El particular calvario de los funcionarios para cuidar a hijos con patologías graves: "La ayuda está peor regulada que en el sector privado"

María José Cerverón, junto a su hijo.
María José Cerverón, junto a su hijo.
CEDIDA
María José Cerverón, junto a su hijo.

Desbordada. Pasando muchas noches en vela y yendo al día siguiente al trabajo "sonámbula". Con la ansiedad que le provoca tener que dar clase a sus alumnos de Infantil a la vez que está pendiente de la salud de su hijo, diagnosticado de diabetes mellitus tipo 1. Sintiendo que la preocupación por que le pueda pasar algo no le deja concentrarse. "Al final son situaciones que pasan factura y si tú no estás bien no puedes cuidar de él", afirma María José Cerverón. Esta profesora de Valencia lleva año y medio solicitando sin éxito la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 

"Me dicen que mi hijo no necesita una atención continua y permanente. No está hospitalizado, pero lleva un sensor y estoy constantemente recibiendo datos de a cuánto tiene la glucosa. Si le baja el azúcar muy rápido y no se le atiende se puede quedar inconsciente y entrar en coma. Para prevenir que eso pase llamo al maestro y le doy las indicaciones a seguir. Y cuando tiene los niveles altos tengo que decirle cuánta insulina se tiene que pinchar. La cantidad va variando en función de sus necesidades. No hay una pauta fija", explica esta funcionaria.

A Javier le detectaron la enfermedad en octubre de 2020, cuando tenía tan solo nueve años, y vino a sumarse a un déficit de atención con hiperactividad para lo que también está medicado y recibe asistencia de un psiquiatra y un neuropediatra. "Todo eso supone una responsabilidad que no puedes dejar en manos de los maestros y en su colegio no hay enfermera escolar", agrega su madre. Por ese motivo, pide una reducción del 50% de su jornada laboral que no le está siendo reconocida pese a haber entregado los informes médicos pertinentes y pese a que la diabetes mellitus tipo 1 está específicamente recogida en el listado de enfermedades del real decreto que regula el subsidio. 

La Seguridad Social ofrece a los padres que tienen hijos con patologías graves trabajar menos horas, sin que ello conlleve una pérdida de ingresos, durante la hospitalización y el tratamiento. Se requiere que el cuidado sea "directo, continuo y permanente" y el recorte debe ser "de al menos" el 50%. Aunque no se habla de porcentaje máximo, se deduce que es del 99,9, dado que el 100% supondría una excedencia. De esta forma, el empleado sigue cotizando y vinculado a su empresa a todos los efectos. 

Para los incluidos en el Régimen General, esta prestación viene recogida en el Estatuto de los Trabajadores y es gestionada por las mutuas. El real decreto por el que se desarrolló no es de aplicación al funcionariado, pero el Estatuto Básico del Empleado Público recoge un permiso similar. En ese caso, no obstante, no ha habido un posterior desarrollo de la norma, lo que está provocando que el personal de las administraciones encuentre más obstáculos aún sin cabe y esté todavía más expuesto a lo que decida el organismo del que dependa.

En ese contexto, una treintena de profesores de la Comunidad Valenciana se han unido en la plataforma Permisos Docents Reals, creada hace unos meses para reclamar igualdad en el acceso a un subsidio en vigor desde 2011. En el momento de su fundación, por ejemplo, solo cinco docentes habían logrado acogerse al 99,9% después de reclamar por diversas vías y únicamente se concedía ese porcentaje en casos de cuidados paliativos. La plataforma sostiene que esa circunstancia supone "un agravio comparativo con otros sectores, tanto públicos como concertados o privados, donde sí que se dispone y se concede ese grado de reducción". 

