El Congreso tramitará la ley del PSOE contra la prostitución, pero los grupos anclan su apoyo a los cambios que exigirán en la negociación

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 7 de junio de 2022, en Madrid (España).
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 7 de junio de 2022, en Madrid (España).
Jesús Hellín / Europa Press
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 7 de junio de 2022, en Madrid (España).

De "demasiado punitivista", con carácter de "censura" o nacida de una "pataleta" del PSOE han tachado los grupos parlamentarios la iniciativa contra la prostitución registrada por los socialistas a finales de mayo. Con todo, la proposición de ley que busca endurecer la persecución del proxenetismo y sancionar a los clientes ha logrado sortear los 'noes' suficientes como para superar la toma en consideración que se debatía este martes en la Cámara Baja. 

Eso sí, todos los apoyos que ha conseguido la bancada socialista no serán incondicionales. Los grupos parlamentarios que han adelantado su voto a favor o la abstención para que la norma inicie su tramitación parlamentaria han vinculado su soporte al curso que sigan las negociaciones en torno a la ley en los próximos meses. Aspiran así a modificar un texto que, para muchos, ha sido impulsado con demasiado apuro y sin indagar en cuestiones que consideran que merecen un debate más pausado y sosegado para evitar aumentar la vulnerabilidad de las mujeres que ejercen la prostitución.

Así, la proposición de ley que nació de una enmienda que el PSOE no logró introducir en la ley del 'solo sí es sí' da ahora el pistoletazo de salida para su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Los socialistas logran acercarse al objetivo reafirmado durante esta legislatura: abolir la prostitución. Lo hacen, no obstante, tras recibir infinidad de reproches por no plantear la modificación de la ley de extranjería en esta norma o por no haber impulsado la prometida ley de trata, sin salir todavía de los despachos del Ministerio de Justicia. Dos temas que, sin duda, protagonizarán el debate que se cernirá en los próximos meses. 

La iniciativa fue defendida en la tribuna por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, quien apuntaló la postura abolicionista de su partido asegurando que "en democracia, las mujeres ni se compran ni se venden". Celebró la socialista el "paso histórico" que considera que se da con esta ley, la cual, aseveró, "tiene alma de pacto". Y es que ahora el objetivo del Partido Socialista es emprender un camino de negociación y "trabajar con todos los grupos que compartan el objetivo de combatir el proxenetismo", con la mirada puesta en la legislación de países como Francia o Suecia

"Ni siquiera estamos en la abolición de la prostitución, estamos en el paso previo, que es acabar con el proxenetismo", incidió Lastra, apelando a "enriquecer el debate" en la tramitación de la ley que, auguró, no será fácil ni estará exenta de presiones. 

Un socio de Gobierno dividido 

El tema de la prostitución provoca fricciones entre los socios de Gobierno. La postura marcadamente abolicionista del PSOE, por un lado; y la división en torno al eterno debate feminista entre las filas de Unidas Podemos, por otro, han impedido que se logre alcanzar un punto de acuerdo. El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero (de UP), ya ha mostrado en varias ocasiones su intención de abordar el tema persiguiendo el proxenetismo y garantizando la protección de las víctimas. 

Pero la rama catalana del espacio confederal es más partidaria a la regulación de la prostitución, y así se reflejó este martes en la bancada 'morada'. Los diputados de En Comú Podem votaron en contra de la iniciativa por considerar que se enfoca "de espaldas a las propias mujeres" que ejercen la prostitución y de una perspectiva demasiado "punitivista". 

Los de IU y Podemos sí que apoyaron la ley, pero fueron igualmente críticos con ella. Según manifestó la diputada Sofía Castañón, hay unos cuantos puntos irrenunciables que echan en falta en el texto. En primer lugar, que figure el término de explotación en la persecución del proxenetismo para evitar la "criminalización" de la prostitución voluntaria. En ese sentido, abogan por definir "rigurosamente" el delito de proxenetismo, modificar la ley de extranjería y blindar los derechos de las víctimas en materia de protección, prevención, acompañamiento y reparación. 

