Las mujeres españolas podrán abortar desde los 16 años, acogerse a una baja laboral específica si sufren menstruaciones incapacitantes y tendrán derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo en cualquier centro sanitario público de su comunidad autónoma. Así lo ha decidido este jueves una amplia mayoría del Congreso de los Diputados, tras dar luz verde a la reforma de la ley del aborto de 2010 impulsada por el Ministerio de Igualdad. La norma, que aterrizó en las Cortes hace apenas cinco meses, concluye su camino parlamentario y entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

El texto ha sido definitivamente aprobado con 185 votos a favor, 154 en contra y tres abstenciones. Ha recibido el respaldo de sus impulsores (PSOE y Unidas Podemos), de ERC, CUP, EH Bildu y Más País; y el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos. La ley recupera el derecho a abortar -hasta la semana 14 de gestación- para las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, algo que eliminó el PP en 2015, y elimina los tres días de reflexión y la obligación de conceder un sobre informado con los recursos y ayudas existentes a la mujer que acuda a interrumpir voluntariamente su embarazo.

"Las mujeres han reflexionado el tiempo que han necesitado, no tenemos que obligarlas, como si no tuviesen la capacidad de tomar una decisión que afecta a su propio cuerpo", ha subrayado la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su intervención final en el Pleno.  

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La titular de Igualdad ha celebrado la aprobación de la norma y desgranado algunos de los puntos clave que se contemplan en ella (registro de objetores, educación sexual obligatoria, salud menstrual, reparto de productos de higiene femenina, etc.), pero ha asegurado que "el camino de la ley del aborto no acaba con esta votación, ni tampoco con la publicación de esta ley en el BOE". El proyecto, ha advertido, encontrará "resistencias", igual que "ha habido y habrá en la aplicación de todas leyes feministas".

El debate se ha producido, además, en plena polémica por las declaraciones del PP en torno al aborto, que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado zanjar esta semana excluyéndolo de los "derechos fundamentales" y calificándolo como un mero "derecho legal" de las mujeres.

"Vaya espectáculo han ofrecido esta semana con su posición", ha criticado la socialista Laura Berja. Desde el atril, la diputada del PSOE ha recordado que los populares recurrieron la ley de plazos de 2010 ante el Tribunal Constitucional (que no se pronunció hasta la semana pasada, 13 años después) y que se opusieron también a la iniciativa que prohibió el acoso ante las clínicas de aborto. "El PSOE ha sido el soporte político de la estructura jurídica de los derechos de las mujeres en este país, y lo sigue siendo", ha aseverado.

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La derecha, contra la reforma del aborto

Desde el PP, no obstante, se respaldan en el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la ley para justificar su oposición. "En la tramitación del Senado no se ha atendido a ninguna de sus objeciones", ha afeado la popular Marta González. Para este partido, esta reforma es "inoportuna", "innecesaria" e "infantilizadora". Están en contra de permitir que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el permiso de sus padres o de eliminar los tres días de reflexión y el sobre cerrado con información. "Es el Gobierno el que trata de manera infantil a las mujeres impidiendo que tengan acceso a la información", ha sostenido González.

Pero las críticas a la bancada popular llegaron también desde su derecha, donde la diputada de Vox, Rocío Méndez, ha aprovechado su intervención para acusar al PP de "someterse" a la izquierda y ceder a la hora de incorporar en el Senado la enmienda que prohíbe protocolos o prácticas que puedan condicionar la decisión de la mujer que acude abortar. "La primera traición fue no derogar la ley que habían promulgado", ha acusado Méndez, en referencia a cuando el PP llegó a la Moncloa y no tumbó la ley de plazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

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Mientras, en Ciudadanos, que se han opuesto a la ley, aseguran que defienden el derecho al aborto, pero que no pueden apoyar un texto que ataca a los llamados vientres de alquiler. "Lo venden como una gran conquista social, pero nos meten por la puerta de atrás una reforma criminalizando la gestación subrogada", ha reprochado la diputada Sara Giménez, quien ha asegurado durante su intervención que el texto "ahonda en la inseguridad jurídica que sufren en aquellas personas acuden a ala gestación subrogada para poder formar su familia y a los más de 3.000 niños nacidos por gestación subrogada en nuestro país". Y es que el texto define los vientres de alquiler como una forma de violencia contra las mujeres y prohíbe que las agencias se publiciten en España. 

Aborto desde los 16, educación sexual y bajas menstruales

La ley que salió del Consejo de Ministros en mayo de 2022 aspira a garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública hasta la semana 14 de gestación, establece un registro de objetores de conciencia y elimina la exigencia de la autorización de los padres para las menores de 16 y 17 años. Además, se prohíbe que los médicos objetores puedan participar en los comités clínicos que deciden sobre los abortos a partir de las 22 semanas.

Suprime también los tres días de reflexión y la obligación de dar un sobre cerrado con información (ayudas, recursos, etc.) a las mujeres y reconoce una baja laboral por menstruaciones incapacitantes, que correrá a cargo del Estado desde el primer día, y un permiso preparto remunerado, independiente al de maternidad, desde la semana 36 de gestación.

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Tras su trámite en el Senado, en la ley también se ha incluido un apartado -impulsado por el PSOE a raíz del protocolo que Vox pretendió incluir en Castilla y León- que prohíbe "alterar" la voluntad de una mujer que solicite interrumpir voluntariamente su embarazo, "ya sea para afianzar, revocar o para demorar" esa decisión, y solo se permitirá comunicarle aquella "información clínica imprescindible y pertinente".

Además, contempla el reparto gratuito de productos de higiene femenina (compresas, tampones, etc.) y anticonceptivos en colegios, centros sociales, sanitarios y penitenciarios; y fija como obligatoria la educación sexual en todas las etapas educativas.