Los ya famosos 'papeles de Bárcenas' irrumpieron en escena el 31 de enero de 2013, provocando todo un terremoto social, político y jurídico y dando una nueva vuelta de tuerca a la enrevesada trama Gürtel, que cumple ahora cinco años de instrucción. Fue el diario El País quien hizo públicos los documentos, que señalaban directamente a la cúpula del Partido Popular. La supuesta contabilidad B del PP registrada durante años por el extesorero revelaba pagos en negro y sobresueldos a Mariano Rajoy, a la secretaria general María Dolores de Cospedal, y a otros ex altos del partido como Rodrigo Rato, Javier Arenas y Álvarez-Cascos. Bárcenas, acusado de recibir comisiones de la red Gürtel, llevaba 20 años ejerciendo las funciones de gerente y tesorero del partido y manejaba mucha información.

El PP lo negó todo. Al mismo tiempo, los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta emitían un comunicado en el que también negaban pagos irregulares a la cúpula del PP y estudiaban emprender acciones legales contra El País por la publicación de los documentos. Bárcenas no había entrado entonces en prisión y esperaba seguir contando con el favor de la dirección de los populares, aunque ya estaba muy enfrentado a Cospedal. Ponía sobre el tapete su doble juego: negar los papeles mientras estos eran filtrados sospechosamente a la prensa. Hoy, un año después, con las caretas ya caídas, Bárcenas sigue intentando (ahora desde la cárcel de Soto del Real) aportar más documentos que avalen la presunta contabilidad B del partido del Gobierno.

Hace unos días se conocía que Bárcenas escribió al juez Pablo Ruz una carta a la que adjuntaba más documentos sobre esa supuesta contabilidad B que afectan a su antecesor en ese cargo, el también imputado Álvaro Lapuerta. La carta manuscrita de Bárcenas, fechada el 31 de diciembre, fue entregada en el juzgado por su abogado, Javier Gómez de Liaño. Según Bárcenas, Lapuerta "reconoce expresamente haber recibido de la caja B del partido en octubre de 2004 la cantidad de 139.700 euros para la compra de acciones en la ampliación de capital de Libertad Digital", que en esos momentos pasaba graves dificultades económicas. Es el último episodio del 'caso Bárcenas', una de las cabezas de la hidra de Gürtel. Una batalla más en la guerra que desde hace un año libran el extesorero y la dirección del PP. 20minutos analiza las claves del caso.

El diario El País publica varias entregas con toda la documentación que supuestamente forma parte del cuaderno de contabilidad de Bárcenas. Entre la información publicada resalta que Rajoy es quien más veces aparece en los registros de entregas, hasta en 35 ocasiones, y que este sistema comenzó con la llegada de Aznar al Gobierno, en 1996. En todo ese tiempo, el ahora presidente del Gobierno habría recibido 322.231 euros, en su mayoría distribuidos a través de entregas periódicas trimestrales o semestrales. Cuatro días después, Rajoy hace su primera declaración pública delante de la canciller alemana Angela Merkel: "Las cosas que se me imputan son falsas". Rajoy pronuncia entonces una de las frases que han marcado todo el caso: "Todo lo que se ha publicado no es cierto, salvo alguna cosa", sembrando las primeras dudas. Algunos dirigentes populares, como Pío García Escudero, presidente del Senado, reconocen la veracidad de algunos de los apuntes. En su caso, cinco millones de pesetas, que según García Escudero fueron un préstamo para arreglar los daños de su casa tras sufrir un atentado de ETA en el año 2000.

Bárcenas decide hablar en una cadena de televisión, en 13TV, el 5 de febrero. Asegura que esa supuesta contabilidad B "ni existe ni ha existido". "Esa letra no es mía. Y estoy dispuesto a prestarme a cualquier prueba caligráfica", llegó a decir. La Fiscalía Anticorrupción cita al extesorero del PP y al exdiputado de este partido Jorge Trías Sagnier para interrogarles en relación con esa supuesta contabilidad 'B' del Partido Popular. El juez Pablo Ruz halla ese mismo día una nueva cuenta del extesorero del PP en el banco Lombard Odier de Ginebra (Suiza) con la que transfirió los fondos que le permitieron acogerse a la amnistía fiscal.

