No habrá prórroga para que las ciudades con una población de más de 50.000 habitantes posterguen la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE) con restricciones al tráfico antes de que termine 2023. Fuentes del Gobierno descartan totalmente esta posibilidad, que los ayuntamientos pidieron ya en julio, y señalan que, al contrario, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha dirigido por carta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para recordarles que en breve vencerá el plazo.

Ribera es la ministra competente sobre el establecimientos de modelos similares al primero, el Madrid Central, que se puso en marcha en Madrid y la respuesta que da a la petición de buena parte de los 149 alcaldes que deberían crear un ZBE antes de que termine el año es que no habrá más tiempo para ello. Si se pasan de esa fecha, estarán incumpliendo por tanto la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

A ojos del Gobierno, los ayuntamientos han tenido ya tiempo más que suficiente para haber creado las ordenanzas que pongan en pie áreas con restricciones de acceso, circulación y estacionamiento a los vehículos en función de su nivel de emisiones contaminantes. Además, en ellas se tendrán que facilitar formas de desplazamiento saludables para los ciudadanos, como la bicicleta o de corredores verdes para poder ir a pie. También se deberá garantizar la mejora y el uso del transporte público que tendrá que avanzar hacia su electrificación.

Por eso, en los apenas dos meses que quedan antes de que termine el año, desde el Gobierno central insta a las ciudades que todavía no lo hayan hecho a "espabilar" para cumplir con la ley. Para reforzar esta posición y descartar que no habrá una moratoria, Ribera ha enviado una carta a la FEMP para recordar a los municipios de más de 50.000 habitantes que tienen que crear zonas de bajas emisiones antes de que termine 2023.

Sin reglamento

Precisamente, fue la FEMP la que esta semana volvió a alzar la voz para advertir al Gobierno de que habrá muchas ciudades que no lleguen a tiempo para crear ZBE antes de que termine el año. Según El País, solo aseguran que llegarán a tiempo el 13% de las 149, es decir, 20 municipios.

Los alcaldes denuncian que Transición Ecológica no ha aprobado todavía el reglamento, en un real decreto para desarrollar en esta parte la Ley del Clima que debería contemplar, por ejemplo, las sanciones por no cumplir lo que se establezca en las zonas de bajas emisiones. "Es imprescindible tener el decreto de desarrollo, lo necesitamos porque en él desarrollo es donde se van a dar las circunstancias concretas y las especificaciones concretas”, dijo el lunes Abel Caballero, presidente de la FEMP y alcalde socialista de Vigo.

La FEMP también recuerda que ya en julio pidieron una moratoria, hasta una fecha que no precisa. Hasta ahora, no habían tenido más respuesta que la confianza que a principio de esta semana mostró la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en que 2023 llegará con las zonas de bajas emisiones que deben crearse en España.

"Se está trabajando desde el Gobierno para poder dar herramientas para que las ciudades puedan cumplir esos objetivos. Vamos a ser muy sensibles a esas cuestiones o esas dificultades que nos planteen los Ayuntamientos”, dijo Sánchez, que también apuntó que su departamento no es la competente en esta materia.

Finalmente, desde Transición Ecológica el mensaje que llega este jueves es que no habrá prórroga y que "antes de 2023" tendrá que haber 149 zonas de bajas emisiones en otras tantas ciudades de más de 50.000 habitantes.

2023, año electoral

La creación de estas zonas en las poblaciones de más de 50.000 se plantea también como una cuestión espinosa de cara a 2023, una año en el que habrá elecciones municipales. Según un Eurobarómetro sobre calidad del aire publicado este lunes por la Comisión Europea, restringir el acceso a los coches a determinadas zonas de las ciudades o cobrar tasas de congestión se encuentran entre las acciones contra la contaminación que menos aceptación tienen.

En concreto, la posibilidad de "introducir o mantener restricciones al tráfico en ciudades contaminadas, como tasas de congestión, zonas de bajas emisiones y restricciones de acceso", solo tiene el respaldo del 15% en España y del 16% en el conto de la UE