Es oficial. El grueso de las asociaciones de jueces y fiscales han convocado formalmente una huelga indefinida que comenzará el 16 de mayo para tratar de conseguir subidas salariales. Será la tercera huelga que se convoca este año contra el Ministerio de Justicia, después de que los letrados parasen sus labores durante dos meses y consiguieran aumentos retributivos de entre 430 y 450 euros mensuales. Los funcionarios de Justicia, en huelga desde el día 17, están negociando actualmente con la cartera de Llop. 

La huelga ha sido convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Sin embargo, la Unión Progresista de Fiscales y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia se han abstenido de participar en la convocatoria de la huelga, a la expectativa de que la Mesa de Retribuciones convocada para el 3 de mayo pueda dar lugar a un acuerdo. El anuncio de la protesta se ha remitido al Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado a través de una misiva este mismo viernes. 

Tal y como adelantaron a principios de semana, los jueces y fiscales solicitan una "actualización y adecuación retributiva razonable" ante la pérdida de poder adquisitivo que sufren desde hace más de una década. Todo ello en un marco de "notorio aumento de la litigiosidad dimanante" y ante "una catarata de reformas legislativas que no hacen sino incrementar exponencialmente las funciones por extensión, las cargas de trabajo de jueces y fiscales, lo que a su vez afecta de forma notoria a la salud laboral de jueces y fiscales".  

El origen del problema, según señalan fuentes jurídicas a 20minutos, se remonta a 2003, cuando se dictó una ley "que responde a la orientación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" para "garantizar la independencia judicial a través de una retribución adecuada". Una idea que respaldó este jueves el CGPJ a través de un comunicado en el que reconocía que "el régimen retributivo" de los jueces constituye "un elemento vertebrador de su independencia económica". 

Según señalaba el Consejo, que deberá configurar los servicios mínimos de esta huelga, la independencia económica está "íntimamente vinculada a la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional". Sin salarios acordes a la importancia y las necesidades de los jueces no es posible una "tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos", explica el comunicado.

Aquella norma aprobada en 2003 establecía un órgano de revisión de las condiciones económicas de jueces y fiscales llamado a reunirse cada cinco años. Se trata, efectivamente, de la Mesa de Retribuciones que el Ministerio de Justicia ha convocado para el próximo día 3 de mayo y en la que las asociaciones convocantes de la huelga no ven "garantía" ninguna. El hecho, señalan las mencionadas fuentes, es que "desde 2008, cuando de todas formas no hubo acuerdo, la Mesa no ha vuelto a convocarse".

A esta circunstancia hay que sumar, no solo el aumento del precio de la vida en los últimos 20 años, también la rebaja de las retribuciones de la función pública que en 2010 afectó singularmente a estos profesionales. Tanto a los magistrados como a los miembros de la Fiscalía se les redujo el sueldo en un 10%, una bajada que "no se ha visto compensada", según afirman las asociaciones convocantes de la huelga. 

La huelga que mantuvieron los letrados de la Administración de Justicia durante dos meses causó un importante retraso en los tribunales de toda España, llegando a paralizarse más de 400.000 juicios. Las negociaciones mantenidas con el ministerio de Pilar Llop fueron largas y complicadas, pero concluyeron con un aumento retributivo de hasta 450 euros mensuales a cada letrado. 

Aquella concesión, realizada fuera de la Mesa de Retribuciones, indignó a los sindicatos representantes de los funcionarios de la Justicia, que desde el día 17 mantienen su propia huelga indefinida. Durante las últimas semanas, la huelga se ha limitado a paros de 10.00 a 13.00 horas, si bien a partir de la semana que viene la fórmula cambiará. Durante los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo el paro durará 24 horas, según informaron los sindicatos esta semana. 

Esta segunda protesta está causando, según datos de los convocantes, unos perjuicios aún más graves que los de la huelga de letrados, llegando a paralizar 700.000 actuaciones judiciales diarias. A esta amenaza, enmarcada en la ya prolongada situación de atasco de la Justicia, se suma ahora la de una huelga de jueces y fiscales que el Ministerio solo puede evitar a través de la Mesa de Retribuciones del próximo miércoles.