El Gobierno enviará al Congreso antes de 100 días un proyecto de ley de cambio climático que incluirá la obligación de que las localidades de más de 50.000 habitantes creen “zonas de bajas emisiones” como Madrid Central. Esta es una de las propuestas que lanzó el presidente, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura fallida en julio y que también figuraba en el anteproyecto de ley que se elaboró en la pasada legislatura y que nunca se llevó a la Cámara. La diferencia ahora es que deja de ser una propuesta para convertirse en una “obligación".

Así lo ha indicado este martes la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha apuntado que en el anteproyecto de ley hay “una cuestión que sí se ve modificada” porque “frente a la primera opción de habilitar” se pasa a la “obligación de los municipios de más de 50.00 habitantes a instalar zonas de bajas emisiones”.

Ribera ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este martes ha aprobado una Declaración de Emergencia Climática, “compromiso” que afectará a todas las actuaciones del Gobierno con la reducción de emisiones de CO2 con el objetivo de que España cumpla con su compromiso internacional de ser neutro en carbono -es decir, no emitir más CO2 del que sea capaz de absorver- en 2050. También otros objetivos intermedios sobre lo que, sin embargo, Ribera no ha especificado hoy, a pesar de que en la pasada Cumbre del Clima de Madrid, en diciembre, la intención del Gobierno era reducir en 2030 una de cada tres toneladas de CO2 que hoy emite a la atmósfera.

"Los objetivos que nos marcamos son los de 2050, al margen de la aceleración de reducción de emisiones", ha dicho la vicepresidenta este martes.

Diésel

Uno de los elementos de esta Declaración de Emergencia Climática es el compromiso del Gobierno de presentar en el Congreso antes de que pasen 100 días una propuesta para elaborar una ley climática que obligará a crear ‘madrid centrales’ por toda España pero que en cuestión del diésel mantendrá los objetivos que marcó el Gobierno en la pasada legislatura.

A pesar de que el año pasado a Ribera le hubiera gustado más lejos y prohibir los coches diésel y gasolina en 2040, la propuesta legislativa mantendrá la corrección que introdujo posteriormente el Ejecutivo y se limitará a alinearse “a rajatabla”, ha dicho la vicepresidenta, con “la redacción de la UE”, que los coches “deben tener 0 campos de CO2 por kilómetro en 2050”, a pesar de que también ha destacado que otros países de la UE “están adelantando” este objetivo.

Fiscalidad verde

Sobre la fiscalidad verde, Ribera ha señalado que el proyecto de ley se alinea con los objetivos que ya marcó el G20 en 2009 para dejar de conceder “nuevos subsidios” los combustibles fósiles “salvo cuestiones sociales justificadas”.

A su lado, la portavoz del Gobierno y también ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que su departamento lleva meses, en colaboración con otros ministerios como el de Transición Ecológica, “revisando la fiscalidad mundial en torno a las figuras que tienen que ver con el cambio climático y la protección del medio ambiente” para para determinar qué podría hacerse en España.

Sin concretar más, la ministra de Hacienda ha mencionado “figuras fiscales que no tienen afán recaudatorio pero son disuasorias de comportamientos perjudiciales” e “incentivos fiscales” que pueda “acoger” el sistema “para impulsar la transformación del sector productivo” español que, ha recordado Montoro, en 2050 deben formar parte de una economía que pretende ser neutra el carbono.

Nuevo choque con Vox

Además de la propuesta de ley, el Gobierno se ha comprometido a adoptar 30 líneas de acción prioritarias para combatir el cambio climático y  seguirá la experiencia de Francia y creará “asambleas ciudadanas” para fomentar la “participación y aportación de ideas” sobre cómo “responder al reto del cambio climático”, en las que quiere escuchar particularmente a los jóvenes.

El Consejo de Ministros ha aprobado una Declaración de Emergencia Climática por “justicia climática”, ha dicho Ribera, por que este país necesita actualizar sus prioridades con un proyecto de país viable económicamente” y “por responsabilidad” por lo “enormemente costoso desde de punto de vista económico y medioambiental” no hacerlo. También porque Sánchez se comprometió a hacerlo “con urgencia” en cuanto su Gobierno dejara de estar en funciones.

Sin embargo, este nuevo paso del Ejecutivo vuelve a colisionar de frente con los postulados de Vox, que en los últimos días ha monopolizado el debate político por su defensa de la censura educativa en los colegios.

Tal y como ha recordado Ribera, la Declaración de Emergencia Climática tiene su base en una proposición no de ley de Unidas Podemos que, enmendada por el PSOE, fue aprobada en septiembre del año pasado por todos los diputados del Congreso, excepto por los 24 que entonces tenía Vox, que votaron en contra.