Una de cal y otra de arena para la reforma de la ley del aborto del Ministerio de Igualdad. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido su borrador de informe sobre la norma, en el que si bien reconocen el fortalecimiento de ciertos derechos gracias a la norma, critica algunos de los puntos claves del proyecto de Irene Montero, como las bajas por menstruaciones incapacitantes o la eliminación de los tres días de reflexión y del requisito de entrega de un sobre con información. 

El proyecto, que fue enviado por el Gobierno a la Cámara Baja a finales de agosto de este año, recupera el aborto libre desde los 16 años, regula la objeción de conciencia y recoge una baja concreta para reglas muy dolorosas. Hasta ahora, la norma ya ha superado sus primeros obstáculos -las enmiendas a la totalidad del PP, Vox y Cs, y el debate en Comisión-, pero le queda todavía pasar por el Pleno del Congreso, previsiblemente en los próximos días, para ser ratificada. 

Pero el informe del CGPJ llegará tarde, pues el Ejecutivo decidió tramitar la norma por el procedimiento de urgencia (reduciendo los plazos usuales a la mitad), para que diese tiempo a sacarla adelante en esta legislatura, e incluso antes de finalizar el año. Lo de este viernes es tan solo la propuesta de informe de los ponentes, que será debatida de forma debatida el próximo día 22 de diciembre (después de ser votada en las Cortes, por tanto), según explica el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado. 

Las ponentes vocales Roser Bach y Ángeles Carmona -que han repartido la propuesta de informe al resto de los miembros del órgano-, reconocen que la ley "refuerza las garantías" a derechos como el de la vida privada o el de la salud sexual y reproductiva. No obstante, consideran que "en algunos casos", el Gobierno no explica "convenientemente" las reformas que hace respecto a la ley actual, de 2010, especialmente en lo que respecta al derecho de información y al periodo de reflexión antes del aborto. 

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Creen "necesario" el periodo de reflexión

La futura ley del aborto elimina el requisito que existe actualmente y que establece la obligación de entregar a la mujer que solicita interrumpir un embarazo, un sobre cerrado con información sobre las ayudas públicas para la maternidad, derechos laborales, beneficios fiscales y otros recursos. Pues bien, el órgano de gobierno de los jueces cree que el hecho de no entregarlo puede estar "privando" o "dificultando" el acceso a la información "sobre cuestiones que pudieran ser de su interés". 

En esa línea, reprocha también que se elimine el periodo de reflexión de tres días desde que se le entrega ese sobre cerrado. Tras incidir en que esta medida está presente en "varios" de los países del entorno, la ponencia considera que ese periodo de reflexión es "necesario" para una "adecuada formación de la voluntad" y para poder decidir de una forma "consciente y meditada" sobre el aborto y sus consecuencias. 

En contra de una baja menstrual "injustificada"

Igual de reticentes se muestran respecto a la baja menstrual. El proyecto, que llegará al pleno la próxima semana, contempla bajas para menstruaciones dolorosas e incapacitantes, que correrá a cargo del Estado desde el primer día y no requerirá un mínimo de días cotizados. Pero para los ponentes del informe hay una "ausencia de justificación" en la regulación de esa incapacidad. 

Recuerdan que actualmente una mujer ya puede reclamar una baja por enfermedad común a su médico de cabecera, que, además, "impide al empresario saber cuál es la causa". En cambio, con la nueva normativa inciden en que sí que se sabrá el motivo por el cual la mujer se ausentó de su puesto de trabajo. Esto, a su juicio, "puede provocar efectos totalmente contrarios a los pretendidos, haciendo surgir reacciones de marginación o estigmatización", sobre las mujeres "en general", y sobre las que sufren esas reglas incapacitantes, "en particular". 

Además, recrimina la ponencia que la ley establezca un régimen "privilegiado de atención y tratamiento" a una enfermedad común concreta, sin argumentar "los criterios valorados" para establecer ese "trato diferenciado". 

A favor de otras claves, pero con puntualizaciones

Sí que se ha mostrado más favorable respecto a otras de las claves de la norma, como el establecimiento de un registro de objetores de conciencia o la rebaja a 16 años de la edad mínima para abortar sin consentimiento paterno. 

Sobre la objeción de conciencia, los ponentes reconocen que no cabe ningún punto en contra, pero inciden en que el acceso a ese registro de personas objetoras deberá concretarse en un "instrumento normativo de rango infraorgánico". 

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Respecto a eliminar la reforma del PP de 2015 y volver a bajar la edad mínima del aborto libre a los 16 años, el informe subraya que la legislación actual ya reconoce a las personas de 16 y 17 años un grado de madurez y autonomía "suficiente para intervenir en la vida jurídica" sin intervención de sus representantes legales. 

Aunque aquí también fijan un 'pero'. Recuerdan que los progenitores desempeñan, conforme a su patria potestad, funciones como la "orientación" o el "consejo", que se verían dificultadas con esta medida. Así, concluyen que la ley actual también está "justificada" y que la otra vía para desobstaculizar el aborto de los menores de 16 y 17 años en caso de conflicto con sus progenitores podría hacerse a través de un procedimiento fijado en la norma que permita darle más importancia a su "capacidad decisoria" y compaginarla esta con los "deberes" de los representantes legales.