"Nosotros trabajamos, ellos cobran". El texto, recogido en una de las pancartas de la concentración celebrada este jueves frente al Ministerio de Pilar Llop, resume con acierto el sentir mayoritario de los funcionarios de la Administración de Justicia en huelga. A punto de concluir la tercera semana de protestas, los sindicatos representantes de estos trabajadores no han conseguido avanzar una micra en la negociación para conseguir una subida salarial. Mientras tanto, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa una oferta de 44,5 millones de euros para los jueces y fiscales, que negocian activamente en la Mesa de Retribuciones y han anunciado una huelga para el 16 de mayo en caso de que las conversaciones fracasen. 

La situación es de tensión máxima entre los 45.000 funcionarios que conforman el 93% de la oficina judicial y han decidido endurecer sus protestas y mostrar fuerza frente a la sede de Justicia en la calle San Bernardo. Si la oferta sigue sin llegar, los paros -que en estos momentos se realizan de 10.00 a 13.00 horas- durarán toda la jornada los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Durante las últimas horas, tras conocerse la oferta que el Ministerio ha trasladado a las carreras judicial y fiscal, los sindicatos de funcionarios han recibido "miles de mensajes" de compañeros que se sienten "funcionarios de segunda", según ha asegurado el Javier Jordán, responsable del sector de Justicia de CSIF. 

"El parón en la Justicia es total, el seguimiento de nuestra huelga se eleva al 90%", apunta Jordán. Y sin embargo, la ministra Pilar Llop no se ha reunido en ningún momento con los sindicatos, como sí ha hecho con jueces y fiscales. En consecuencia, según relata Luis Calero, de Comisiones Obreras, la sensación de estos trabajadores es que "se suben las retribuciones a los colectivos más privilegiados mientras se ignora al grueso de los trabajadores de la Justicia". "Esperamos que de inmediato nos convoquen los ministerios de Justicia y Hacienda para solucionar este desaguisado, no se puede entender que aumenten la retribución a una pequeña parte y dejen de lado al 93%", ha señalado. 

Frente a las reivindicaciones de estos trabajadores, el ministerio no tiene nada que decir por el momento. La ministra Llop ha reiterado durante las últimas semanas que su mano está "tendida", pero no hay ninguna reunión con los sindicatos apuntada en el calendario. Y por cada día de huelga se agrava un poco más la acumulación de trabajo en los tribunales de toda España, que ya quedaron en una difícil situación tras dos meses de huelga de los letrados de la Administración de Justicia que paralizaron más de 400.000 juicios. 

Radiografía de una Justicia "abandonada"

Las reclamaciones de los funcionarios se basan en la subida de entre 430 y 450 euros mensuales que el Gobierno concedió a los 4.462 letrados judiciales que hay en España. De esta forma, los funcionarios exigen una subida "acorde a las funciones que realizan a diario", concretamente un abanico de entre 350 y 430 euros que se añadirían a sus nóminas a través del concepto 'complemento general del puesto'. 

Teniendo en cuenta que el cuerpo de funcionarios de la Justicia está integrado por unos 45.000 trabajadores, la subida que exigen supondría un desembolso anual de hasta 200 millones de euros. Además, los sindicatos reclaman que el Gobierno les incluya en la elaboración de la ley de eficiencia organizativa que actualmente se está tramitando en el Parlamento. 

Para más inri, los equipos técnicos de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses se han sumado al carro de las protestas al no recibir ninguna respuesta al mensaje remitido el 20 de abril al ministerio solicitando una reunión para negociar. Estos equipos, formados por psicólogos y trabajadores y educadores sociales, han expresado su malestar ante la falta de reconocimientos "a nivel profesional y económico". 

Ahora contemplan adoptar una serie medidas de presión, desde paros parciales hasta jornadas de huelga que afectarían especialmente a menores y víctimas de violencia de género. Estos profesionales exigen una regulación acorde a la especialidad y responsabilidad de su labor y buscan pasar por un proceso de funcionarización que les lleve a depender directamente del Ministerio de Justicia.