, en el restaurante barcelonés La Camarga, que desató el escándalo del espionaje político.

Posteriormente, la Agencia Tributaria concluyó que, entre 2004 y 2012, realizó 118 movimientos desde tres bancos para enviar 32 millones de euros en distintas divisas a trece países como Suiza, las islas Caimán, Gabón y Liechtenstein. El 12 de noviembre declaró en calidad de imputado ante Ruz —ya lo hizo el 15 de septiembre—, que interrogó a una decena de imputados y cerca de una treintena de testigos, y que ha pedido el bloqueo de sus cuentas a seis bancos andorranos.

En febrero, una jueza de Andorra accedió a la petición de bloquear las cuentas que tienen él y su exmujer en seis entidades bancarias del Principado, así como a entregar información sobre estas cuentas. Accedió a tal petición al entender que Ruz no solo investiga delitos fiscales sino también de corrupción, condición imprescindible para que Andorra acceda a intercambiar información bancaria con España. Además, su padre y sus hermanos explicaron a la jueza que investiga el origen de la fortuna oculta que el primogénito de los Pujol gestionó el dinero, por lo que le ha imputado un nuevo delito y le interrogará el 26 de marzo. Alegó esa cita para no responder a muchas de las preguntas formuladas por los diputados de la comisión de investigación del Parlament, aunque declaró durante más de cinco horas. Se le imputa falsedad documental, blanqueo y delito fiscal como "gestor" y "distribuidor" del dinero de Andorra.

Marta Pujol Ferrusola (Barcelona, 1959). Arquitecta. Según Hacienda, en 2010 declaró un IRPF de 16.000 euros, una cifra que se convirtió en 611.203 euros cuando presentó la declaración complementaria en julio de 2014. Compareció en la comisión de investigación y cifró en 62 millones de pesetas el dinero que reicibió cada hermano y su madre en 1992, su parte correspondiente del legado y los intereses. Admitió que, sin participar en ningún concurso público, recibió 12 encargos de la Generalitat cuando su padre era presidente, y defendió su labor como arquitecta en los ayuntamientos de Sant Andreu de Llavaneres y Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), plaza que tampoco ha salido a concurso.

Josep Pujol Ferrusola (Barcelona, 1963). Consultor. Exdirectivo de Indra. La consultora también consiguió encargos de la Generalitat y, en una carta abierta, Josep Pujol aseguró que solo representaban el 0,25% de la facturación total y que los consiguieron "siempre a través de concursos públicos". Además, recordó que la ley no prohíbe que las empresas donde trabajan familiares de funcionarios públicos puedan presentarse a los concursos públicos. El 9 de marzo compareció en la comisión de investigación por videoconferencia y aseguró estar "al día" con Hacienda, aunque sin aclarar si se ha acogido a una amnistía fiscal de regularización. También negó tráfico de influencias: "Esto no es una mafia", espetó.

Pere Pujol Ferrusola (Barcelona, 1965). Ingeniero agrónomo por la Universitat Autónoma de Barcelona. Se cuestionó su presencia y la de su hermana Marta en actos públicos y en un viaje oficial de su padre, que le llevó a Argentina, Chile y Uruguay. Pere Pujol aseguró que viajó con la delegación oficial de la Generalitat como asesor del Institut Català d'Energia, dependiente de Industria. De hecho, también fueron criticados los proyectos que distintos departamentos de la Generalitat encargaron a la consultora medioambiental para la que trabaja, Entorn SA Enginyeria i Serveis, participada por el hijo de un empresario cercano a CDC. En 2010, declaró un IRPF de 200.000 euros que se convirtieron en 830.000 euros en la declaración complementaria el 14 de julio de 2014.

Durante su intervención en la comisión parlamentaria el 2 de marzo, se remitió varias veces a su declaración judicial, durante la cual dijo que el legado se incrementó desde los 140 millones de pesetas que les dejó su abuelo hasta los casi 500 millones de pesetas por la "magnífica" gestión de Delfí Mateu y la devaluación de la peseta respecto al dólar. También defendió los contratos de su empresa con la Generalitat, porque ha trabajado para distintos gobiernos y el sector privado. De la Mata ordenó el registro de su domicilio y su empresa Blau Consultoría en octubre de 2015 y luego le tomó declaración en la Audiencia Nacional, cuando secundó la tesis de la herencia. Ante el Parlament dijo que los Pujol no son un "clan", sino una familia "bien avenida".

