El Consejo de Ministros dará luz verde este martes al anteproyecto de la ley del aborto que, entre otras cosas, volverá a permitir la interrupción voluntaria del embarazo desde los 16 años sin consentimiento paterno, recogerá bajas específicas por reglas dolorosas, un permiso retribuido a partir de la semana 39 de embarazo y regulará la objeción de conciencia. No se incluirán finalmente medidas como la rebaja del IVA en compresas y tampones o la persecución internacional de las parejas que recurran a la gestación subrogada, tal y como reivindicaba el Ministerio de Igualdad, al no haber logrado un acuerdo con los ministerios dirigidos por los socialistas.
Medio año más tarde de que Igualdad sacara a consulta pública un primer texto, y después de que el Gobierno haya reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de reformar la legislación actual en la materia, el departamento de Irene Montero presentará un texto para el que han hecho falta largas negociaciones entre los socios de coalición. Hay puntos en los que había consenso desde el principio con el PSOE, otros en los que ambas partes han cedido para encontrar un punto medio y algunos a los que el ala morada del Ejecutivo ha tenido que renunciar.
Con todo, la ley, impulsada para eliminar los "obstáculos" de la actual norma, aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional, presenta una serie de novedades y recoge aspectos, ya no solo del aborto, sino también de salud menstrual (por primera vez), sexual y reproductiva. Pero el texto está todavía en su fase más incipiente. Tras este martes, deberá recibir los informes preceptivos oficiales, volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros y entonces emprender su tramitación parlamentaria.
Sin IVA al 4% y punto medio en el permiso preparto
Se habló de reducir e incluso de eliminar el IVA impuesto a los productos de higiene femenina (tampones, compresas, copas menstruales, etc.), pero al final se quedará tasado en el 10%, es decir, no hay cambios. Esta era una lucha en la que el equipo de Irene Montero llevaba inmersa desde el principio de la legislatura -se propuso también reducir el de los pañales-, ya que la medida forma parte del acuerdo de coalición.
Desde Igualdad trataron de aplicar la llamada 'tasa morada' o el IVA superreducido (al 4%) en los últimos Presupuestos, pero finalmente se quedó fuera, por lo que la esperanza era incluirla en la reforma de la ley del aborto. Sin embargo, se han encontrado con el rechazo frontal del Ministerio de Hacienda, por lo que intentarán negociar que se incluya en las próximas cuentas del Estado. "Es uno de los debes, una de las cuestiones que quedan pendientes", subrayó Montero este lunes en la Cadena SER.
La titular de Igualdad dio a conocer uno de los últimos acuerdos alcanzados en el seno del Gobierno de coalición. Los primeros borradores contemplaban un permiso preparto remunerado a partir de la semana 36 -independiente al de maternidad-, pero finalmente ha quedado fijado en las 39 semanas de gestación, como defendía el ala socialista.
Algo parecido ha sucedido con la gestación subrogada. Uno de los textos que se filtraron la semana pasada recogía tres medidas orientadas a perseguir los también llamados "vientres de alquiler": reconocer esta práctica como una forma de violencia contra las mujeres, prohibir que las agencias se publiciten en España y que los tribunales españoles puedan perseguir a las parejas que viajen al extranjero para recurrir a la gestación subrogada. Las dos primeras se mantienen, pero queda en el 'aire' -no se sabrá hasta este martes- si finalmente Justicia ve posible perseguir penalmente los contratos de gestación subrogada.
Bajas por menstruaciones dolorosas
Pese a que varios miembros de Igualdad fueron avanzando la intención de reconocer una baja específica para reglas dolorosas, la posible inclusión de la medida en la ley generó un intenso debate entre sindicatos, ministros y otros representantes políticos. Las reticencias giraban en torno al temor de que el reconocimiento de esta incapacidad temporal especial acabe siendo contraproducente para las propias mujeres. Lo que muchos argumentaron fue que podría ser un motor de discriminación laboral a la hora de contratar a las mujeres.
Pero finalmente, y después de que varios miembros del Ejecutivo se pronunciaran al respecto (más o menos a favor), se confirmó que la baja por menstruaciones dolorosas e incapacitantes sería reconocida en la futura ley. Precisamente para sortear esa "estigmatización" o "discriminación" que algunos sospechaban, el 100% de la baja correrá a cargo del Estado -y no de las empresas- desde el primer día. Además, no se exigirá tener un mínimo de días cotizados (como sí ocurre con otras incapacidades temporales comunes) ni habrá un plazo de duración fijado, sino que dependerá de "lo que necesite cada mujer".
El texto prevé también el reparto gratuito de compresas y tampones en centros educativos, a mujeres en riesgo de exclusión o en centros penitenciarios. Lo mismo ocurrirá con los anticonceptivos y además Igualdad quiere que se empiece a impulsar el desarrollo de anticonceptivos hormonales para hombres.
Aborto desde los 16 años y registro de objetores
Lo primero que se supo en cuanto Irene Montero anunció la reforma de la ley del aborto es que iba a ir dirigida a enmendar la reforma del PP, de 2015, y volver a permitir la interrupción voluntaria del embarazo desde los 16 años sin permiso de los padres. Este es, quizás, uno de los puntos para los que han hecho falta menos horas de negociación entre Unidas Podemos y PSOE.
No ocurrió lo mismo con la regulación de la objeción de conciencia. Tanto los socialistas como la formación morada coincidían en que la norma tenía que garantizar el derecho al aborto en todas las provincias y mediante la sanidad pública (el 84,5% de los abortos de 2020 se practicaron en centros privados).
Pero Igualdad quiso ir más allá y propuso llevar a cabo un registro de objetores parecido al de la ley de eutanasia, algo que no causó demasiado entusiasmo en el Ministerio de Sanidad, una de las carteras con las que se ha tenido que negociar el articulado. Pese a que en un principio la titular de este departamento, Carolina Darias (del PSOE), descartó regular ese derecho, el borrador que va este martes en primera vuelta al Consejo de Ministros sí que contempla un registro de profesionales sanitarios para que cada comunidad garantice la prestación en los hospitales de su territorio.
Otra novedad sobre el derecho al aborto es que se eliminarán los tres días de reflexión que ahora se exigen a las mujeres que solicitan esta prestación. Tampoco será obligatorio que reciban el habitual sobre cerrado con información sanitaria y social, a no ser que ellas lo pidan.
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