Queda una semana para que se acabe el año y la mayoría de las ciudades que estaban obligadas por ley a crear una zona de bajas emisiones (ZBE) agotará el plazo fijado de "antes de 2023" sin haber delimitado y puesto en funcionamiento áreas con restricciones al tráfico. La Ley de Cambio Climático fijó esta obligación para todos los municipios de más de 50.000 habitantes. En total, son 149, pero solo 15 de ellas cumplirá con la normativa.

Madrid y Barcelona fueron las pioneras y las últimas en sumarse han sido Valladolid, Ávila y Castellón. No del todo en el caso de esta última ciudad, donde ya está la aprobación inicial de la ordenanza de movilidad y el Pleno del Ayuntamiento de enero tiene que resolver todavía las alegaciones para que entre en vigor definitivamente. En medio, Burgos, Ciudad Real, Córdoba, Melilla, Pamplona, Parla, Pontevedra, Rivas Vaciamadrid, Sevilla y Talavera de la Reina también tienen han terminado ya el proceso legislativo para crear zonas en las que el paso de vehículos se dé con condiciones para rebajar la contaminación. En esta limitada lista faltan 37 capitales de provincia que tienen más de 50.000 habitantes e incluso la mitad de las seis ciudades españolas que tienen más población.

Valencia, Zaragoza y Málaga todavía no han aprobado la ordenanza que es el trámite definitivo para poner en pie zonas de tráfico restringido y, como otras muchas, cierran el año -y el plazo que "antes de 2023" fijaba la ley- sin una fecha clara para terminar el proceso.

En Valencia, la ordenanza está en fase de elaboración, se acaba de adjudicar el contrato para el suministro de 274 lectores de matrículas para verificarlas, 52 sensores medioambientales y 33 paneles y todavía queda por definir la espinosa cuestión de qué zonas se verán afectadas, informa José Luis Obrador. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentó hace tiempo el proyecto de lo que será 'Málaga Central' pero de momento no ha empezado un trámite legislativo que, como en el resto de ciudades, debe pasar primero por un proceso de consulta pública para su aprobación final en el Pleno municipal. A falta de un proyecto terminado, el grupo municipal socialista acaba de presentar una moción para limitar el acceso de coches y pedir un plan de movilidad similar a lo que será el proyecto final para intentar reducir la densidad del tráfico en el centro.

Ley del Clima y fondos de la UE

La obligación de que las ciudades de más de 50.000 habitantes y de aquellas con menos pero con elevados niveles de contaminación restrinjan el tráfico en algunas zonas parte de la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que se aprobó en mayo de 2021. Tendrían que hacerlo "antes de 2023" y aunque por caminos distintos, las ciudades han podido acudir ya a una primera convocatoria de los Fondos de Recuperación de la UE destinados a la descarbonización de las ciudades. 

Estos recursos económicos dependen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ya ha cerrado una primera convocatoria de 1.000 millones de euros para distintas iniciativas entre las que también se encuentra la creación de zonas de bajas emisiones, aunque no solo, porque no están directamente relacionados y también se pueden destinar a comprar autobuses eléctricos, crear aparcamientos disuasorios o peatonalizar calles. 

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) confirma que "todas" las ciudades que tienen que restringir el tráfico han presentado proyectos para tener fondos europeos que deberán poner en marcha en un plazo más largo del de finales de este año. Hasta final de 2024, la fecha a la que algunas ciudades aluden ahora como fin del plazo para crear zonas de bajas emisiones.

Por todo el país y de cualquier ideología

"De momento, no se ha hecho nada", apuntan en la oposición del PP en el Ayuntamiento de Granada. "Aún no se ha aprobado la zona de bajas emisiones y no está prevista su aprobación inmediata", tercian en Cáceres desde Unidas Podemos. "Como la mayor parte de las ciudades, todavía nos faltan cosas por completar", apuntan desde la Alcaldía de Huesca.

De norte a sur y de este a oeste, el incumplimiento del plazo para crear zonas de tráfico restringido es común por todo el país y entre alcaldes de todo signo político. El paso final debería ser la aprobación en los respectivos Plenos municipales de una ordenanza que contemplara las zonas y la manera de regular el tráfico, después de un proceso técnico en el que los ayuntamientos tienen que licitar contratos para poner paneles y máquinas que controlen las matrículas para, en su caso, poner multas. El proceso, además, requiere el acuerdo con las policías municipales, que deben controlar el buen funcionamiento, y consultas públicas con los vecinos y resolución de alegaciones.

