El atasco generalizado en la Administración de Justicia, que alcanza las dimensiones de "abandono" y en ciertos casos de "colapso" según sus profesionales, es un conflicto que no preocupa a demasiados españoles. Sirva de muestra el siguiente dato recogido en el último barómetro del CIS: tan solo el 2,5% de los ciudadanos del país lo sitúa entre los tres principales problemas de España. A pesar de que el 79% de los españoles cree que la Justicia es tan lenta que conviene evitar acudir a ella, el Judicial sigue siendo el mejor valorado entre los tres poderes del Estado. La preocupación, claro, es mucho más aguda entre los trabajadores de la Administración de Justicia y entre los usuarios de la misma. 

De hecho, los diferentes estratos del aparato jurídico nacional han mostrado durante los últimos meses una creciente desazón por esta difícil situación que pasan sus tribunales. El enfado ha desembocado incluso en varias huelgas celebradas con el objetivo de conseguir aumentos salariales frente a la sobrecarga de trabajo a la que aseguran verse sometidos los trabajadores de la Justicia. Primero fueron los letrados judiciales, cuyos pasos siguieron los funcionarios de la Justicia, y finalmente los jueces y fiscales, que decidieron el viernes convocar otra huelga para el 16 de mayo. Pero, ¿cuál es realmente el origen del problema?

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Según Ignacio Picatoste, secretario general de la Asociación Profesional de la Magistratura y presidente de la Audiencia de Coruña, hay tres factores a tener en cuenta. "En primer lugar -señala-, "hay que ampliar la plantilla de jueces". Las cargas de trabajo son muy importantes, a juicio de Picatoste y de otros compañeros, como la jueza y miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco Vitoria, Teresa García. De hecho, según aclara el magistrado y miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, "España tiene el ratio más bajo de jueces por habitante de toda la Unión Europea". 

"En los próximos 15 años se van a jubilar entre 1.000 y 1.500 jueces, lo que supone casi un tercio de la carrera judicial"

El problema, sostiene Picatoste, es que "no se crean suficientes plazas de jueces como para dar cobertura a las necesidades de la ciudadanía". Una situación que no hará más que empeorar de aquí a 10 o 15 años. En ese plazo, alerta Picatoste, "se van a jubilar entre 1.000 y 1.500 jueces, lo que supone casi un tercio de la carrera judicial". "Eso supondrá un problema de personal cualificado que no se va a cubrir". García coincide en el diagnóstico, pues según ella en España "no se han creado suficientes juzgados". "A eso se ha unido el aumento de la litigiosidad, a veces motivados por factores poblacionales, por ejemplo en Madrid".

En segundo lugar, la Justicia necesita "revisar y agilizar procedimientos para que se amolden a las necesidades de los tiempos", dado que, tal y como explica el secretario de la APM, "nuestra jurisdicción es especialmente garantista, y eso es algo que se ha de preservar, pero actualmente no se amolda a las necesidades". 

Existe un tercer motivo de retraso y mal funcionamiento en opinión de sus trabajadores: la desactualización de los medios tecnológicos, que deben ser optimizados y equiparados a los medios a disposición de otras administraciones del Estado. Joaquim Bosch subraya a este respecto que "hay una pésima organización de los recursos". "La organización judicial está basada en una planta judicial del siglo XIX, con partidos judiciales estructurados geográficamente en función de aquella realidad histórica, pero la situación ha cambiado muchísimo y hay que ir hacia estructuras más eficientes", añade. 

En esta desactualización de los medios tecnológicos y en la desatención general a los medios materiales, los profesionales de la Justicia encuentran un síntoma de discriminación frente al trato que reciben otras administraciones. "En Hacienda llevan años con papel cero, les dan un portátil para trabajar en casa y tienen la última tecnología y muchos más recursos de plantilla", señala García en este sentido. Según Picatoste, "las inversiones [en Justicia] se hacen con desgana, como a fondo perdido, no con el fin de dotar de una estructura básica para el Estado de Derecho democrático". "Compruébense las instalaciones de Hacienda, destinadas a la recaudación y éntrese después en un juzgado: la diferencia de medios materiales es un problema de voluntad política", resume.

La falta de inversiones es la base del atasco también según la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que identifica un "problema de desidia de los distintos gobiernos que nunca se han decidido activamente a agilizar la Administración de Justicia, lo que pasa por mayor inversión en medios materiales y personales".

La conclusión, por tanto, es que los presupuestos destinados a Justicia (2.304 millones de euros este año, un 7,7% más que el anterior) son "insuficientes", porque las carencias a suplir son "enormes". "El funcionamiento ordinario de los juzgados es absolutamente deficitario, multitud de ellos trabajan a más del 200% de la carga ordinaria", apunta Bosch. La solución pasa, al entender de todos los entrevistados, por un "pacto de Estado", un "compromiso de cara a los próximos 10 años que alcance a todas las fuerzas políticas". 

Para acabar con la precariedad que señalan los operadores jurídicos es necesario, según Dexeus, que "todos arrimen el hombro y se consiga un pacto de Estado que evitara esta situación deficitaria de la Justicia". Pero la voluntad, denuncia, no llega nunca. "Hemos visto reformas legales a coste cero y eso no puede ser, debe existir una inversión importante y estratégica", zanja la fiscal.