Trías, por su parte, contradijo en su declaración a su excompañero de partido, al afirmar que los libros de cuentas que aparecieron publicados en El País son los mismos que el propio Bárcenas le mostró años atrás. Es más, Trías explicaría que Bárcenas quería favorecer en clave interna al presidente, Mariano Rajoy, en detrimento de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, con quien estaba "enfadado".

Cospedal protagoniza el 25 de febrero en rueda de prensa una de las explicaciones más surrealistas para justificar que el partido siguió pagando a Bárcenas hasta diciembre de 2012 a pesar de que con anterioridad se había asegurado que la relación del extesorero con el partido había finalizado en abril de 2010. El PP asegura que tras su imputación Bárcenas no se reincorporó a su puesto de trabajo, tras lo cual ambas partes acordaron que la indemnización correspondiente se abonara en diferido mediante un pago mensual hasta diciembre de 2012, abonándose también durante ese periodo las cotizaciones sociales.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, anuncia a finales de febrero que ha presentado en el Registro de los Juzgados de Toledo una demanda civil de protección del derecho al honor contra Luis Bárcenas y "contra la sociedad editora del diario El País". En la supuesta contabilidad B figuran dos pagos de 7.500 eurosa la también presidenta de Castilla-La Mancha. Un juzgado de Toledo desestimó meses después, por no existir suficientes pruebas, la demanda de Cospedal, lo que ha motivado un recurso de la secretaria general. Luego sería el PP quien pidió 500.000 euros a Luis Bárcenas en otra demanda por vulnerar "el honor de sus votantes" con la publicación de los papeles. La Fiscalía ha pedido que se suspenda esta última demanda.

Aunque públicamente Bárcenas dice una cosa, en privado se va preparando para el futuro. Se hace público que el 22 de febrero de 2013 el extesorero del PP acudió al notario el 14 de diciembre de 2012 para dejar constancia en un acta notarial de que él, junto a Álvaro Lapuerta (anterior tesorero), eran los responsables de controlar la cuenta de donativos del PP entre los años 1994 y 2009 en la que "figuran con detalle" los nombres de los donantes y los perceptores de fondos, según se recoge en el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) entregado al Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Se suceden las demandas entre uno y otro bando. Tras la denuncia de Cospedal contra Bárcenas, el extesorero hace lo propio con el PP por "despido improcedente". Bárcenas sostiene que trabajó para el PP como asesor desde marzo de 2010 hasta el 31 de enero de 2013, cuando fue dado de baja sin su consentimiento. En todo este tiempo, Bárcenas percibió "21.300,08 euros brutos al mes, incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias". El extesorero reclama una indemnización de 905.000 euros. En marzo, presentó otra denuncia contra un abogado del Partido Popular, Alberto Durán, por entrar sin permiso en el despacho que dice que ocupaba en la sede nacional del partido. El 17 de abril de 2013 la Seguridad Social certificó que el PP dio de baja a Bárcenas tras la publicación de los papeles, y no antes como había dicho el PP.

A mediados de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez pide a su colega Pablo Ruz que se inhiba de la investigación sobre los denominados papeles de Bárcenas, al considerar que no existe conexión con el 'caso Gürtel'. Gómez Bermúdez presenta incluso una cuestión de competencia ante la Audiencia Nacional para defender que es él, y no su compañero, quien debe investigar las fotocopias con anotaciones contables de supuesto dinero B del PP. Finalmente, la Sección Tercera la Sala de lo Penal de la Audiencia determina que sea Pablo Ruz quién asuma la investigación de los papeles de Bárcenas.

