El PSOE y Unidas Podemos han pactado incluir en la reforma del aborto la creación de la figura de un "defensor judicial" de las menores de 16 años que entren en conflicto con sus padres o representantes legales en torno a una interrupción voluntaria del embarazo. 

La medida, incluida a través de una enmienda conjunta a la ley del aborto (aprobada en Consejo de Ministros a finales de agosto), aspira a marcar el procedimiento a seguir para aquellos casos en los que haya "discrepancia" entre la menor y los padres, encargados estos últimos de prestar el consentimiento ante una solicitud de aborto. 

Una de las claves de la norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad, es que devuelve a las menores de 16 y 17 años el derecho -eliminado por la reforma del PP en 2015- a interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus progenitores o representantes legales. Pero, para el caso de las menores de 16 sí que se mantiene ese requisito, por lo que los socios de Gobierno han registrado una enmienda a la ley (ahora en tramitación parlamentaria) para concretar los derechos tienen las menores en esa situación. 

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De este modo, cuando una menor de 16 años esté embarazada y quiera abortar pese a la oposición de sus padres, contará con un "defensor judicial" que la represente en todo ese procedimiento, conforme al derecho de los menores a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en consideración.

UP recupera la "violencia obstétrica" en el texto

En sus enmiendas individuales presentadas a la ley del aborto, Unidas Podemos recupera dos de las reivindicaciones que no pudo recoger en la ley durante la negociación con sus socios del PSOE. Por un lado, recupera la "violencia obstétrica" y la define como aquella "acción u omisión que cause daño a la salud física de las mujeres, durante la práctica sanitaria relativa a la atención ginecológica y obstétrica, especialmente la relativa a la atención al embarazo, el parto y el puerperio". 

Este es un punto que se pretendía introducir al redactarse el articulado del texto, pero el Ministerio de Sanidad y el de Justicia no se sintieron cómodos con incluir la definición por la polémica que genera en una parte importante del sector de la salud. Lo único parecido que consiguieron incluir fue la obligación de impulsar medidas de prevención y formación de los sanitarios en materia de atención al parto respetuoso.

Sí al permiso preparto en la semana 39 de embarazo, pero sin 'tasa morada': las medidas pactadas por PSOE y UP en la ley del aborto

Así, en su paquete de enmiendas registradas la semana pasada en el Congreso de los Diputados, los morados exigen contemplar ese concepto en la norma e incluso considerarlo como una forma de vulneración contra las mujeres. 

Baja desde la semana 37 de embarazo y no desde la 39

Los primeros borradores contemplaban un permiso preparto remunerado a partir de la semana 36 -independiente al de maternidad-, pero finalmente quedó fijado en las 39 semanas de gestación, como defendía el ala socialista. 

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Así, Unidas Podemos ha aprovechado su paquete de enmiendas registrado la semana pasada para volver a intentar, una vez más, que la baja preparto empiece a contar antes: esta vez, desde el primer día de la semana 37 de gestación y hasta la fecha en la que la mujer dé a luz. 

La ley del aborto -la que recupera el derecho a interrumpir el embarazo desde los 16 años, plantea un registro de objetores y contempla una baja por reglas incapacitantes- superó a principios de octubre las tres enmiendas a la totalidad registradas por el PP, Vox y Cs. Tras cerrarse hace una semana el plazo de enmiendas, la Comisión de Igualdad es ahora la encargada de elaborar un informe con las enmiendas de todos los grupos parlamentarios, que será posteriormente debatido en la Cámara Baja. 

Se prevé que la tramitación de esta norma sea de las más ágiles de las próximas semanas (la ley trans y la que va contra la prostitución están también en una fase similar), y el objetivo de Igualdad es que esté definitivamente aprobada antes de que termine este año 2023. Todo ello, teniendo en cuenta que se trata de una reforma de la ley de 2010, que en su momento fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, y sobre la cual, 12 años después, todavía no se ha pronunciado.