El Gobierno se prepara para pedir a la UE un nuevo tramo de fondos europeos, de los que tendrá que devolver 85.000 millones

  • El Ejecutivo inicia la segunda fase del despliegue del plan de recuperación, en la que podrá acceder a 95.145 millones.
  • El 89% de los fondos serán préstamos en condiciones ventajosas, pero exigirán 15 nuevas reformas estructurales.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, interviene en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el 20 de diciembre.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, interviene en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el 20 de diciembre.
JUAN CARLOS HIDALGO / EFE
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, interviene en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el 20 de diciembre.

El Gobierno ha dado este martes el pistoletazo de salida a la segunda fase del plan de recuperación. Una etapa en la que podrá acceder a los 95.145 millones de euros restantes de fondos europeos que completan los más de 160.000 millones que la Comisión Europea ha asignado, en total, al país. El Ejecutivo ha aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de adenda al plan de recuperación, un documento que amplía el plan original pactado con Bruselas y que incluye nuevas reformas y partidas de gasto.

De los nuevos fondos, la mayoría -84.800 millones- se articularán como préstamos en condiciones muy ventajosas, pero que España tendrá que rembolsar a la Comisión Europea transcurridos 30 años. Estos préstamos pagarán el mismo interés que los bonos UE por lo que, en principio, le resultarán más baratos a España que si el Tesoro los emitiera por su cuenta. Uno de cada cinco euros que se obtengan por esta vía (18.600 millones) se irán a reforzar los 11 Perte actualmente en vigor. Estos Perte son los grandes proyectos estratégicos que ejercen como columna vertebral del plan.

El resto irán a parar a 12 fondos con los que el Gobierno pretende impulsar el tejido productivo y los proyectos regionales. La idea es crear una "red de seguridad y financiación en buenas condiciones, sin aumentar inmediatamente la carga de deuda pública de España", en palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño. Las comunidades tendrán su propio fondo, dotado con 20.000 millones para inversiones autonómicas. También habrá un fondo para financiar el ingreso mínimo vital y otro para sufragar los gastos del mecanismo RED, el esquema llamado a sustituir a los ERTE en crisis futuras para evitar que las empresas destruyan empleo.

Más allá de los préstamos ventajosos, el Gobierno puede solicitar hasta otros 10.200 millones en transferencias directas a fondo perdido, que es la vía por la que se ha venido financiando la primera fase del plan de recuperación. De ese montante, tres de cada cuatro euros (7.700) irán a reforzar los Perte y a crear uno nuevo: el de descarbonización de la industria. Y, finalmente, los 2.600 millones restantes se destinarán a financiar el programa RepowerEU, el plan con el que la Unión Europea pretende reducir su dependencia energética de Rusia y acelerar la transición ecológica.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha sido la encargada de presentar el documento, que supone, según sus palabras, "un nuevo paso adelante en la hoja de ruta de modernización" de España y refuerza su industria y autonomía estratégica.

A cambio de este dinero, España se ha comprometido a poner en marcha nuevas reformas estructurales y a ampliar algunas de las que ya está desarrollando en la primera parte del plan. Se trata de 30 nuevas reformas, de las cuales la mitad serían nuevas, según trasladan desde el Ministerio de Economía. Las reformas se centrarán en cuestiones como la transición ecológica, la transformación industrial o la inserción laboral. 

Calviño presentará en profundidad el documento de ampliación del plan de recuperación el próximo jueves en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, pero no será hasta principios de 2023 cuando se remitirá el documento definitivo a Bruselas. En la capital comunitaria, la Comisión Europea tendrá que dar su visto bueno, que posteriormente deberá ratificar el Consejo Europeo. Una vez la propuesta haya llegado a Bruselas, la Comisión tendrá dos meses para evaluarla y decidir si le da el visto bueno.

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