La Fiscalía Anticorrupción encuentra el 22 de marzo al menos cuatro vínculos entre el 'caso Gürtel' y la contabilidad oficial del Partido Popular remitida al Tribunal de Cuentas. Se trata de cuatro donativos que suman 159.000 euros. Estas cuatro conexiones se suman a las tres apreciadas por el juez Ruz entre los papeles de Bárcenas y la trama de Francisco Correa. Además, una plataforma de entidades llamada Observatorio DESC presenta una querella criminal, con el apoyo de asociaciones ciudadanas, sindicatos y la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, contra Bárcenas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, delito contra la Hacienda pública y falsedad en la contabilidad del PP.

A pesar de que hasta entonces él lo había negado, la policía dice el 26 de abril que Luis Bárcenas es el autor de los 'papeles' sobre la contabilidad B del Partido Popular. El informe caligráfico, elaborado "con las reservas de haber analizado fotocopias", fue entregado al juez Ruz a finales de abril. No ha sido posible "determinar la autoría de las firmas". Los peritos policiales aseguran además que es muy difícil que se hayan falsificado y que no se aprecian modificaciones.

El 27 de junio de 2013 el juez Ruz ordena el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Bárcenas al constatar el aumento del riesgo de fuga. La decisión se tomó después de que Suiza alertara de que el extesorero había trasladado fondos a EE UU y Uruguay desde sus cuentas suizas no bloqueadas. Inmediatamente Ruz decide reclamar a Suiza el bloqueo de la cuenta aún abierta en la entidad Lombard Odier a nombre de la sociedad Tesedul y que tiene nueve millones de euros.

El diario El Mundo publica una entrevista con Luis Bárcenas en el que este confirma una supuesta financiación irregular del PP, cambiando totalmente su versión de lo expuesto hasta la fecha. Este diario publica los originales, no fotocopias. Los papeles recogen supuestos sobresueldos entregados por el partido a Rajoy, Rodrigo Rato, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja. Sus abogados, Miguel Bajo y Alfonso Trallero, renuncian a su defensa por "discrepancias profesionales". Javier Gómez de Liaño se convierte en su nuevo letrado.

El diario El Mundo publica el 9 de julio diez capturas que muestran una serie de SMS entre Rajoy, Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias intercambiados desde mayo de 2011 hasta marzo de 2013, en los que se ve que el presidente del Gobierno apoyó al extesorero hasta meses después de la publicación de los papeles. Moncloa afirma que la divulgación de dichos mensajes responde a una estrategia de Bárcenas para desviar la atención de sus problemas con la Justicia y demuestran que no consiguió nada de lo que pedía a Rajoy.

El 15 de julio el extesorero del PP volvió a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al que entregó numerosa documentación. Tras casi cinco horas de interrogatorio, Bárcenas admitió por primera vez en sede judicial que era el autor de los papeles manuscritos en los que se refleja una supuesta contabilidad B en el partido y aseguró que, en marzo de 2010, pagó 25.000 euros a Rajoy y otros 25.000 a Cospedal. Rajoy sigue a la defensiva y afirma que no puede comparecer por todas las "insinuaciones, rumores o informaciones interesadas" que se publican. En julio, Ruz empezó a embargar propiedades de Bárcenas después de que este no pudiera depositar la fianza civil de 43,2 millones de euros. Se impone otra fianza de seis millones de euros a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, cedió finalmente a las presiones de la oposición, que había reclamado insistentemente su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre el 'caso Bárcenas', y protagonizó un duro debate el pasado 1 de agosto en la cámara baja. Ha sido la única vez.“Me equivoqué. Lo lamento, pero fue así”, afirmó al inicio de su intervención. Y se equivocó, insistió, por “mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no lo merecía”. Sin embargo, recalcó que él no había cometido ningún delito. “En el PP ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito”, dijo. Sí admitió el pago de anticipos o complementos por el cargo ostentado a alguno de los miembros del partido, pero “se ha pagado por un trabajo. Se ha pagado en blanco. Y se ha incluido en la contabilidad”, afirmó.

