Jueces, fiscales, inspectores de Trabajo, funcionarios de Justicia, trabajadores de la Seguridad Social... Los funcionarios de Estado han comenzado a exigir al Gobierno incrementos salariales o mejoras en sus condiciones laborales, elevando la conflictividad laboral a máximos justo cuando acaba de empezar la campaña electoral para los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva semanas destacando la "paz social" en España, lo cual, a su juicio, tiene todo que ver con las medidas que aprueba su Ejecutivo para hacer frente a la inflación y las reformas como la de las pensiones. No hay intervención pública en la que no recurra a esta idea y es uno de los mantras de los mítines del PSOE en esta campaña. La última ocasión, durante la última sesión de control en el Congreso, donde subrayó que España es el país europeo que disfruta de mayor paz social y presumió de gestión frente a “los apocalipsis” y la “frustración desesperada” de la derecha.
El presidente puede referirse a que, ante un escenario de alza histórica de precios a consecuencia de la subida del coste de la energía por la guerra en Ucrania, el Gobierno contempló subidas salariales para los funcionarios y los pensionistas. Además, la reciente reforma de las pensiones se ha aprobado sin contestación social. Sin embargo, entre algunos empleados públicos esa paz social ha saltado por los aires y desde hace semanas mantienen huelgas, paros o protestas para exigir mejores retribuciones.
Uno de los primeros colectivos fueron los letrados de la Administración de Justicia, que tras dos meses de pulso con el ministerio que dirige Pilar Llop y cerca de 400.000 suspensiones de juicios, lograron un aumento retributivo de hasta 450 euros al mes por nómina.
Pero el conflicto en Justicia no hacía más que empezar. Los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del ministerio vieron en esa subida una discriminación hacia ellos y empezaron una serie de paros y de protestas en la calle que aún continúa. Si nada cambia, irán a huelga indefinida a partir del 22 de mayo. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos es "la paralización de la ley de eficiencia organizativa", que a juicio del comité de huelga "pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas del personal".
Justicia es, de hecho, el ministerio con más conflictividad laboral a día de hoy. Y es que a los funcionarios se ha unido una amenaza de huelga de nada más y nada menos que jueces y fiscales que, de momento, ha quedado en pausa para darle una oportunidad a las negociaciones con el Gobierno, con el que ya han mantenido tres reuniones en las que se ha ofrecido a las asociaciones subidas por valor total de 46 millones de euros. De momento, no hay acuerdo y la fecha del 22 de mayo está en el horizonte como posible inicio de una huelga que quiere denunciar el "sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia".
Son muchos los problemas que arrastra un sector y que los profesionales que trabajan en él resumen en tres puntos: falta de presupuesto, una plantilla escasa y medios tecnológicos "del siglo pasado". Basta un ejemplo para entender la situación: a día de hoy se están señalando juicios para 2025 ó 2026. Una situación que "degrada la calidad de la respuesta institucional que obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos", consideran las asociaciones.
Al tiempo que patronal y sindicatos firmaban su acuerdo para una subida de sueldo de un 4% en 2023 y un 3% en 2024 y 2025 en el sector privado, CSIF exigía la semana pasada al Gobierno reabrir las negociaciones salariales para evitar que los empleados públicos sigan perdiendo poder adquisitivo y se queden "descolgados". "Exigimos a nuestra patronal que no nos trate peor que la patronal privada a los trabajadores de la privada", dicen en el sindicato de funcionarios en referencia a su empleador, esto es, el Estado.
Su objetivo: recuperar de forma íntegra las pagas extra de los funcionarios, pues han constatado que las subidas previstas en lo privado van a ser superiores a la revalorización salarial pactada con el Gobierno para los funcionarios a finales del año pasado. Mientras esperan respuesta del Ejecutivo, avisan: "No descartamos ninguna medida", incluida la huelga.
Aumento de plantilla
Quienes sí han llevado a cabo paros en los últimos meses han sido los inspectores de Trabajo y acaban de convocar otra veintena para las próximas siete semanas, como antesala de una huelga indefinida que prevén para finales de junio. Con esta nueva fase de movilizaciones, este colectivo busca presionar al Gobierno para que cumpla con su compromiso de reforzar la plantilla y modernizar la estructura de la Inspección de Trabajo. Según aseguran los representantes sindicales, el acuerdo que alcanzaron con el Ministerio de Trabajo en julio de 2021 sigue sin ponerse en marcha casi dos años después.
Los últimos en unirse a estas movilizaciones han sido los empleados de la Seguridad Social. Nunca antes había habido una huelga en este organismo del Estado. Como los de la Inspección de Trabajo, piden un refuerzo de la plantilla que dé solución al atasco en la atención, lo que ha llevado al "deterioro de uno de los servicios públicos con mayor demanda de la ciudadanía".
Falta de efectivos, envejecimiento de las plantillas, retraso en la gestión de prestaciones e "incumplimiento de leyes y acuerdos" en materia de personal son las razones principales que esgrimen los trabajadores para plantear paros todos los viernes de mayo, sin descartar acciones más contundentes.
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