"En nuestro caso, la ayuda está peor regulada que en el sector privado y pedimos que, independientemente de dónde trabajemos, todos tengamos el mismo derecho a cuidar de nuestros hijos. Exigimos que haya una ley común a la que cualquier administración y cualquier empresa se tenga que acoger. Que no dependa de la comunidad en la que vivas, de la mutua que tengas… No puede ser que cada uno haga lo que le dé la gana. Es una injusticia", clama María José, que forma parte de Permisos Docents Reals.

"También tenemos un grupo de personal estatutario a nivel nacional y nos damos cuenta de que a los funcionarios nos ponen más pegas. Hay padres que tienen hijos con la misma enfermedad que el mío y a los que la mutua les ha dado el 99,9% de reducción. Y a mí no me dan nada. ¿Por qué ellos sí tienen derecho?", ahonda y apunta igualmente las desigualdades que se producen dentro del propio sector público: "Conozco a dos profesoras que tienen niños con diabetes a las que sí les dan la media jornada". 

Esta mujer ha sufrido esas inequidades también en el terreno judicial. Mientras en un caso de las mismas características el juez le dio la razón al demandante, ella recibió un fallo desfavorable. Tras recurrir esa decisión, está a la espera de lo que determine el Tribunal Superior de Justicia. También varios agentes han conseguido que se les reconozca en los juzgados el derecho a una reducción del 99% frente a la negativa de la Dirección General de la Policía Nacional a concederles más del 50.

Seis años de batalla

A Ángela Gadea el juez tampoco le dio la razón cuando acudió para reclamar una reducción del 99,9% que la misma Consejería de Educación valenciana le niega. Su hijo Samir sufre síndrome de intestino corto, una rara patología que le obliga a depender de una máquina. "Lleva también una vía central y que pille un virus estomacal es muy peligroso. Hay que estar muy pendiente porque ha habido niños con la misma enfermedad que han fallecido por esa causa", apunta esta interina.

Profesora de Francés en Secundaria, en los casi seis años de vida del pequeño a lo sumo ha logrado que le recorten la jornada a la mitad. Y no de manera estable. Teniendo que ir a trabajar el otro 50% del tiempo, muchas veces se ve obligada a cogerse una baja para poder cuidar del niño cuando es ingresado o se pone peor: "Cada vez que me incorporo tengo que volver a pedir la prestación y durante las tres semanas que tardan en resolver la solicitud tengo que trabajar a jornada completa". 

Son situaciones que pasan factura y si tú no estás bien no puedes cuidar de tu hijo

Samir requiere de un cuidado directo, continuo y permanente, como reclama la norma para el acceso a la ayuda, pero a Ángela le han argumentado que debería estar en cuidados paliativos para poder acogerse al porcentaje máximo. "Sin embargo, a otra interina, con una niña con el mismo síndrome pero que está mejor, sí se lo han dado. El por qué no lo sé. Cuando he reclamado me responden que estudian cada caso, pero es que yo también cumplo los requisitos". 

Los miembros de Permisos Docents Reals han mantenido reuniones con la Consejería de Educación y se han anotado algunos logros puntuales, pero exigen resultados más contundentes. Su lucha es semejante a la de más de 200 familias que denuncian los impedimentos que les ponen determinadas mutuas para optar a este permiso. Porque si bien en el sector privado este derecho está más regulado, tiene mucho margen de mejora. Representadas por cuatro madres, ese grupo va a mantener este miércoles una reunión con la Subdirección General de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social. 

Estos progenitores denuncian que se ven sometidos "a un verdadero calvario burocrático sin ninguna seguridad jurídica" porque cada mutua hace una interpretación diferente en cuanto al cumplimiento de los requisitos que se exigen para acceder a esta prestación". Los organismos y los preceptos por los que se rigen son diferentes a los que regulan el empleo público, pero el problema al que se enfrentan es similar.

De un lado o del otro, lo que reivindican estas familias es poder cuidar "con dignidad" a sus hijos y dejar de gastar en "burocracia" el "tiempo y energía" que deberían dedicarles.

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