El Gobierno calcula que la reforma de la ley del aborto, aprobada en Consejo de Ministros la semana pasada, costará a las arcas públicas un total de 104,4 millones de euros. La baja por reglas dolorosas y el permiso retribuido desde la semana 39 de embarazo son, según la memoria económica de la norma, las dos medidas que mayor desembolso supondrán (el 77,5% del coste total estimado).

Concretamente, la baja laboral por menstruaciones incapacitantes -una de las novedades de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad- tendrá un impacto de 23,8 millones de euros en las cuentas del país. El Ejecutivo llega a esta conclusión tras hacer una serie de cálculos. En primer lugar, que en 2020 había 8,7 millones de mujeres con empleo, de las cuales seis millones tenían entre 16 y 50 años. En segundo lugar, parte de la estimación de que aproximadamente el 1% de las mujeres tienen reglas incapacitantes y así calcula que el coste bruto sería de 80 millones, teniendo en cuenta el salario medio (21.682 euros anuales en 2021). 

Ahora bien, en la memoria económica se resta el coste que ya suponía para el Estado el hecho de que varias mujeres se acogieran a bajas por incapacidad temporal por temas relacionados con la menstruación. Así, el coste neto de la equiparación de este derecho ascendería a un "máximo" de 23,8 millones de euros anuales, que correrán a cargo de la Seguridad Social desde el primer día, tal y como consta en la norma. 

57 millones para el permiso preparto

En cuanto a la regulación de un permiso preparto desde la semana 39 de embarazo -otra de las novedades de la reforma-, el Ejecutivo calcula que tendría un impacto presupuestario anual de 77,11 millones de euros, también para la Seguridad Social. 

Este permiso funcionará como una incapacidad temporal por contingencias comunes (igual que la de las reglas dolorosas o por aborto), aunque en este caso el Estado no se hará cargo desde el primer día, pero sí que será compatible con el posterior permiso de maternidad. 

Sí al permiso preparto en la semana 39 de embarazo, pero sin 'tasa morada': las medidas pactadas por PSOE y UP en la ley del aborto

7,8 millones para bajas por aborto

Otra de las bajas contempladas es la ley es una incapacidad temporal (igual que la del permiso preparto) para la recuperación de interrupciones del embarazo, independientemente de si son voluntarias o involuntarias. En total, el Gobierno calcula que el coste de esta incapacidad ascendería anualmente a 7,8 millones de euros.

7,8 millones para garantizar el aborto farmacológico

La norma, que todavía tiene que volver a segunda vuelta en el Consejo de Ministros para iniciar su tramitación parlamentaria, introduce una nueva medida que permite que sean las mujeres las que elijan el método (quirúrgico o farmacológico) mediante el cual quieren que se le interrumpa el embarazo. 

Según explicaron fuentes de Igualdad a 20minutos, se recoge este cambio ante el alto número de abortos quirúrgicos practicados en España y teniendo en cuenta que, en las primeras semanas de gestación, hay mujeres que prefieren evitar, si pueden, una operación. 

Así, el Gobierno estima que garantizar el aborto farmacológico "con atención sanitaria especializada" a las 79.000 mujeres que en promedio acuden a esta práctica en centros privados, tendría un coste de 7,83 millones de euros. 

7,5 para garantizar el aborto en la sanidad pública

Por otro lado, garantizar que se practican abortos en la sanidad pública (uno de las metas principales de la ley), tendrá un impacto de 7,5 millones de euros para las finanzas públicas. El objetivo, según viene recalcando el departamento de Irene Montero, es acabar con el hecho de que más del 84,5% de los abortos de 2020 se practicaron en centros privados. 

Pese a que en la actualidad y desde 2010 el aborto es una prestación pública a la que, por ende, le corresponde una partida presupuestaria, el Ejecutivo asume que fortalecer los servicios públicos para garantizar el aborto tendrá un sobrecoste del 20% para las comunidades autónomas. Esto se debe a que será cada autonomía la encargada de llevar a cabo el registro de objetores y asegurar que en todos los hospitales con servicio de obstetricia y ginecología hay profesionales sanitarios dispuestos a practicar abortos (y que hayan recibido una formación específica).

319.000 euros para el reparto de la píldora del día después

La futura ley prevé ampliar la red de centros que dispensarán la píldora del día después de forma gratuita. Hasta ahora, solo se repartía en centros de salud, pero el proyecto del Ministerio de Igualdad prevé que se ofrezcan también de forma gratuita en los centros de salud sexual y reproductiva u en los centros juveniles. 

La nueva ley del aborto amplía la red de centros que dispensarán la píldora del día después de forma gratuita

Por ello, "ante una hipótesis de incremento eventual de la demanda de un 2,5% del total del consumo de estos métodos anticonceptivos", y teniendo en cuenta que el precio de venta de laboratorio actualmente es de 15,95 euros la unidad, el impacto presupuestario ascendería a 319.000, según los cálculos del Gobierno.