Los alcaldes de las ciudades de casi 400 municipios españoles, entre ellos los de mayor tamaño, de más de 50.000 habitantes, se someterán en 2024 a su primer gran examen en movilidad sostenible. En los dos últimos años, el Gobierno ha repartido entre ellos 1.500 millones de euros para que peatonalizar calles, crear carriles bici o restringir el tráfico en las llamadas zonas de bajas emisiones (ZBE) y en el año que ahora empieza tendrán que demostrar que, al menos en parte, están haciendo las obras y cumpliendo sus compromisos. Entre casos de ciudades que como Badalona anuncian retrasos para crear zonas de bajas emisiones o que modifican o dan marcha atrás en su propósito de crear carriles bici, como Elche, si al final de 2024 no se ha ejecutado un 25% de las obras comprometidas, los alcaldes deberán empezar a devolver el dinero que recibieron para ello.

Este plazo y esta penalización económica forman parte de las férreas reglas impuestas por la UE para garantizar que las subvenciones del Fondo de Recuperación y Resiliencia -70.000 millones cuando se desembolse totalmente, para todas las actuaciones en cohesión social y territorial, transición ecológica e igualdad- se emplean para los objetivos para lo que fueron concedidas. En el caso de la movilidad urbana sostenible, la normativa exige que "las actuaciones puedan estar efectivamente implantadas y en funcionamiento antes de diciembre de 2024". En realidad, para final de 2023, los alcaldes ya tendrían que haber ejecutado "al menos" el 25% de los proyectos durante el cuarto trimestre de 2023, pero el año 2024 será clave para el sistema de control de las subvenciones europeas. 

"El periodo de ejecución material de las actuaciones, así como de los pagos reales y efectivos estará comprendido entre 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. (...) La falta de ejecución en plazo que no esté debidamente justificada dará lugar a la pérdida de la subvención y obligación de reintegro de las cantidades ya percibidas", señaló Transportes en 2021 en la primera Orden Ministerial que publicó sobre las ayudas europeas a la movilidad sostenible. 

Las normas contemplan la posibilidad de conceder una prórroga de un año siempre que esté "debidamente justificada" y fija final de 2025 como el momento en que deberán estar finalizados al menos 280 proyectos de ZBE y transformación del transporte urbano. Pero 2024 marcará la primera meta obligatoria para que los alcaldes ofrezcan resultados reales y demuestren que las millonarias subvenciones que han recibido están dando sus frutos. 

De la zanahoria al palo

Será un momento decisivo porque hasta ahora los ayuntamientos han sido tratados con guante de seda, a pesar de que la mayoría ha incumplido el gran primer plazo de la Ley de Cambio Climático, el que decía que antes de 2023 debían crear las ZBE. Estaban obligadas a ello 151 ciudades pero en enero del año pasado solo habían cumplido poco más de una decena. Entonces, el proceso era competencia del Ministerio para la Transición Ecológica, que ante la cercanía de las elecciones municipales del 28 de mayo pasado y la evidencia de que el incumplimiento venía de alcaldes de todo signo político, también del PSOE, optó por la mano blanda: no habría sanciones que, por otra parte, tampoco estaban previstas, sino negociación caso por caso con los ayuntamientos sobre los retrasos. 

Muy avanzando el año 2023 -en el mes de septiembre-, la última gestión de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, sobre esta cuestión fue crear una plataforma donde su Ministerio iría recabando información de los municipios que ya cumplían la obligación de restringir el tráfico, los que estaban en trámite y los que ni siquiera eso. El objetivo era que los ciudadanos tuvieran plena información de lo que hacen -sobre todo, de lo que no hacen- sus alcaldes para mejorar la calidad del aire, para exigir acciones e incluso tenerlo en cuenta en las próximas elecciones. En diciembre de 2024, el número de ciudades con una ZBE ya en funcionamiento era de 21, solo ocho más que doce meses antes.

Anticipos y devoluciones

En 2024 las cosas se pondrán más serias y los alcaldes se enfrentarán a la devolución de parte de los 1.500 millones de fondos que el Ministerio de Transportes repartió entre 2021 y 2022 para financiar las zonas de bajas emisiones pero también otras actuaciones como crear carriles bici, peatonalizar calles o comprar autobuses eléctricos.