El juez llama a declarar a la secretaria general del PP. La número dos del partido negó el 14 de agosto la existencia de una caja B, que percibiera sobresueldos en negro y aseguró que el control de las donaciones correspondía al tesorero, es decir, a Bárcenas. En la misma línea declararon los anteriores secretarios generales, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas. Solo admitieron la existencia de falta de control en las donaciones que la formación recibía de empresarios y otros simpatizantes.

El juez Ruz pidió examinar los dos ordenadores portátiles que Bárcenas tenía en la sede de la calle Génova para practicar una prueba pericial que permitiera comprobar si las anotaciones contables que entregó el extesorero en un USB son copia del contenido de los mismos. El PP los entrega, pero avisa que los discos duros se borraron cuando Bárcenas abandonó el partido. El abogado del extesorero, Javier Gómez de Liaño, revela que, según su cliente, en ellos había información "extraordinariamente importante" para la causa, como agendas y nombres y "algunas imágenes de personas que visitaban" la sede nacional de la formación política.

A la eliminación y borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas destrucción de los discor durtos se une la destrucción de los libros de entradas al edificio y de las agendas de Bárcenas y Lapuerta. En el primer caso, el PP se escudó en sus protocolos de seguridad internos, y en el segundo en la Ley de Protección de Datos. En el caso de las agendas, las secretarias de ambos alegaron que se deshicieron de ellas después de que sus jefes dejaran el cargo..

Interior investigó la publicación de unos vídeos del extesorero en prisión emitidos por La Sexta. En ellos se le puede ver rezando, conversando con otros reclusos, jugando al baloncesto, hablando por teléfono y tomando notas en un cuaderno. Instituciones Penitenciarias llegó a encontrar una microcámara oculta en su módulo. Fue hallada el 6 de septiembre envuelta en un preservativo dentro de una papelera y sin la tarjeta de memoria. También se investigó si Bárcenas usaba un móvil incautado a un reo que juega con él a las cartas. A final, según adelantó 20minutos en exclusiva, el servicio de Inspección de Instituciones Penitenciarias cree que un preso colombiano, condenado por violencia de género, y que ya no está recluido, fue quien grabó a Luis Bárcenas dentro de prisión.

A finales de septiembre, el juez Ruz imputa al arquitecto de las obras de renovación de la sede del PP en la calle Génova por cobrar, presuntamente, un 30% de la obra en negro. El magistrado apunta que existen indicios de una contabilidad B en el partido en el pago de estas obras, una contabilidad paralela que habría sido "continua en el tiempo" y que se desarrolló "al margen" del Tribunal de Cuentas. El asunto aún no está cerrado. Pablo Ruz ordenó a finales de diciembre un registro policial en la sede de Génova para conseguir más información sobre las obras de la reforma, que se realizó entre 2005 y 2011.

Durante toda la instrucción el juez imputa a varios de los empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes y posteriores adjudicatarios de contratos públicos. Rafael Palencia (Dregemont Iberia), José Antonio Romero (Grupo Romero Polo), Antonio Pinal (Bruesa), Cecilio Sánchez (FCC) y Camilo José Alcalá (Cyopsa-Sisocia) han sido los últimos que han declarado, negando los pagos. El juez ha llamado a declarar como testigo al presidente de Mercadona, Juna Roig, para que aclare una supuesta entrega suya al partido de 150.000 euros.

Desde prisión, Bárcenas continua con su estrategia de seguir intentando incriminar al PP. En su último acto, el extesorero ha remitido al juez Pablo Ruz una carta escrita por él mismo en la cárcel en la que adjunta nuevos documentos sobre la supuesta contabilidad B del partido que afectan a su antecesor en ese cargo, el también imputado Álvaro Lapuerta. La carta manuscrita de Bárcenas, fechada el 31 de diciembre y en la que aporta esos documentos, fue entregada en el juzgado la tercera semana de enero por el abogado defensor del extesorero, Javier Gómez de Liaño.