El PP, a favor

Ya lo anunciaron la semana pasada. Los 'populares' están a favor de erradicar la prostitución, "al margen de que esta ley sea la mejor o no", en palabras de la diputada Marta González. Es quizás uno de los partidos políticos que más acorde está con la posición del PSOE respecto a la prostitución que, según consideran, ha pasado a "normalizarse" en las últimas décadas. 

"No es comparable a ninguna actividad laboral, igual que no es posible la compraventa de órganos, por muy necesitadas que estén ambas partes del contrato", declaró González desde el atril. "En el PP queremos colaborar en la transformación de esta situación. Dejando de lado cualquier interés partidista, apoyamos esta proposición de ley pensando exclusivamente en mejorar la situación de las mujeres", añadió. 

"Demasiado punitivista"

Los socios de investidura del Gobierno, no obstante, no se mostraron partidarios a la norma. Para ERC, que la ve "demasiado punitivista", la proposición de ley nace de la "humillación" del PSOE por no haber logrado incluir su enmienda en la ley de libertad sexual. Consideran los republicanos que un tema tan complejo no puede abordarse únicamente modificando el Código Penal, y reprocharon al Ejecutivo que no hayan derogado la ley de extranjería ahora que acumulan la "mayoría suficiente para hacerlo". 

"El punitivismo y la censura no transforman, solo traen más punitivismo", apunto la representante de CUP, Mireia Vehí, acusando a los socialistas de "dividir el movimiento feminista" con el debate sobre la prostitución. "¿Por qué no derogan la ley de extranjería si quieren acabar con la prostitución?", preguntó durante su intervención. Desde el PNV, que se abstuvo, creen que la ley se ha tramitado "deprisa y corriendo" y que se ha "priorizado el castigo a la solución" al echar en falta medidas de acompañamiento y, también, la modificación de la ley de extranjería, según defendió su portavoz de Igualdad, Joseba Agirretxea. 

Se abstuvo también EH Bildu, viendo su voto como una "oportunidad" para abrir un "debate real, sincero e integral que cuente, sobre todo, con las trabajadoras sexuales". 

"Parche legislativo"

Desde Ciudadanos, una vez más, han tachado la iniciativa de "parche legislativo para criminalizar la prostitución". Según ha afeado la diputada Sara Giménez, la ley mete en un mismo saco a la trata y la explotación sexual con la prostitución consentida. "Es totalmente combatir la trata y explotación, y respetar y proteger los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Son debates avanzados, fuera de moralina y de paternalismos", defendió en la Cámara Baja. 

Nestor Rego, del BNG, señaló la "lamentable frivolidad" que creen que predomina al utilizarse a las mujeres "para la guerra de guerrillas" con los socios de Unidas Podemos. No obstante, reconoció que ven "positivo" que pueda producirse un debate para luchar contra el proxenetismo y anunció que presentará enmiendas para modificar, sobre todo, la tercería locativa. 

Vox, por su parte, se mostró en contra de la prostitución, pero su diputada María de la Cabeza Ruiz aseguró que su erradicación debe ir acompañada por "otras luchas", como "atajar la inmigración ilegal" o combatir las mafias de tráfico de personas. 

¿Qué dice la ley?

La propuesta del PSOE recoge una modificación del artículo 187 del Código Penal para castigar "de forma general" el proxenetismo "sin exigir relación de explotación". Así, impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determina a una persona a ejercer o mantener en la prostitución. 

Se sugiere también castigar la tercería locativa (a quien destine un local, inmueble o cualquier otro establecimiento a esta práctica) con penas de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses. Asimismo, contempla un "reproche penal" para quienes acudan a la prostitución, con multas y penas de prisión de hasta tres años si la persona prostituida es menor o está en una situación de vulnerabilidad.

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