Los alcaldes acudieron de forma numerosa a las dos convocatorias de subvenciones, a las que presentaron más proyectos de los que finalmente han podido financiarse. A los primeros 1.000 millones que se repartieron en 2022 fueron a parar a 125 municipios de más de 50.000 habitantes, a 62 de 50.000 y 20.000 y a 14 agrupaciones municipales. En total se financiarán 1.154 actuaciones, para construir más de 500 kilómetros de carriles bici y mejorar otros 500km ya existentes, peatonalizar calles, crear más de 50 sistemas de alquiler de bicicletas, comprar 659 autobuses de cero emisiones y 45 camiones eléctricos del  la basura y poner en pie 62 ZBE y crear 27 aparcamientos disuasorios.

Para la segunda convocatoria para repartir los 500 millones restantes, el Ministerio de Transportes tuvo que elegir los proyectos presentados por 188 municipios entre una lista aún mayor de localidades que en total pidieron 732 millones para fomentar el transporte público y la movilidad activa, comprar autobuses de cero emisiones o crear 62 zonas de bajas emisiones.

Según las normas, la subvención que recibiría cada municipio no podría ser superior a 45, 30 o 20 euros por habitante, dependiendo su tamaño y el montante máximo no podría superar los 40 millones por solicitud. Aunque, en principio, el desembolso no se produciría hasta que la obra no estuviera terminada, se daba la posibilidad a los ayuntamientos de pedir anticipos de hasta el 100% de la cantidad asignada y que, por supuesto, debían "destinarse exclusivamente a cubrir los costes subvencionables". De ahí el reto al que se enfrentan este año, no tanto a quedarse sin una subvención prometida, sino a tener que devolver un dinero que ya forma parte de las arcas municipales si al final del año siguen sin acometer las reformas comprometidas en movilidad sostenible.

Primeras advertencias y una acusación

Esta advertencia está sobre la mesa desde hace meses, desde que ayuntamientos gobernados por nuevas coaliciones de PP y Vox que en mayo llegaron al poder con mensajes en favor de recuperar el tráfico en zonas donde se había restringido. Las advertencias de que ciertos alcaldes -y el Gobierno central- querían prohibir el coche calaron en parte de los ciudades que hicieron con su voto que ciudades como Valencia pasaran de manos de una coalición Compromís-PSOE a otra de PP-Vox. Precisamente, ha sido una de las últimas en recuperar para el tráfico parte del casco histórico que en los años anteriores se habían ganado para el peatón, siguiendo las estela de otras como Valladolid o Elche, donde los nuevos alcaldes llegaron con el propósito de olvidar los carriles bicis o la peatonalización de calles. Xabier Albiol, que en mayo recuperó la alcaldía de Barcelona, anunció también el retraso hasta 2027 de la ZBE en su ciudad y fue el detonante de los primeros avisos, por parte de la vicepresidenta Ribera y de la entonces directora general de Transportes, María José Rallo.

A finales de septiembre, a entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, recordó por carta a los alcaldes de que se les empezaba a acabar el plazo para restringir el tráfico o crear carriles bici antes de tener que devolver las ayudas para ello. Era un "aviso a navegantes" que su sucesor, Óscar Puente, retomó a su llegada al Ministerio. Ya en su toma de posesión, exigió la cooperación de los alcaldes para lograr una "movilidad sana, sostenible y segura lo antes posible". Hace unas semanas, se lamentaba en el Senado del que ve como el "principal obstáculo" que tendrá en esta tarea, el PP. 

"¿Saben cuál va a ser el principal obstáculo que va a tener que afrontar mi Ministerio? Ustedes", dijo Puente al senador popular Juan José Sanz Vitorino. "En toda la UE se está viviendo un proceso hacia la descarbonización, en todos los países hay resistencias pero no hay ninguno salvo España en el que cuando se ha ganado espacio al vehículo privado a través de la transferencia de ese espacio a peatones y ciclistas se de marcha atrás", dijo antes de acusar de ello a "gobiernos municipales con el PP y con Vox".

Aunque los casos más arriesgados de incumplimiento de las normas de las subvenciones europeas se han visto en ciudades gobernadas estos dos partidos y decisiones de dar marcha atrás, lo cierto es que también alcaldes de PSOE y de todo signo político llevan años arrastrando los pies para tomar medidas para restringir el tráfico y dar espacio a peatones, ciclistas y autobuses no contaminantes que muy impopulares para parte de los ciudadanos. En 2024 tendrán que decidir si sucumben a sus presiones y se ven obligados devolver cantidades millonarias o si hacen las obras para las que los recibieron.