El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, han llegado por separado a las 9.10 y 9.17 horas de este lunes a la Audiencia de Barcelona donde se sentarán por primera vez en el banquillo de los acusados para enfrentarse a diez años de cárcel por el caso del hotel de lujo del Palau, que nunca llegó a construirse y por el que se embolsaron una comisión de 900.000 euros. La instrucción de este caso les llevó a prisión preventiva durante trece días.

La vista oral, que está previsto que se alargue hasta finales de marzo, empezará con los interrogatorios a Millet y Montull, que todavía tienen pendiente comparecer en juicio —aún sin fecha— por el desfalco de unos 35 millones de euros del Palau de la Música, y que a su entrada en los juzgados no han hecho declaraciones a los medios. El fiscal pide que se les condene a diez años y dos meses de cárcel por apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.

En la causa del hotel que empieza a juzgarse este lunes, están imputados también el exteniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Ramon Garcia-Bragado —que ha llegado a las 9.00 horas— y el arquitecto del proyecto, Carles Díaz, para los que el fiscal pide cuatro años y medio de cárcel, y que están citados el martes para someterse al interrogatorio por supuesta falsedad en documento oficial y delito continuado de prevaricación.

El entonces gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, y el exdirector jurídico de Urbanismo del consistorio barcelonés Enric Lambies se enfrentarán en la vista a la misma pena por idénticos presuntos delitos y está previsto que declaren como imputados el miércoles.

Antes del interrogatorio de los acusados, el tribunal, el fiscal y los letrados han abordado las cuestiones previas, que se han alargado más de lo previsto. De hecho, Millet ha echado una breve cabezada en el banquillo de los acusados aprovechando el largo debate técnicoen el que se han convertido las cuestiones previas. Con todo, la magistrada que preside el tribunal ha optado por aplazar hasta el martes la declaración de Millet y Montull para poder resolver escuchar a los dos principales acusados el mismo día, quienes en el receso y antes de entrar a la sala de vistas han estado conversando de forma distendida.

Un abogado de Millet, Abraham Castro, ha planteado en las cuestiones previas que el caso debería juzgarse dentro de la macrocausa por el desfalco millonario del Palau que instruye el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, porque considera que son "delitos conexos". Además, ha afirmado que el fiscal presentó la querella del hotel en otro juzgado con el único objetivo de meter "a Millet y Montull en prisión", por lo que pide la nulidad del juicio, y que en todo caso se remitan las diligencias al Juzgado 30.

A esta petición se ha sumado el abogado de Montull, Jordi Pina, pero la presidenta de la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona les ha recordado que esta cuestión ya había sido planteada y que la Sección Novena de la Audiencia resolvió que debían juzgarse por separado.

La defensa de Ramon Garcia-Bragado ha pedido la nulidad de la declaración prestada por su cliente ante el Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona como testigo, puesto que finalmente fue imputado en este caso y ello le causó indefensión. El fiscal ha calificado la solicitud de "despropósito". Sus abogados también se han opuesto al delito continuado de prevaricación que se le imputa al considerar que en la causa solo obra un decreto firmado por él, por lo que el delito no puede ser continuado.

El tribunal tampoco ha aceptado incorporar como prueba pericial un informe exculpatorio que los abogados de Millet y Montull han presentado por sorpresa. La presidenta del tribunal que el documento, sobre la comisión de 900.000 euros que recibieron del constructor del hotel, "no es una prueba pericial, sino una valoración" que corresponde al tribunal realizar.

En cambio, sí ha aceptado un documento audiovisual presentado por la defensa de García Bragado en el que, según ha explicado el letrado, se escucha a la exconcejal de Barcelona Itziar González —que en la instrucción denunció haberse sentido presionada para sacar adelante el Hotel del Palau— defender la corrección de la operación urbanística del proyecto hotelero. Sin embargo, ha advertido a las defensas de que no podrán utilizar su contenido para confrontarlo con la declaración que en su día preste como testigo en el juicio la propia Itziar González.

El fiscal cree que Millet y Montull aprovecharon "de manera especial e intensa el prestigio, el reconocimiento y la estimación que tenía la Fundació Orféo-Palau de la Música Catalana", para conseguir que la Generalitat y el Ayuntamiento colaborasen con la operación urbanística firmando convenios, informes, agilizando trámites y dictando diversas resoluciones. "Buscaban en aquella operación conseguir un importante beneficio económico personal en diversos momentos de su tramitación", concluyó la Fiscalía en su escrito de calificación al cierre de la instrucción.

Compraron en noviembre de 2003 inmuebles cercanos al Palau de la Música propiedad del Institut de Germans de les Escoles Cristianes, aunque "sabían perfectamente", gracias al asesoramiento de Díaz, que la calificación del Plan General Metropolitano de Barcelona (PGM) no permitía construir el hotel de lujo que querían, pues era solo para equipamientos educativos.

Aprovecharon su "relación de confianza y amistad" con García-Bragado, que entonces era secretario de la Presidencia de la Generalitat y que antes había sido concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, y de Massaguer, gerente de Urbanismo, para conseguir un cambio de calificación urbanística en noviembre de 2004 y en cuya redacción trabajaron en colaboración con Díaz.

Los cinco acusados acordaron que en el primer convenio —firmado el 8 de marzo de 2006 a tres bandas entre la institución cultural, el Ayuntamiento y la Generalitat— se ocultase "la operación lucrativa" que buscaban Millet y Montull, siempre según el relato de la Fiscalía. Se pusieron de acuerdo en que durante la tramitación constase que las fincas donde se iba a hacer el hotel eran propiedad de la Fundación, cuando en realidad, se trasmitía la titularidad a un tercero, con el que también se mostró de acuerdo Lambies, que era director jurídico de Urbanismo e Infraestructuras de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.

Una vez firmado el acuerdo, Millet y Montull abrieron una "especie" de concurso privado para buscar a una empresa concesionaria, eligiendo a Olivia Hotels, del que era administrador Manuel Valderrama, y que acordaron que además de los 15.000.000 euros del valor de los solares, le pagase adicionalmente 900.000 euros en metálico.

Valderrama —que está citado para declara en el juicio como testigo— desconocía "el verdadero propósito de lucro que buscaban" Millet y Montull, y entregó esta suma como precio de la adjudicación, que inmediatamente los acusados incorporaron a su patrimonio personal.