En total, Ecologistas en Acción calcula que el proceso dura alrededor de un año y que podría acortarse como máximo a seis meses si los alcaldes se dan mucha prisa. La realidad es que la mayoría de las ciudades consultadas por este periódico no llegarán a tiempo y no saben cuándo lo harán. Aunque muchas ya han presentado el proyecto de cómo serán sus particulares 'Madrid Central', otra cosa es hacer todos los trámites administrativos y políticos que se requieren. "Ahora mismo, estamos en trámite de reacciones, lo está viendo la policía y todavía no se ha iniciado la tramitación en el Pleno", apuntan desde el grupo de Ciudadanos del Ayuntamiento de Guadalajara. "Se están manteniendo reuniones con los vecinos, están haciendo aportaciones", se limitan a indicar en la Alcaldía de Lugo. 

En Oviedo no se empezó hasta este mismo mes a trabajar en el expediente, empezando por encargar un estudio de tráfico, mientras que Girona empezó el proceso el pasado mes de mayo con la creación de una "comisión de seguimiento" que en diciembre, cuando debería por ley estar funcionando la zona de bajas emisiones, solo tiene previsto informar de sus trabajos mientras que la tramitación de la ordenanza no está prevista hasta el año que viene. "Si se aprueba, será después del verano", dicen fuentes municipales. El ayuntamiento de Alcoi (Alicante) también ha puesto ya en marcha una web sobre su ZBE, donde se dice que se desconoce cuándo empezará a funcionar. En Arona (Santa Cruz de Tenerife) también se alarga el momento "a lo largo de 2023".

Fuentes municipales de Logroño indican que "todavía está pendiente" mientras que en Cádiz reconocen que "no va a dar tiempo" en el poco plazo que queda ya hasta que concluya 2022.

Conflicto con Transición Ecológica

La ordenanza municipal es la pieza clave para regular y que empiecen a funcionar las zonas de bajas emisiones por toda España y también un elemento de la polémica que desde el principio ha enfrentado a los ayuntamientos con el Ministerio de Transición Ecológica y que en parte tiene mucho que ver con el incumplimiento tan generalizado de la obligación  de ponerlas en marcha.

Los alcaldes llevan meses exigiendo a Gobierno central que precise en un real decreto el alcance que puede tener la restricción al tráfico de vehículos en el centro de sus ciudades y afirmando que hasta que no exista ellos no pueden avanzar en sus procedimientos y ordenanzas. Por el contrario, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lleva el mismo tiempo insistiendo en que no habrá prórrogas porque los alcaldes han tenido ya tiempo suficiente. A finales de octubre lo volvió a recordar en una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que no habría prorrogas, que los alcaldes debían "espabilar", apuntaron entonces fuentes del Gobierno.

Carmen Duce, coordinadora de Transporte de Ecologistas en Acción, media en este enfrentamiento de versiones afirmando que la ordenanza municipal es suficiente pero reconociendo también que un real decreto que pusiera por escrito todos los detalles que tiene que tener una ZBE daría garantías a los alcaldes de que su plan no va a terminar en los tribunales con una sentencia contraria a pocos meses de las elecciones municipales del año que viene. 

Esto es algo que ya está ocurriendo, afirma Duce. "Pasó en Madrid hace años y en Barcelona y acaba de pasar a Burgos hace poco, donde la alcaldía licitó un contrato para uno de los servicios necesarios para su ZBE y la oposición lo recurrió porque no había un real decreto", recuerda. "El ambiente es de ir bloqueando por cuestiones de forma", añade, y los "ayuntamientos tienen miedo de verse metidos en un lío judicial a cinco meses de la elecciones". 

A pocos días de que termine 2022, la FEMP y algunos alcaldes como el de Benidorm han pedido una prórroga que Ribera ya dijo que no les daría y mientras hace tan solo unas semanas la FEMP envió a los alcaldes un borrador de ordenanza que pueden seguir para elaborar las suyas. 

Incumplimiento sin sanción

Mientras, el Ministerio se lava las manos y afirma que no tiene un recuento de qué ciudades cumplirán el plazo de antes de que termine 2022. Alegan que no les corresponde y se limitan a señalar que, si no lo hacen, lo que ocurrirán es que estarán incumpliendo la ley. Lo que ocurre, tal y como señalan en Ecologistas en Acción, es que la norma no lleva aparejado, al menos de momento, un régimen sancionador para las ciudades incumplidoras.

A pesar del bajo nivel de cumplimiento y de la incertidumbre reinante, el Gobierno acaba de hacer de la creación de estas zonas de bajas emisiones uno de los compromisos ante la Comisión Europea para recibir los 84.800 euros del Fondo Next Generation adicionales en forma de créditos que tiene previsto pedir. Para ello, se ha comprometido a acometer 30 nuevas reformas estructurales, entre las que la transición ecológica tiene un peso notable. 

Se compromete ante Bruselas a "seguir avanzando en movilidad sostenible a través de actuaciones como la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones en municipios con más de 50.000 habitantes".