Se cumplen diez días de huelga parcial de los funcionarios de Justicia y el Gobierno, según denuncian, no les ha remitido ninguna oferta económica, por lo que han anunciado que convocarán una huelga indefinida a partir de el 22 de mayo si la situación persiste. Según han comunicado los sindicatos -CSIF, STAJ, UGT y CCOO- el día 25 se celebrará otra manifestación en Madrid. A estas alturas, aseguran, los paros que han realizado entre las 10.00 y las 13.00 horas han paralizado "más de 10 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios en toda España". 

Los sindicatos representantes de estos 45.000 trabajadores ofrecen, de esta forma, un plazo de diez días para que el Gobierno presente una opción económica. Paralelamente, los ministerios de Justicia y Hacienda están negociando una subida salarial con jueces y fiscales, que han anunciado otra huelga a partir del día 16 si no llegan a un acuerdo en la Mesa de Retribuciones. Este miércoles se celebrará la tercera reunión de dicha Mesa, partiendo de la última oferta del Ejecutivo, que contempla hasta 46,7 millones de euros para las carreras fiscal y judicial. 

Los funcionarios de Justicia amenazan con endurecer sus protestas al verse discriminados tras la oferta a jueces y fiscales

Según el comunicado emitido este viernes por el sindicato CSIF, las organizaciones han registrado en Moncloa "una carta al presidente del Gobierno, emplazándole a que autorice una oferta económica que reconozca las funciones que realizan cada día los funcionarios". En la misiva reclaman también a Pedro Sánchez que permita a los sindicatos negociar el contenido de los proyectos de la ley de eficiencia organizativa, una de las principales reivindicaciones del sector. 

Mientras tanto, las jornadas de huelga serán completas los días 11, 16, 17 y 18 de mayo, como ya anunciaron los sindicatos la semana pasada. Desde hace días, los representantes de las organizaciones sindicales han pedido públicamente la dimisión o el cese de la ministra Pilar Llop, que a su juicio no está mostrando "voluntad negociadora". El ministerio, reprochan, les trata como a "funcionarios de segunda". Este conflicto comenzó el pasado 17 de abril tras el fin de la huelga de letrados de la Administración de Justicia, que duró dos meses y concluyó con aumentos retributivos de entre 430 y 450 euros mensuales para cada uno de ellos. 

Al hilo de esta protesta, los funcionarios exigen ahora una mejora salarial "acorde con las funciones" que realizan a diario, que cifran entre los 350 y los 430 euros. Los jueces, por otro lado, rechazaron el lunes una oferta que podría implicar aumentos de hasta 500 euros en sus nóminas. Los funcionario aseguran que lamentan "los perjuicios que está provocando esta huelga en los ciudadanos", pero señalan que "el Gobierno es el único responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia". 

Tras conocer la primera oferta que el Ejecutivo trasladó a jueces y fiscales (44,5 millones de euros), los funcionarios se concentraron frente a la sede del ministerio de Justicia para protestar en un clima de tensión máxima. Los portavoces sindicales aseguraron haber recibido "miles de mensajes" de compañeros que se sentían "funcionarios de segunda". 

Según relató Luis Calero, de Comisiones Obreras, la sensación de estos trabajadores es que "se suben las retribuciones a los colectivos más privilegiados mientras se ignora al grueso de los trabajadores de la Justicia". "Esperamos que de inmediato nos convoquen los ministerios de Justicia y Hacienda para solucionar este desaguisado, no se puede entender que aumenten la retribución a una pequeña parte y dejen de lado al 93%", señaló durante la protesta de la semana pasada.

Teniendo en cuenta que el cuerpo de funcionarios de la Justicia está integrado por unos 45.000 trabajadores, la subida que exigen supondría un desembolso anual de hasta 200 millones de euros. Además, los sindicatos reclaman que el Gobierno les incluya en la elaboración de la ley de eficiencia organizativa que actualmente se está tramitando en el Parlamento.