Oriol Pujol Ferrusola (Barcelona, 1966). Licenciado en Veterinaria y tiene un máster en Dirección y Administración de Empresas por IESE. Su actividad profesional se desarrolló en el ámbito de la consultoría hasta que, en 1996, fue nombrado director general de Asuntos Interdepartamentales de la Consejería de Presidencia de la Generalitat y, posteriormente, secretario general de Trabajo Industria, Comercio y Turismo (2000 –2003). Milita en CDC desde 1993 y el 14 de julio dejó el escaño en el Parlament y sus cargos en el partido definitivamente un año después de su imputación en el 'caso de las ITV'.

En marzo de 2012 se destapó el caso de las ITV (por este caso se enfrenta a 5 años y 2 meses de cárcel) con la detención de dos políticos y tres empresarios, a los que Oriol Pujol conocía por haber sido secretario general de la Consejería de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo. Su nombre aparecía en conversaciones telefónicas intervenidas en el 'caso Campeón'. La jueza que instruye el caso le ha imputado por presunto tráfico de influencias en la adjudicación de estaciones de ITV en Cataluña y, posteriormente, por cohecho. Declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al ser aforado, condición que ya no ostenta, por lo que en enero de 2015 acudió a la Ciudad de la Justicia para declarar por tercera vez, en esta ocasión por haber cobrado presuntamente 700.000 euros para beneficiar a un empresario amigo. Sin embargo, se negó a responder a las preguntas de la magistrada alegando que ya había declarado dos veces como imputado ante el alto tribunal catalán.

El 2 de marzo, en el Parlament, se negó a aclarar las incógnitas sobre su parte de la fortuna desde que se repartió entre sus hermanos y su madre en 1992. "No he regularizado nada porque no tengo nada para regularizar", dijo en varias ocasiones el exdiputado de CiU, quien se defendió sacando a relucir casos de corrupción que afectan a la oposición y denunciado ser víctima de una guerra sucia de España para abortar el proceso soberanista. La Fiscalía considera que se valió de su poder político para favorecer a un empresario, amigo íntimo, que le pagó comisiones a través de su esposa.

Mireia Pujol Ferrusola (Barcelona, 1969). Fisioterapeuta. Empezó a estudiar periodismo, pero lo dejó por la danza clásica y contemporánea. Ahora trabaja como fisioterapeuta y en 2007 se adhirió a la plataforma Soberania i Progrés, impulsada por personas próximas a ERC. En septiembre de 2014, tras la comparecencia de su padre en el Parlament, anunció que dejaba Convergència por el trato que la formación dispensó a su fundador. Reconoció ante la juez que había regularizado 1.072.000 euros que mantuvo ocultos en Andorra, en los que se multiplicaron los 62 millones de pesetas que le correspondían del supuesto legado. Luego en el Parlament, se desmarcó de la familia. "Ellos son ellos y yo soy yo", dijo tras acogerse a su derecho a no declarar.

Oleguer Pujol Ferrusola (Barcelona, 1972). El benjamín de la familia es licenciado por ESADE Business School. Es gestor de Dragon Capital, un banco de inversiones ucraniano, en parte, participado por Goldman Sachs. A raíz de una querella presentada por Guanyem Barcelona, Podemos e ICV, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le investiga por posible blanqueo y fraude fiscal por haber comprado un hotel en las Canarias con ocho millones de euros de origen desconocido procedentes de las Islas Vírgenes y por su participación en varias empresas. El 23 de octubre fue detenido durante unas horas y la Udef registró su domicilio barcelonés y varias oficinas de Madrid, Valencia y Melilla.

La Fiscalía investiga también la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por unos 2.000 millones de euros y otras cinco operaciones inmobiliarias. Pasó de declarar 300.000 euros correspondientes al IRPF de 2009 a 1.055.000 euros en la declaración complementaria de julio de 2014, según Hacienda. Compareció el mismo día que Mireia y Josep en la comisión de investigación y negó muchas de las informaciones publicadas así como las irregularidades investigadas. Es el único miembro del clan para quien la Fiscalía ha pedido prisión, pero el juez defiende que el hecho de que moviera millones a Miami en diciembre de 2015, cuando ya tenía las cuentas bloqueadas, no es prueba suficiente para encarcelarle. Sí le ha impuesto medidas cautelares como hizo con su hermano Jordi.